200 penalistas progresistas piden que se regule la violencia policial

Velar por la seguridad y los derechos de los ciudadanos exige cierta discrecionalidad en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, pero esa discrecionalidad no puede transformarse en falta de legislaci¨®n. El Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, formado por 200 magistrados, catedr¨¢ticos y crimin¨®logos progresistas ha hecho p¨²blico un manifiesto en el que reclama al Gobierno que haga algo para evitar la "desregulaci¨®n" que existe en este campo y que legisle para someter la violencia policial a "disciplina y restricci¨®n".

El manifiesto no se refiere a actuaciones concretas de los agentes en los que la urgencia o el peligro les pueda obligar a recurrir a la fuerza de forma discrecional, sino a actuaciones cotidianas y regladas. Los penalistas ponen como ejemplo los controles de documentaci¨®n en la calle, los cacheos, los controles de alcoholemia, el cierre de espacios urbanos, la videovigilancia, las detenciones, los desalojos, la disoluci¨®n de manifestaciones o el simple patrullaje.

Todas esas actuaciones est¨¢n sometidas solo a los principios recogidos en el art¨ªculo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que solo contiene, seg¨²n el documento, "declaraciones gen¨¦ricas acerca del respeto a la Constituci¨®n, la neutralidad pol¨ªtica, la imparcialidad y la prohibici¨®n de discriminaci¨®n" o la posibilidad de desobedecer "¨®rdenes manifiestamente ilegales".

Actuar con decisi¨®n

Sobre el uso de la violencia la norma solo enumera las pautas de "actuar con la decisi¨®n necesaria y sin demora para evitar un da?o grave" o la obligatoriedad de que los agentes usen el arma solo "en situaciones de riesgo grave para su vida, su integridad o la de terceras personas" o en caso de "grave riesgo para la seguridad ciudadana".

Todo ello deja al agente, quien toma la decisi¨®n de recurrir a la coacci¨®n, "un poder extremadamente discrecional que corre el riesgo de convertirse en pura arbitrariedad". Este tipo de violencia, adem¨¢s, suele haberse sufrido de forma irreversible cuando llega a los tribunales, y que, cuando se ejerce ileg¨ªtimamente, sus v¨ªctimas suelen ser los m¨¢s pobres, sin medios para denunciar. Solo se repara en ello cuando los perjudicados "gozan de un estatuto pol¨ªtico, econ¨®mico o social" que provoca inter¨¦s medi¨¢tico, como en el caso, por ejemplo, de detenciones de pol¨ªticos corruptos.