Las autonom¨ªas ganaron poder a costa de una bronca pol¨ªtica y judicial

"Apoyar¨¦ la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catal¨¢n". Parec¨ªa que con esa sentencia, pronunciada con solemnidad el 13 de noviembre de 2003 ante la plana mayor de los socialistas catalanes en un mitin, y sepultada un segundo despu¨¦s bajo el estruendo de sus aplausos, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero -que a¨²n no era presidente del Gobierno- estaba solo echando una mano a Pasqual Maragall para ganar los comicios auton¨®micos catalanes de ese mes. Pero esa frase abri¨® el mel¨®n de las reformas estatutarias en cadena y tambi¨¦n un gran enjambre de abejas que dio lugar a una de las mayores broncas de estas dos legislaturas.

Desde 2004, siete de las 17 comunidades aut¨®nomas (Catalu?a, Baleares, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n, Andaluc¨ªa, Extremadura y Comunidad Valenciana) han reformado su Estatuto, su ley fundamental s¨®lo por detr¨¢s de la Constituci¨®n. Han ganado autonom¨ªa, poder y financiaci¨®n, cedido todo por el Estado central.

El PP denunci¨® que con el texto catal¨¢n se reconoc¨ªa una "soberan¨ªa paralela"

El Constitucional a¨²n debe dirimir varios recursos de unas regiones contra otras

Otra, Castilla-La Mancha, lo intent¨® pero acab¨® retirando el proyecto hace un a?o, ante la falta de consenso y entre acusaciones de traici¨®n del PSOE al PP. Y otra m¨¢s, el Pa¨ªs Vasco, tuvo que desistir cuando su propuesta, la m¨¢s temprana, recibi¨® un rotundo "no" nada m¨¢s llegar a las Cortes en febrero de 2005. De aquel plan Ibarretxe, que tomaba su apellido del lehendakari que la impuls¨®, no se ha vuelto a saber.

El "no" rotundo al plan Ibarretxe se convirti¨® en un "no as¨ª" al plan catal¨¢n. Tras constatar que el proyecto de Estatuto que sali¨® del Parlamento de Catalu?a no pod¨ªa ser aceptado tal cual como Zapatero hab¨ªa prometido -porque estaba lleno de art¨ªculos inconstitucionales-, el texto fue purgado en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso; desbloqueado en una reuni¨®n secreta en La Moncloa entre el presidente Zapatero y el l¨ªder de CiU, Artur Mas -que hoy es presidente de la Generalitat, pero entonces no lo era-; y aprobado finalmente en las Cortes el 10 de mayo de 2006. Despu¨¦s fue sometido a refer¨¦ndum en Catalu?a: con una participaci¨®n del 49%, vot¨® s¨ª el 74%.

El PP denunci¨® que con la luz verde al Estatuto se reconoc¨ªa una "soberan¨ªa paralela" a Catalu?a; ERC tambi¨¦n vot¨® en contra, pero porque el texto hab¨ªa quedado "descafeinado". "Espa?a no quiere ser plurinacional", protest¨® Josep Lluis Carod Rovira.

Al contrario de lo que proclam¨® en ese momento el PSOE, el Estatuto segu¨ªa sin ser "impecablemente constitucional" cuando entr¨® en vigor, a tenor de la sentencia que el Tribunal Constitucional dict¨® cuatro a?os m¨¢s tarde y que tumb¨® 14 art¨ªculos e interpret¨® otros 26 (de los 114 recurridos por el PP). Precis¨®, por ejemplo, que la referencia a Catalu?a como "naci¨®n" en el pre¨¢mbulo pod¨ªa quedarse, pero no tendr¨ªa "eficacia jur¨ªdica". Ese asunto hab¨ªa copado el debate pol¨ªtico durante un lustro. La naci¨®n, argument¨® Zapatero para defenderlo, es un concepto "discutido y discutible". "La Constituci¨®n no conoce otra que la naci¨®n espa?ola", sentenci¨® el Alto Tribunal.

Despu¨¦s de todo ese proceso -que dur¨® a?os, salpicado de manifestaciones en la calle, una campa?a de recogida de firmas del PP por toda Espa?a y agrios debates parlamentarios- lo que result¨® fue un Estatuto con m¨¢s poder que ning¨²n otro hasta entonces, y que, por primera vez, establece una relaci¨®n bilateral con el Estado, blinda competencias exclusivas, condiciona la financiaci¨®n com¨²n e impone a sus ciudadanos el deber de conocer el catal¨¢n -el Constitucional precis¨® que ese deber "no es jur¨ªdicamente exigible con car¨¢cter generalizado"-. Y comenz¨® la carrera del resto de autonom¨ªas por alcanzar ese mismo estatus.

En realidad, aunque el catal¨¢n fue el Estatuto que marc¨® la ruptura y centr¨® la pol¨¦mica, el valenciano fue el primero en aprobarse: en julio de 2005. En ¨¦l, la Comunidad Valenciana se reserva el "derecho" a recibir agua de "cuencas excedentarias" (el Ebro), lo que provoc¨® recursos de constitucionalidad de Castilla-La Mancha y Arag¨®n. Adem¨¢s, el presidente Francisco Camps (PP) logr¨® colar su enmienda por si acaso, que se arroga la capacidad de incorporar cualquier nuevo derecho que otra autonom¨ªa obtenga.

El PP fue muy beligerante con el Estatuto catal¨¢n; con el resto no, aunque algunos copian art¨ªculos enteros de aqu¨¦l. Andaluc¨ªa (PSOE) y Castilla y Le¨®n (PP) copiaron los derechos propios; estas dos y Arag¨®n (PSOE), el cap¨ªtulo competencial. La "naci¨®n" catalana pas¨® a ser "realidad nacional" en el Estatuto andaluz (apoyado por el PP). Y todas exigieron una financiaci¨®n especial.

Explot¨®, adem¨¢s, la guerra del agua. Varias comunidades reclamaron la gesti¨®n sobre las aguas que pasen por su territorio. Y todas han recurrido las pretensiones de las dem¨¢s en ese punto. El Constitucional acaba de dictaminar que Andaluc¨ªa no se puede apropiar del Guadalquivir. La "tercera descentralizaci¨®n" -tras la de 1978, que cre¨® el Estado auton¨®mico, y la de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, que traspas¨® la educaci¨®n y la sanidad a las comunidades- tiene a¨²n recorrido en los tribunales.