El PP recurre a la desesperada para evitar m¨¢s da?os a Camps en Valencia

En un intento desesperado por reducir da?os en el proceso judicial que est¨¢ a punto de sentar en el banquillo por cohecho impropio a Francisco Camps, presidente valenciano, el PP present¨® la semana pasada un recurso de apelaci¨®n. Con ¨¦l pretende que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid revoque la decisi¨®n adoptada hace a?o y medio por el juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa a Valencia, que inclu¨ªa indicios de otros delitos graves contra cargos del PP. Pedreira rechaz¨® en diciembre de 2010 un primer recurso, de reforma, sobre este asunto.

Si prosperase, Camps habr¨ªa salvado otra situaci¨®n apurada y la causa entrar¨ªa en una senda imposible de prever, dado que las pruebas con delitos m¨¢s graves que el de cohecho regresar¨ªan al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no puede juzgar a Camps por ser presidente de otra comunidad aut¨®noma.

La estrategia dilatoria de Trillo beneficia a Camps, pero no a Rajoy

El PP alega en su recurso que el env¨ªo a Valencia le obliga a pagar un procurador

No es la primera vez que el PP intenta entorpecer el proceso. De hecho, ha recurrido pr¨¢cticamente cada movimiento de Pedreira, siempre para tratar de beneficiar a Camps. La estrategia, dirigida por Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, en plena coordinaci¨®n con los abogados de Camps, consiste en dilatar el proceso para que no culmine antes de las elecciones auton¨®micas. As¨ª, Camps podr¨¢ decir que las urnas le han absuelto, y a partir de ah¨ª tomar cualquier decisi¨®n.

Este tipo de estrategia, aunque da sus frutos -no habr¨¢ juicio antes de las elecciones-, tiene molestos a muchos dirigentes. Los retrasos benefician a Camps, pero no a Mariano Rajoy. De seguir as¨ª, tendr¨¢ que enfrentarse a la precampa?a de las generales de 2012 con Camps sentado en el banquillo y el caso G¨¹rtel en un momento judicial de m¨¢xima actualidad. Pero Trillo no ha recibido contraorden de Rajoy y mantiene su estrategia dilatoria.

El PP argumenta en su escrito que el traslado de una parte de la causa al tribunal valenciano "dificulta la acci¨®n popular" que est¨¢ realizando y aclara que recurre para "defender el nombre y la honorabilidad" de este partido pol¨ªtico, "dado que el Estado no est¨¢ sabiendo velar porque no se produzcan las interesadas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo desde 2009". Los populares ya han recibido varios avisos tanto de los fiscales como del juez de que est¨¢n utilizando su personaci¨®n en la causa de forma torticera. Est¨¢n all¨ª como acusaci¨®n popular, esto es como supuestos ofendidos, pero act¨²an como una defensa m¨¢s con recursos a cualquier movimiento del juez.

En su en¨¦simo recurso, el PP entiende que la decisi¨®n del juez les obliga a incorporarse como parte "a otro proceso ya iniciado", esto es, en Valencia. El PP alega con tono de reproche que de acordarse la inhibici¨®n se ver¨¢ obligado "a desplazarse a otra ciudad, a contratar al menos a otro procurador y a asumir el resto de perjuicios evidentes que de manera natural se deducen de todo cambio de esta naturaleza".

Adem¨¢s, sostiene el PP que la escisi¨®n de una parte de la causa y su atribuci¨®n a un ¨®rgano distinto provocar¨¢ "una mayor demora en la tramitaci¨®n de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es m¨¢s grave, un peligro de que se pueda romper la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores".

El PP pide ahora que se revoque la inhibici¨®n acordada en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia instruyera nuevas pruebas, adem¨¢s del regalo de trajes, contra Camps y su Gobierno. El Tribunal Supremo ya determin¨® por unanimidad el 12 de mayo de 2010 que el juez valenciano Jos¨¦ Flors pod¨ªa seguir adelante con el caso por cohecho impropio.

El PP tiene ahora otra preocupaci¨®n: la causa por cohecho propio, malversaci¨®n y financiaci¨®n ilegal que deriva de contundentes informes policiales. El Tribunal Superior de Valencia debe decidir en breve si acepta a tr¨¢mite el asunto, despu¨¦s de meses de dilaciones tambi¨¦n con recursos del PP. Los populares creen que el tribunal valenciano decidir¨¢ enviarlo al Supremo para que sea este quien decida si debe ser el tribunal madrile?o o el valenciano quien lo investigue, lo que supondr¨ªa una dilaci¨®n m¨¢s y un nuevo ¨¦xito de la estrategia de Trillo.

Fuentes judiciales creen sin embargo que el Tribunal valenciano s¨ª aceptar¨¢ la competencia y designar¨¢ al juez Jos¨¦ Ceres como instructor. La instrucci¨®n, pues, se iniciar¨ªa antes de las elecciones del 22 de mayo. En los informes de la polic¨ªa y de la Inspecci¨®n del Estado hay indicios de que al menos cuatro constructoras que recib¨ªan contratos multimillonarios de la Generalitat pagaron actos del PP valenciano. Adem¨¢s, hay contratos p¨²blicos -muchos de ellos irregulares- con la red G¨¹rtel por valor de siete millones de euros y una presunta comisi¨®n ilegal de al menos un mill¨®n de euros en la visita del Papa.