Perversi¨®n
La suerte ya est¨¢ echada. Finalmente, los partidos con responsabilidades de poder han optado por presentar en sus listas electorales a los comicios municipales y auton¨®micos a notorios candidatos imputados por corrupci¨®n. As¨ª lo ha hecho el PP, que como espera ganar las elecciones con gran ventaja, dado el voto de castigo al partido del Gobierno hundido por la crisis, intenta aprovechar la ocasi¨®n para evadir de este modo su responsabilidad como c¨®mplice, beneficiario y encubridor de la red G¨¹rtel, henchida a su costa desde los tiempos de Aznar: el mayor esc¨¢ndalo de corrupci¨®n de la democracia espa?ola.
Pero, incre¨ªblemente, tambi¨¦n ha hecho lo mismo el PSOE, que no ha vacilado en presentar imputados en lugares como Granada, Melilla o Grazalema, mientras arrecia el esc¨¢ndalo de los 70 beneficiarios de los ERE destapados por el caso Mercasevilla. Lo que viene a demostrar que el socialismo andaluz, tras tantos a?os de mayor¨ªa absoluta, ha ca¨ªdo en poder de corruptas redes clientelares. Y lo peor es que los otros partidos con responsabilidad de poder territorial (UM en Baleares, CiU en Catalu?a, PNV en Euskadi, Coalici¨®n Canaria en Canarias...) tampoco est¨¢n libres de reproche sino m¨¢s bien todo lo contrario.
De lo ¨²nico que absolver¨ªa la reelecci¨®n es de la responsabilidad pol¨ªtica y nunca de la judicial
Todo lo cual me parece una perversi¨®n del v¨ªnculo de representaci¨®n democr¨¢tica entre autoridades y ciudadanos. S¨¦ que presentar imputados como candidatos no llega a ser una flagrante violaci¨®n de la legalidad, pues para algo nuestros partidos mayoritarios se han esforzado en garantizarse al alim¨®n una espuria inmunidad (por no decir impunidad encubierta). Pero aunque no sea ilegal, desde luego es ileg¨ªtimo, pues no resulta admisible que una autoridad p¨²blica pueda pedir un voto de confianza a los mismos ciudadanos a los que puede haber defraudado, seg¨²n se desprende de su imputaci¨®n judicial.
Y el que un imputado por corrupci¨®n pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos a quienes habr¨ªa perjudicado me parece tan ileg¨ªtimo (salvadas las evidentes distancias del da?o imputado) como el que un encubridor del terrorismo pueda pedir el voto a los mismos ciudadanos que son v¨ªctimas potenciales de sus c¨®mplices terroristas. Por eso, igual que la Ley de Partidos excluye de las listas electorales a los c¨®mplices del terrorismo por competencia desleal que distorsiona la igualdad de oportunidades entre los candidatos, tambi¨¦n habr¨ªa que hacer lo mismo con los candidatos imputados por corrupci¨®n, excluy¨¦ndoles de las listas electorales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades frente a sus rivales. Pues igual que el candidato af¨ªn al terrorismo cobrar¨ªa ileg¨ªtima ventaja frente al rival que pueda ser su v¨ªctima potencial, tambi¨¦n el candidato af¨ªn a los corruptos cobra espuria ventaja frente al rival que no se beneficie de la corrupci¨®n.
Sin embargo, la peor perversi¨®n no es esa, pues m¨¢s indigna resulta la busca de absoluci¨®n en las urnas. Es lo que ocurre cuando el candidato imputado es efectivamente reelegido, pues inmediatamente recurre a esa pretendida absoluci¨®n para hacer fingidas protestas de inocencia ofendida. Y eso es como dar gato por liebre, pues en el mejor de los casos, de lo ¨²nico que absolver¨ªa la reelecci¨®n es de la responsabilidad pol¨ªtica y nunca de la judicial. Una absoluci¨®n electoral que es pol¨ªticamente aprovechada para presionar a los tribunales a la espera de forzar as¨ª una absoluci¨®n judicial probablemente inmerecida.
Pero ni siquiera es cierto que la reelecci¨®n signifique una absoluci¨®n pol¨ªtica. La mayor parte de los electores que votan por un imputado no lo hacen porque crean en su inocencia sino por otras razones compatibles con la creencia en su culpabilidad, entre las que destacan estas: el pragmatismo (se vota al mal menor), el cinismo (la corrupci¨®n es muy eficaz en la lucha por el poder), el sectarismo (con raz¨®n o sin ella es nuestro "hijo de puta"), el escepticismo (no se puede confiar en una justicia tan tendenciosa, desautorizada como est¨¢ por medi¨¢ticos juicios paralelos) y el nihilismo (que ensalza la transgresi¨®n de estafadores impunes como El Dioni, Mario Conde o Ruiz-Mateos).
Finalmente, en la presentaci¨®n de imputados a¨²n subyace otra perversi¨®n del civismo democr¨¢tico todav¨ªa m¨¢s insidiosa. Y es la de buscar la complicidad del votante para delegar en ¨¦l la ¨²ltima responsabilidad, transfiri¨¦ndole y haci¨¦ndole copart¨ªcipe de la elecci¨®n del mal, a fin de compartir as¨ª un pacto de culpabilidad. Es algo an¨¢logo a la corrupci¨®n de menores a lo que podr¨ªa llamarse estupro de votantes o corrupci¨®n de electores, dada la perversi¨®n que supone el que una autoridad civil busque la complicidad de los ciudadanos a los que defrauda para que le autoricen con su voto a seguir defraud¨¢ndoles.
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