Silencio consentido

Un Gobierno m¨¢s abierto y transparente es lo que se conseguir¨ªa si Espa?a contara con una ley de acceso a la informaci¨®n. Espa?a vuelve a ponerse a la cabeza de los pa¨ªses que carecen de una legislaci¨®n sobre la materia. En la Uni¨®n Europea solamente cinco pa¨ªses -Espa?a, Chipre, Grecia, Malta y Luxemburgo- no cuentan con uno de los mecanismos estandarte de la lucha contra la corrupci¨®n, principal problema pol¨ªtico del pa¨ªs.

Contratos, bienes de cargos p¨²blicos, sueldos de ediles y concejales o presupuestos de obras p¨²blicas son algunos de los documentos que permanecen ocultos a la opini¨®n p¨²blica, a pesar de la m¨¢xima de transparencia que la legislaci¨®n espa?ola garantiza a los ciudadanos. Transcurridos m¨¢s de 30 a?os desde la redacci¨®n y puesta en marcha de la Constituci¨®n espa?ola, en cuyo art¨ªculo 20. d. se reconoce el derecho a la informaci¨®n, sigue sin desarrollarse un proyecto de ley que permita poner en vigor una Ley de Acceso a la Informaci¨®n. Los profesionales del medio se ven sometidos al leg¨ªtimo silencio de las administraciones p¨²blicas. Si no se intenta solucionarlo, la trama G¨¹rtel pasar¨¢ a ser un caso m¨¢s de una larga lista de delitos de corrupci¨®n y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos provocados por la opacidad del sistema pol¨ªtico espa?ol.