La polic¨ªa detiene a otras 17 personas por los ERE fraudulentos

La polic¨ªa judicial prosigue su investigaci¨®n por los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta andaluza, al margen del conflicto entre el Ejecutivo y la juez del caso, y la bronca pol¨ªtica casi diaria entre PP y PSOE. Los agentes han detenido en las ¨²ltimas semanas a 17 intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) que tras su declaraci¨®n fueron puestos en libertad. Adem¨¢s, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, que dispuso del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones, ha declarado en sede policial como imputado.

La Junta ya identific¨® a estas 17 personas en su investigaci¨®n interna, que elev¨® a 72 el n¨²mero de polizones. De este modo, la investigaci¨®n acumula 32 detenidos por la polic¨ªa y 14 imputados por la juez. La mayor¨ªa de los imputados han declarado como detenidos en comisar¨ªa, pero hay algunos, como el exconsejero Antonio Fern¨¢ndez, que no ha sido detenido por la polic¨ªa.

Un exalcalde, que ha devuelto 110.000 euros, figura entre los detenidos

Entre los imputados est¨¢n, adem¨¢s de Fern¨¢ndez, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor Juan Lanzas, su mujer y una cu?ada.

Los intrusos est¨¢n acusados de un delito de tr¨¢fico de influencias, seg¨²n refleja un informe policial incorporado a las diligencias judiciales, aunque es previsible que sean acusados de cohecho, ya que percibieron p¨®lizas entre 100.000 y 200.000 euros solo por sus v¨ªnculos de amistad con pol¨ªticos, sindicalistas e intermediarios.

Entre los falsos prejubilados que declararon como detenidos destaca Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), y que ha entregado a la juez un acta notarial en la que consigna 110.000 euros cobrados de manera fraudulenta.

Rosendo estuvo en el ERE de la empresa Cydeplast pese a que nunca trabaj¨® all¨ª, y hace tres semanas manifest¨® ante la juez su sorpresa al percatarse de que su p¨®liza era ilegal. Su hijo, el exconcejal y empresario Juan Enrique Rosendo fue copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, que percibi¨® 9,2 millones en subvenciones directas desde la Consejer¨ªa de Empleo.

Entre los detenidos tambi¨¦n figura una persona de iniciales J. A. G. R. que cobr¨® una p¨®liza de 460.000 euros debido a una deuda que la Consejer¨ªa de Empleo ten¨ªa con la multinacional CFP Servicio de Prevenci¨®n por sus cursos y servicios. La Direcci¨®n General de Trabajo abon¨® el dinero a este particular sin vinculaci¨®n directa con la empresa vasca mediante el ERE de Cydeplast, subvencionado por la Junta con 6,6 millones de euros en 2007.

Asimismo est¨¢ incluido el exconcejal y anterior secretario de pol¨ªtica municipal del PSOE en Camas (Sevilla), Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa Prieto, que figura como intruso en dos ERE diferentes, pese a que nunca trabaj¨® en ellas. Garc¨ªa Prieto percibi¨® 1.900 euros al mes como falso prejubilado desde 2003 y hasta 2008, cuando se jubil¨®. "En 2007 cumpl¨ª 61 a?os y habl¨¦ con Guerrero

[Javier Guerrero, ex director general de Trabajo] para jubilarme a los 63, y me dijo que sin problema. Poco despu¨¦s firm¨¦ la ampliaci¨®n en una segunda p¨®liza", declar¨® el exedil a este diario.

Por otra parte, la magistrada del caso Mercedes Alaya ha pedido a la Junta de Jueces de Sevilla que le exima de otros asuntos ante la entidad de la instrucci¨®n de los ERE fraudulentos, inform¨® Europa Press. La Junta de Jueces se re¨²ne hoy para analizar la petici¨®n realizada por la magistrada y el escrito se elevar¨¢ posteriormente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

El periodo en el que Alaya dedicar¨ªa todo su tiempo a este caso oscilar¨ªa entre tres y seis meses. Hace un a?o la magistrada ya estuvo exenta del reparto de asuntos durante tres meses debido a la "excesiva" carga de trabajo, causada, entre otros asuntos, por el caso Mercasevilla. Una vez finalizados los tres meses se?alados, la juez no solicit¨® la pr¨®rroga de la medida durante el mismo periodo temporal. Alaya investiga, adem¨¢s, otro asuntos de envergadura como el supuesto delito societario cometido por Manuel Ruiz de Lopera como m¨¢ximo accionista del Betis.