Ir¨¢n esconde su pat¨ªbulo tras un muro de silencio

Me han prohibido hablar del caso", responde al otro lado del tel¨¦fono Jinoos Sharif Raz¨ª, la abogada de Zahra Bahram¨ª, la mujer irano-holandesa que fue ejecutada la semana pasada "por tr¨¢fico de drogas". La hija de Bahram¨ª ni siquiera tiene tiempo de responder. La l¨ªnea se corta y no vuelve a enganchar. Como en otros muchos casos, las autoridades iran¨ªes han levantado un muro de silencio en torno al caso. No quieren versiones diferentes de la oficial, mucho menos en un momento en que las organizaciones de defensa de los derechos humanos les acusan de estar intensificando la presi¨®n sobre la sociedad con un aumento de las ejecuciones, casi tres al d¨ªa en lo que va de a?o.

"Zahra Bahram¨ª, que fue condenada por vender y poseer droga, ha sido colgada el s¨¢bado a primera hora de la ma?ana", afirmaba el comunicado de la Fiscal¨ªa de Teher¨¢n difundido el pasado 29 de enero por los medios locales. Seg¨²n esa versi¨®n, un tribunal revolucionario la conden¨® a muerte el pasado 2 de enero por "poseer 450 gramos de coca¨ªna y 420 gramos de opio, y participar en la venta de 150 gramos" de la primera sustancia.

La historia que ha contado su hija, Banafsheh Nayebpour, es muy diferente. Bahram¨ª, de 45 a?os, fue detenida en Teher¨¢n el 27 diciembre de 2009, cuando participaba en una manifestaci¨®n contra la reelecci¨®n de Mahmud Ahmadineyad, proclamada seis meses antes. Aunque la mujer viv¨ªa en Holanda, donde hab¨ªa adquirido esa nacionalidad, se encontraba en su pa¨ªs de origen para visitar a la familia. Como decenas de miles de iran¨ªes, se uni¨® a las ¨²ltimas grandes protestas que coincidieron con la festividad religiosa de Ashur¨¢. En el curso de esas manifestaciones, la polic¨ªa mat¨® a nueve personas y detuvo a centenares.

Entre las acusaciones que presentaron contra ella tambi¨¦n figuraba, seg¨²n la hija, "pertenencia a un grupo armado opuesto al Gobierno". Ese extremo parece respaldado por el comunicado de la Fiscal¨ªa, que atribuye su detenci¨®n a "cr¨ªmenes relativos a la seguridad". Fue durante el registro de su domicilio cuando la polic¨ªa supuestamente encontr¨® la droga. Una investigaci¨®n posterior "demostr¨® que hab¨ªa vendido 150 gramos de coca¨ªna", seg¨²n la versi¨®n oficial.

La hija de Bahram¨ª interpreta que las autoridades deseaban alejar de la opini¨®n p¨²blica el asunto de las controvertidas elecciones. "Mi madre es ciudadana holandesa. As¨ª que probablemente presentaron esa acusaci¨®n para tratar de evitar la intervenci¨®n del Gobierno holand¨¦s", declar¨® Nayebpour poco despu¨¦s de conocer la sentencia a muerte de su madre.

La principal prueba durante el juicio fue la confesi¨®n televisada que Bahram¨ª realiz¨® a finales del a?o pasado, despu¨¦s de pasar 10 meses en una celda de aislamiento en la c¨¢rcel de Evin. "Mi madre siempre dice que hizo las confesiones y particip¨® en la entrevista televisiva porque la forzaron a hacerlo y le prometieron que le ayudar¨ªa. Desafortunadamente, no le ayud¨® en absoluto", explic¨® Nayebpour. Tampoco su doble nacionalidad.

"La repentina ejecuci¨®n de Bahram¨ª, sin ni siquiera informar a su hija ni permitirle una ¨²ltima visita, env¨ªa el mensaje a los iran¨ªes de que si Europa no puede hacer nada para proteger a sus ciudadanos de nuestros tribunales tutelados y ejecuciones, el iran¨ª medio tampoco est¨¢ seguro", explica a este diario Hadi Ghaem¨ª, portavoz de la Campa?a Internacional por los Derechos Humanos en Ir¨¢n (CIDHI).

El Gobierno holand¨¦s congel¨® de inmediato sus relaciones con Ir¨¢n, pero las autoridades iran¨ªes rechazan las cr¨ªticas europeas como una intromisi¨®n en sus asuntos internos, ya que no reconocen segundas nacionalidades. Teher¨¢n asegura que utiliza la pena de muerte para mantener el orden p¨²blico y que las ejecuciones solo se llevan a cabo tras exhaustivos procesos judiciales.

No opinan lo mismo las organizaciones de derechos humanos. Navi Pillay, alta comisionada de la ONU, as¨ª como las entidades Human Rights Watch y la CIDHI han denunciado el exponencial aumento del n¨²mero de ejecuciones desde principios de a?o "en ausencia de los m¨ªnimos est¨¢ndares internacionales". Entre 66 y 83 personas han subido al pat¨ªbulo solo en enero, casi tres al d¨ªa. Las cifras aparecen en medios locales. Las autoridades no publican estad¨ªsticas. Aseguran que la mayor¨ªa son traficantes de droga y violadores, pero los observadores han detectado al menos tres disidentes pol¨ªticos. Adem¨¢s, las ejecuciones se han realizado en plazas p¨²blicas en dos ocasiones, una en Teher¨¢n y otra en Karaj, una ciudad dormitorio al noroeste de la capital.

Incluso los l¨ªderes de la aplastada oposici¨®n reformista han expresado su alarma. En un comunicado conjunto, Mir Hosein Musav¨ª y Mehdi Karrub¨ª estiman en cerca de 300 los ahorcados en 2010, algunos de ellos antes de que concluyera la investigaci¨®n judicial. "Al margen de las acusaciones y de si eran verdaderas o falsas, es un derecho legal y religioso de todos los seres humanos que se complete su proceso", recuerdan antes de calificar esas ejecuciones de "contrarias al islam".

Ghaem¨ª no duda del objetivo pol¨ªtico. "Es parte de una estrategia de los servicios secretos y las fuerzas de seguridad para demostrar su control sobre la sociedad e intimidar cualquier acto de disensi¨®n", asegura. En su opini¨®n, tampoco es casual que este s¨²bito aumento de las ejecuciones coincida con los levantamientos populares en T¨²nez y en Egipto. "Las agencias de seguridad est¨¢n extremadamente nerviosas por la facilidad con que los manifestantes desbordaron al aparato de seguridad de Mubarak. Temen algo similar".