El principio del fin de la Ley de Costas

La Ley de Costas est¨¢ tocada, quiz¨¢ herida de muerte. Puede que caiga este a?o o el que viene. Puede que la legislatura se agote antes de que cuajen los cambios legales en marcha que pretenden minarla. Pero eso no es lo m¨¢s relevante. La ola contra la ley, aprobada en julio de 1988, la presi¨®n para mantener la ocupaci¨®n del litoral es tan grande y procede de tantos frentes, que caer¨¢ m¨¢s temprano que tarde. Esa es al menos la impresi¨®n de ecologistas, perjudicados por la ley y la mayor¨ªa de partidos pol¨ªticos.

La recopilaci¨®n de leyes en marcha para reformar la Ley de Costas es amplia. Algunas iniciativas no tienen demasiado calado, otras son puntuales, pero juntas revelan las presiones a las que est¨¢ sometida la norma.

La Ley de Econom¨ªa Sostenible prorroga una refiner¨ªa que ocupa una marisma

El Senado aprob¨® por mayor¨ªa rebajar la norma como ped¨ªan CiU y PP

El abogado de los afectados: "Es cuesti¨®n de tiempo que caiga la ley"

Los ecologistas critican la cesi¨®n de competencias a las comunidades

En diciembre de 2008, el Ministerio de Medio Ambiente utiliz¨® la Ley de Navegaci¨®n Mar¨ªtima para intentar que las casas construidas sobre la playa legalmente antes de la norma se pudieran comprar y vender . La reforma sigue encallada. El Defensor del Pueblo critic¨® la opacidad del tr¨¢mite, pero la t¨¦cnica se repiti¨®. En agosto lleg¨® la Ley de Puertos, de Fomento, que suaviz¨® las condiciones para convertir los faros en hoteles y restaurantes. Hay m¨¢s: el PSOE ha utilizado la Ley de Costas como moneda de cambio con el PNV y en la Ley de Econom¨ªa Sostenible apoy¨® una enmienda para reformar la Ley de Hidrocarburos y alargar la concesi¨®n a una refiner¨ªa en dominio p¨²blico. El objetivo es que la instalaci¨®n de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya), cuya concesi¨®n caduca en 2012, siga en pie despu¨¦s de esa fecha. El presidente de Petronor, el exl¨ªder del PNV Josu Jon Imaz, llevaba meses buscando f¨®rmulas para eludir la Ley de Costas.

En los grupos de trabajo para elaborar la Ley de Sostenibilidad de las Ciudades, de la secretar¨ªa de Estado de Vivienda, se lleg¨® a barajar la posibilidad de suavizar la ley con el objetivo de hacer m¨¢s atractivo el stock de viviendas en la costa a compradores extranjeros, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la negociaci¨®n. La ley no incluir¨¢ ninguna medida en este sentido, seg¨²n una portavoz de Vivienda.

El director general de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Antonio R¨ªos, no parece c¨®modo justificando estos cambios: "Modificar la Ley de Costas mediante la Ley de Econom¨ªa Sostenible no me parece riguroso, creo que ser¨ªa mejor decir qu¨¦ quieres hacer con la ley". R¨ªos, con amplia experiencia parlamentaria, pide que se distinga entre su labor y las reformas que acepta el PSOE: "Costas no ha hecho ninguna enmienda, la habr¨¢ hecho el grupo parlamentario dentro de los equilibrios parlamentarios. Si es para sacar el presupuesto me parece bien".

R¨ªos sostiene que no hay que exagerar la pol¨¦mica: "El 94% de la aplicaci¨®n de la Ley de Costas ya ha sido eficaz y ahora hay que resolver el 6% restante que lo hacemos desde la concertaci¨®n. No ama?amos la ley a esas situaciones, sino que gestionamos en funci¨®n del territorio".

Los ecologistas critican que "quienes defienden la Ley de Costas impulsan modificaciones para indultar f¨¢bricas por la puerta trasera", como resume Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace.

