Cambiar la ley, ya

El canon digital o la ley Sinde son dos caras de la misma moneda. El mundo ha cambiado con la revoluci¨®n digital, que permite copiar y distribuir contenidos por Internet en cuesti¨®n de segundos. Sin embargo, esta transformaci¨®n no se ha visto acompa?ada de una reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que debe proteger al creador y su obra, pero tambi¨¦n garantizar que esta revierta en la sociedad.

El canon digital y la mal llamada ley Sinde, una disposici¨®n final segunda colada por el Gobierno en la Ley de Econom¨ªa Sostenible, no solo son apa?os, sino que adem¨¢s est¨¢n mal hechos. Son chapuzas. El Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea calific¨® el canon de "indiscriminado" y ayer la Audiencia Nacional consider¨® la orden ministerial que lo regul¨® "afectada de un vicio radical que determina su nulidad de pleno derecho".

De momento, ninguna sentencia ha cuestionado la legalidad del canon, como recuerdan las entidades de gesti¨®n de los derechos de autor cada vez que hay una sentencia contraria a sus tesis. Es la f¨®rmula elegida por el Estado, entre otros 22 pa¨ªses comunitarios, para retribuir a los creadores por la p¨¦rdida de parte de sus derechos exclusivos. Como la LPI permite copiar para uso privado obras protegidas sin autorizaci¨®n del autor, se establece una compensaci¨®n econ¨®mica que cobran de forma colectiva las entidades de gesti¨®n, entre ellas la SGAE. Se aplica desde 1987 a los equipos, materiales y soportes anal¨®gicos y en 2006 se ampli¨® al espectro digital.

Entonces, Gobierno y Congreso tuvieron la oportunidad de resolver c¨®mo se gestiona el copyright en Internet, pero se limitaron a fijar el canon digital. Ahora ya no es una necesidad, como dijo la Comisi¨®n Nacional de la Competencia en enero de 2010. Es una urgencia. "La necesidad de un nuevo enfoque legislativo sobre distintos aspectos de la actividad realizada por las entidades de gesti¨®n no es algo nuevo, sino que ha sido demandado en varias ocasiones por diferentes instancias", escrib¨ªa la CNC en 2010.

Obviamente, el Gobierno ha deso¨ªdo sus recomendaciones, pero ahora se le acumulan las tareas: reelaborar la norma que fija las tarifas del canon, como ha fallado la Audiencia, y a?adir al menos una excepci¨®n a la compensaci¨®n por copia privada para que est¨¦n exentos del pago empresas, administraciones y profesionales, consecuencia de la sentencia europea. En cualquier caso, seguir¨¢n siendo apa?os porque lo que realmente urge es adaptar la Ley de Propiedad Intelectual al mundo digital.