La fiscal¨ªa investigar¨¢ delitos de cohecho y extorsi¨®n en El ?lamo

"?Qu¨¦ verg¨¹enza! ?Que venga la polic¨ªa a poner orden!", gritaba un espont¨¢neo desde la bancada de la sala de plenos de El ?lamo. Las declaraciones realizadas esta semana por el exalcalde Jes¨²s Arribas (PP), dimitido hace nueve meses, en las que se implica a s¨ª mismo y a sus concejales en delitos de cohecho, extorsi¨®n y prevaricaci¨®n, motivaron una reuni¨®n extraordinaria en el Ayuntamiento. La actual alcaldesa, Natalia Quintana, intent¨® desacreditar las palabras de Arribas, del que se est¨¢ tramitando su expulsi¨®n del partido, poniendo en tela de juicio su estado emocional. Lleg¨® a decir que su antiguo compa?ero de Gobierno hab¨ªa acosado a varias trabajadoras municipales, pero que estas "no quer¨ªan denunciar". El revuelo que armaron sus palabras provoc¨® un agrio enfrentamiento entre los dirigentes.

Por lo pronto, la alcaldesa ha presentado una denuncia por injurias y calumnias en el juzgado de Navalcarnero contra Arribas, a¨²n concejal, que no fue al pleno por "miedo a sufrir alguna agresi¨®n". Abandon¨® el Gobierno precipitadamente por haber faltado el honor a uno de sus compa?eros. Sus declaraciones est¨¢n respaldadas por el relato de un empresario de Majadahonda que asegura que uno de los concejales (Jos¨¦ Gonz¨¢lez, de Hacienda) le pidi¨® 15.000 euros por tramitar una licencia. Tanto Izquierda Unida (IU) como el PSOE est¨¢n preparando la documentaci¨®n que van a presentar el lunes ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por los m¨²ltiples delitos destapados. Arribas dijo sobre la manera de trabajar en el Consistorio: "Era muy com¨²n exigir pagos por cualquier asunto". Revel¨® irregularidades en el PGOU y el supuesto cobro de una comisi¨®n ilegal y una extorsi¨®n.

Incluso en su salida se han producido irregularidades, como la retirada de un documento oficial en el registro. Sus compa?eros, para desbancarle, idearon una moci¨®n de censura con el apoyo de un concejal independiente. Seg¨²n los papeles a los que ha tenido acceso este peri¨®dico, los siete ediles redactaron una moci¨®n, la firmaron y la incluyeron en el registro, con el n¨²mero de entrada 3320. Los ediles alegaban "insalvables diferencias pol¨ªticas en temas que inciden de forma decisiva en el desarrollo del municipio". La situaci¨®n era esperp¨¦ntica: los concejales en com¨²n acuerdo echando a un alcalde de su mismo partido. Desde G¨¦nova, donde est¨¢ situada la sede del PP, se par¨® la moci¨®n por disparatada. Mejor era hacerle dimitir. Pero ya era tarde, el documento estaba presentado. El secretario municipal, un funcionario, reconoci¨® durante el pleno que vio el documento firmado aunque no supo si finalmente entr¨® en registro. La soluci¨®n, a tenor de las pruebas, fue retirar la moci¨®n sin m¨¢s, algo que no est¨¢ permitido. El hecho supone un delito de prevaricaci¨®n.