La oposici¨®n va m¨¢s all¨¢. PP y CiU ya hablan abiertamente de cambiar la norma -en los ocho a?os de Gobierno del PP se aplic¨® la ley sin reformas-. Ambos partidos presentaron proposiciones de ley en el Congreso en oto?o y las perdieron por un voto en la Comisi¨®n de Medio Ambiente. Entre carreras, el PSOE consigui¨® los diputados suficientes para tumbarlas.

Pero el empe?o no acab¨®. El pasado 9 de febrero, el Senado aprob¨® la toma en consideraci¨®n de dos proposiciones de ley para reformar el texto. CiU propuso excluir de la norma algo que defini¨® como "ciudades navegables", en alusi¨®n a la Marina de Empuriabrava, una urbanizaci¨®n con puntos de amarre junto a los chal¨¦s en la costa de Girona, y mantener algunas zonas urbanas fuera de la aplicaci¨®n de la ley.

El PP logr¨® aprobar otra proposici¨®n para indemnizar a los due?os de f¨¢bricas construidas en dominio p¨²blico antes de 1988. El PP, que durante a?os critic¨® la aplicaci¨®n de la norma, ha pasado a cargar contra la ley en s¨ª. Seg¨²n el portavoz de Medio Ambiente, Carlos Floriano, su propuesta "permite abrir v¨ªas claras para resolver un problema que afecta a muchos ciudadanos espa?oles y superar as¨ª la situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica". Las dos proposiciones pasan al Congreso, donde se deber¨¢n debatir y donde CiU y PP tiene m¨¢s dif¨ªcil conseguir una mayor¨ªa como la del Senado. Y puede que la legislatura se agote sin que prosperen.

La portavoz popular en el Senado, Leticia D¨ªaz, declar¨® en la tribuna: "La redacci¨®n de esta ley permite su aplicaci¨®n arbitraria, porque est¨¢ plagada de conceptos jur¨ªdicos indeterminados". La norma no fija una distancia para definir el dominio p¨²blico, sino que utiliza conceptos geogr¨¢ficos como las playas, "el l¨ªmite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, marjales y esteros".

Las casas construidas legalmente en esa zona antes de 1988 recibieron una concesi¨®n de 30 a?os, ampliables a 60, en una singular expropiaci¨®n que el Tribunal Constitucional aval¨® en 1991. El plazo, que se ve¨ªa como inalcanzable, comenzar¨¢ a vencer en 2018. Los due?os ya ven pr¨®ximo el riesgo de que sus propiedades pasen a propiedad estatal y, previsiblemente, sean derribadas.

Jos¨¦ Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, habla convencido de que no hay marcha atr¨¢s: "Cuando empezamos, en 2007, parec¨ªa que esto era una batalla de se?oritos, pero hemos demostrado que no es as¨ª. Ahora habr¨¢ que ver c¨®mo se reforma la ley, pero ya es cuesti¨®n de tiempo. No queremos el litoral construido, pero s¨ª que se respete el derecho de los ciudadanos".

Algunos Parlamentos auton¨®micos libran su propia guerra. Canarias y Galicia aprobaron sus leyes contra la norma estatal. El ministerio recurri¨® al Constitucional ambas normas. Lo mismo anunci¨® con otra ley gallega pero finalmente lo desestim¨® al pactar con la Xunta la interpretaci¨®n.

?Por qu¨¦ ahora? ?Por qu¨¦ una ley vigente durante m¨¢s de 20 a?os recibe de repente un ataque tan directo? Ortega defiende que hasta 2004 la ley se aplic¨® con lo que ¨¦l define como sentido com¨²n. Afirma que fue la llegada del PSOE al Gobierno, y de Cristina Narbona al Ministerio de Medio Ambiente, lo que cambi¨® todo al aplicar la ley con firmeza.

Los n¨²meros muestran un avance. Entre 1988 y 2003 se deslindaron -el tr¨¢mite que delimita la zona p¨²blica y privada de costa- 4.659 kil¨®metros de litoral. Entre 2004 y 2010, 3.880 kil¨®metros, seg¨²n las cifras del PSOE. Ya est¨¢ deslindado un 95% de la costa y la previsi¨®n del Ministerio de Medio Ambiente es rondar el 100% al terminar la legislatura.

