Un canon mal abrigado
La normativa del Gobierno ha recibido dos varapalos judiciales que la debilitan a¨²n m¨¢s
Sorprende que el Gobierno haya arropado con materiales jur¨ªdicos tan precarios un tema, como el del canon digital, al que si algo le sobra son dudas sobre su pertinencia. Primero fue el Tribunal Europeo estableciendo que su aplicaci¨®n era indiscriminada y que deb¨ªa corregirse. Ahora ha sido la Audiencia Nacional quien ha sentenciado que la orden que fijaba la lista de dispositivos y tarifas en 2008 debe tener consideraci¨®n de reglamento y, por tanto, someterse a una serie de tr¨¢mites -memorias justificativa y econ¨®mica y un dictamen del Consejo de Estado- que no se cumplieron.
El tribunal destaca que ser¨ªa incomprensible que la fijaci¨®n en su d¨ªa del canon sobre soportes anal¨®gicos tuviera un determinado rango jur¨ªdico y el de la orden que establec¨ªa los dispositivos y las tarifas del canon digital fuera menor. Conclusi¨®n, la orden presenta un vicio radical que debe subsanarse. La sentencia es recurrible, pero las sociedades de gesti¨®n ya han pedido al Gobierno que subsane lo m¨¢s r¨¢pidamente posible estos defectos. De momento, la lista fijada en 2008 deja de estar en vigor y se regresa a la anterior de 2006, que no contempla exactamente ni los mismos soportes ni las mismas tarifas. Soportes como el CD han perdido la importancia de anta?o.
Adem¨¢s de subsanar estos defectos de forma, el Gobierno debe corregir la normativa que permit¨ªa el cobro del canon digital a empresas y Administraciones. La filosof¨ªa del canon es que se trata de una compensaci¨®n porque quien dispone leg¨ªtimamente de una obra puede sacar una copia para su uso privado. Esta copia no se retribuye al autor de la obra y el canon ser¨ªa la f¨®rmula destinada a paliar esta merma de ingresos. Pero en Espa?a, y otros pa¨ªses, este canon se ha cobrado a personas jur¨ªdicas y Administraciones que usan estos soportes para almacenar su propia documentaci¨®n.
Las sociedades de gesti¨®n, temi¨¦ndose lo peor -es decir, que la sentencia de la Audiencia Nacional pusiera en tela de juicio la existencia del canon- han respirado. El canon sigue siendo legal en Espa?a. Lo que debe corregirse es el procedimiento que implanta sus tarifas.
Pero si la convicci¨®n social sobre el canon digital es fr¨¢gil, estos dos ara?azos jur¨ªdicos la debilitan todav¨ªa m¨¢s. Mientras tanto, sigue sin repensarse la Ley de Propiedad Intelectual.
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