Medio Ambiente cede en su pulso sobre la costa gallega

El largo contencioso del Ministerio de Medio Ambiente con la Xunta de Galicia toca a su fin. La vicepresidencia de Pol¨ªtica Territorial ha anunciado que retira el recurso de inconstitucionalidad contra la ley auton¨®mica de febrero de 2010 que buscaba legalizar viviendas construidas antes de la Ley de Costas en n¨²cleos rurales de Mar¨ªn (Pontevedra), entre otras. Y lo ha hecho pese a que, inicialmente, la direcci¨®n general de Costas consider¨®, bajo el mandato de la gallega Elena Espinosa, que la ley invad¨ªa competencias.

Desde la llegada de Rosa Aguilar al frente de Medio Ambiente, y de Pedro Antonio R¨ªos a la direcci¨®n general de Costas, el ministerio ha emprendido lo que define como "una pol¨ªtica de concertaci¨®n". Pactos con las autonom¨ªas de todo color para sofocar los incendios que causados por la Ley de Costas. Primero fue Andaluc¨ªa, que asumir¨¢ competencias en el litoral conforme a su estatuto. Despu¨¦s Canarias y Valencia, que tendr¨¢n una comisi¨®n mixta para estudiar los deslindes y la aplicaci¨®n de la norma en temas como los chiringuitos. Ahora llega el turno a Galicia con la retirada del recurso.

El Bolet¨ªn Oficial del Estado public¨® ayer el anuncio de la retirada del recurso al considerar "solventadas" las diferencias entre el Gobierno y la Xunta sobre la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica y Protecci¨®n del Medio Rural de Galicia.

Las partes han decidido que "no se modifica la delimitaci¨®n, la extensi¨®n ni el regimen regulador de la franja de terrenos colindantes con el dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre".

La ley gallega establece que los n¨²cleos rurales que no tuvieran plan urban¨ªstico en 1988 (cuando entr¨® en vigor la Ley de Costas) no estar¨ªan sometidos a la normativa estatal, sino a la auton¨®mica, que permite mantener casas de dos plantas. Hasta ahora, Costas interpretaba que la ley permit¨ªa a la comunidad establecer en 20 o 100 metros la extensi¨®n de la franja de servidumbre de protecci¨®n.

El director general de Costas, Pedro Antonio R¨ªos, explic¨® ayer en su despacho que se da por satisfecho con la propuesta de ordenaci¨®n del litoral de la Xunta. Sobre la legalizaci¨®n de los n¨²cleos conflictivos en Mar¨ªn afirm¨®: "No se podr¨¢ incrementar el volumen, pero s¨ª mejorar la casa. Y lo que era un solar tendr¨¢ que seguir si¨¦ndolo". "Hemos aplicado una gesti¨®n concertada de la ley", se?al¨®.

La renuncia al recurso es un s¨ªntoma de un cambio de mayor calado. R¨ªos afirm¨® que la cesi¨®n de competencias a las autonom¨ªas "no se puede universalizar", pero a la vez asegur¨® que "la realidad competencial no se puede sostener". "Tenemos tres comunidades con competencias [Catalu?a, Andaluc¨ªa y Baleares] y otras tres que lo reclaman insistentemente [Galicia, Canarias y Valencia]. No podemos ir al caf¨¦ para todos, pero s¨ª a la codecisi¨®n en la que no desaparece el Estado. La gesti¨®n, cuanto m¨¢s cerca mejor", concluy¨®.

Las palabras contrastan con la tradici¨®n de un departamento, el de Costas, de larga tradici¨®n centralista, de ingenieros que han gestionado el dominio p¨²blico mar¨ªtimo terrestre, la primera l¨ªnea de playa. Estos a menudo recelan de las comunidades por considerarlas demasiado complacientes.

Pilar Marcos, responsable de la campa?a de Costas de Greenpeace, fue muy cr¨ªtica con la retirada del recurso: "El ministerio lanza un mensaje de falsa publicidad verde y vemos que hay cosas que ve¨ªamos ganadas con la ministra Espinosa que ahora se vuelven a cuestionar". Con Espinosa en el ministerio se impuls¨® una reforma de la Ley de Costas a trav¨¦s de otra norma, la de Navegaci¨®n Mar¨ªtima, pero tambi¨¦n hubo choques constantes con las autonom¨ªas y recurri¨® al Constitucional dos leyes gallegas (una del PSOE anterior a la actual) y otra de Canarias.

Marcos pone como ejemplo el deslinde de Do?ana, en el que Espinosa no cedi¨® a la oposici¨®n de la Junta andaluza, del PSOE, y expropi¨® todo el sistema dunar. La Junta anunci¨® que recurrir¨ªa el deslinde pero, finalmente, no ha hecho falta. Tras la llegada de Aguilar, la administraci¨®n auton¨®mica gestionar¨¢ el litoral, como establece el Estatuto de autonom¨ªa, y negociar¨¢ el ¨²ltimo deslinde de Do?ana, el m¨¢s conflictivo.