R¨ªos critica que PP y CiU "intentan ama?ar la ley". "Quieren crear una cosa muy graciosa, ciudades navegables, para quedar bien en Empuriabrava. Y el PP quiere mantener el uso privado en el dominio p¨²blico, un concepto prohibido en la Constituci¨®n".

La ley es, sin duda, pol¨¦mica. Es dif¨ªcil no simpatizar con quien ha comprado una casa en la playa sin que el notario ni el banco ni nadie le advirtiera de que pod¨ªa estar en dominio p¨²blico. Cuando despu¨¦s ha llegado Costas han descubierto que no pueden vender la propiedad. Muchos de los afectados son extranjeros -brit¨¢nicos y alemanes, principalmente- y con sus quejas han hecho que el Parlamento Europeo, Reino Unido y Alemania critiquen la norma. Los afectados aducen que las playas espa?olas est¨¢n jalonadas de hoteles -el Algarrobico cumple cinco a?os parado por un recurso de los ecologistas- mientras sus chal¨¦s son expropiados.

R¨ªos admite que ha habido problemas de inscripci¨®n de viviendas en la playa que nunca debieron recibir los papeles: "Ha habido registro de propiedades en la costa, s¨ª. Pero no solo en la costa, tambi¨¦n en los r¨ªos. Es verdad que no hemos tenido instrumentos que deber¨ªamos haber tenido". El Gobierno intenta ahora que el catastro incluya los datos de Costas -solo cuatro provincias lo tienen-, algo que un europeo no puede comprender.

Pilar Marcos, de Greenpeace, resta importancia a la pol¨¦mica: "Hay mucho ruido. Dicen que hay 1.500 o 2.000 afectados en toda Espa?a. Suponiendo que sea as¨ª, es muy poca gente frente a la mayor¨ªa del pa¨ªs. Algo que no justifica recortar la norma".

Rita Rodr¨ªguez, abogada de la ONG WWF, que le ha ganado a Costas relevantes pleitos, tiene un planteamiento similar: "La ley trata de prevenir los atentados de privatizaci¨®n del litoral para que las ocupaciones fuesen transitorias. Un terreno libre y gratuito es muy codiciado, pero eso no implica que debamos ceder a las presiones. La gente se manifiesta por lo suyo, pero la inmensa mayor¨ªa no sale a defender lo p¨²blico". WWF gan¨® en el Supremo el pleito contra los vertidos de Fertiberia (Huelva) y en 2007 el mismo tribunal le dio la raz¨®n y anul¨® la decisi¨®n del Gobierno de construir un macropol¨ªgono industrial en dominio p¨²blico en Las Aletas (Puerto Real, C¨¢diz). La sentencia no ha desanimado al Ejecutivo socialista, que prepara un nuevo informe para retomar la obra.

Los defensores de la ley ven otra nube: la cesi¨®n de competencias a las autonom¨ªas. Catalu?a recibi¨® competencias en su Estatuto y lo mismo hizo Andaluc¨ªa. El anuncio del traspaso de competencias a la Junta andaluza enterr¨® de inmediato el conflicto sobre el deslinde del Parque Nacional de Do?ana, que Costas ejecut¨® bajo el mandato de Elena Espinosa de la forma m¨¢s proteccionista posible.

R¨ªos defiende los traspasos: "Lo razonable es que la codecisi¨®n funcione de distinta manera pero en todas las comunidades". El director general defiende la gesti¨®n a base de pactos con alcaldes y consejeros ("no vale un concepto policial de la acci¨®n, en el que se aplica a rajatabla una pol¨ªtica") y, aunque es contrario a una reforma legal en este momento apunta: "La ley no est¨¢ agotada pero ha cumplido una etapa".

El catedr¨¢tico de Costas de Granada Miguel ?ngel Losada discrepa: "No quieren afrontar el problema, prefieren diluirlo cediendo competencias. Localmente siempre es m¨¢s dif¨ªcil poner orden en la costa. Esta es una ley que conviene gestionar desde lejos. Vamos a perder todos los espa?oles por no hacer frente a una situaci¨®n compleja".