Parcialidad territorial

El ¨²nico error pol¨ªtico que no se perdona es la parcialidad territorial. Si los ciudadanos perciben que el Gobierno de la Naci¨®n est¨¢ siendo parcial territorialmente, dicho Gobierno pierde su legitimidad para dirigir la acci¨®n del Estado. Esta norma no est¨¢ escrita en la Constituci¨®n, pero opera de manera inexorable en nuestro sistema pol¨ªtico. Ninguno de los dos partidos que pueden gobernar Espa?a puede soportar la p¨¦rdida de legitimidad que supone que los ciudadanos lo perciban como portador de un Gobierno que no es neutral desde un punto de vista territorial.

La prueba del nueve de que es as¨ª, la tuvimos en el momento de la inicial puesta en marcha de la Constituci¨®n. UCD, que hab¨ªa sido el partido que hab¨ªa liderado la transici¨®n y hab¨ªa ganado las dos primeras elecciones democr¨¢ticas celebradas en este pa¨ªs en 1977 y 1979, pas¨® del Gobierno a su desaparici¨®n como partido como consecuencia de su intento de imponer una lectura de la Constituci¨®n pactada b¨¢sicamente con la representaci¨®n pol¨ªtica de Pa¨ªs Vasco y Catalu?a, con exclusi¨®n de la representaci¨®n de todos los dem¨¢s territorios que integran Espa?a.

Ese intento fue desautorizado en el refer¨¦ndum de ratificaci¨®n de la iniciativa auton¨®mica del 28-F de 1980, menos de un a?o despu¨¦s de que UCD hubiera ganado las primeras elecciones constitucionales, y a partir de ese momento el partido qued¨® deslegitimado para ser un partido de gobierno de Espa?a. Esa p¨¦rdida de legitimidad es lo que hizo que se desatara una crisis irreversible que le condujo casi sin soluci¨®n de continuidad a su disoluci¨®n como partido. Las crisis de legitimidad son muy dif¨ªciles de revertir. Cuando el fundamento de la crisis es de origen territorial, la reversi¨®n resulta imposible.

Es adem¨¢s importante subrayar que el Gobierno no solamente tiene que no ser parcial territorialmente, sino que, adem¨¢s, tiene que no parecer que lo es. La apariencia de parcialidad es parcialidad. El Gobierno tiene que no serlo y que no parecerlo.

El presidente del Gobierno acaba de comprobarlo tras su reuni¨®n con el presidente de la Generalitat el pasado martes. La percepci¨®n de que Catalu?a iba a recibir un trato de favor se extendi¨® como un reguero de p¨®lvora, que amenazaba con poner en marcha una rebeli¨®n generalizada. Se han tenido que dar inmediatamente explicaciones para contrarrestar esa apariencia de parcialidad que estaba empezando a imponerse. Declaraciones del presidente del Gobierno, carta de la vicepresidenta a los presidentes de las comunidades aut¨®nomas y me imagino que infinitas llamadas telef¨®nicas.

Si tuvi¨¦ramos constitucionalizada la estructura del Estado y si, adem¨¢s, reform¨¢ramos la Constituci¨®n para ir adecuando dicha estructura a la evoluci¨®n que inevitablemente se produce, como llevan haciendo los alemanes con su modelo federal, el problema de la parcialidad territorial ser¨ªa muy dif¨ªcil que pudiera plantearse. Pero cuando, como ocurre en nuestro pa¨ªs, la estructura del Estado no est¨¢ definida en la Constituci¨®n sino con base en la Constituci¨®n mediante normas que no tienen rango constitucional y cuando, adem¨¢s, no es posible ponerse de acuerdo para hacer una reforma de la Constituci¨®n que incorpore a la misma lo que ha sido el desarrollo del derecho a la autonom¨ªa a lo largo de estos algo m¨¢s de treinta a?os, el problema puede aparecer en cualquier momento, enturbi¨¢ndose con ello el debate pol¨ªtico de una manera peligrosa.

Las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana, dec¨ªa el viejo Engels en el Anti-D¨¹hring. Y eso nos ocurre a los espa?oles con la definici¨®n, mejor dicho, con la no definici¨®n constitucional de la estructura del Estado.