M¨¢s de dos a?os para hacer inventario

El Departamento de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica del ¨²ltimo gobierno tripartito tard¨® m¨¢s de dos a?os en realizar el inventario de los bienes, derechos y obligaciones que constitu¨ªan el patrimonio de las C¨¢maras de la Propiedad Urbana que le ordenaba el decreto de su liquidaci¨®n de enero de 2006. En ese largo per¨ªodo se cometieron presuntamente en la de Vizcaya las irregularidades que el actual Gobierno descubri¨® a su llegada y envi¨® el martes a la fiscal¨ªa.

El ¨²ltimo Gobierno Ibarretxe no liquid¨® tampoco, en los tres a?os largos siguientes al decreto, las C¨¢maras de ?lava y Guip¨²zcoa, seg¨²n ha podido saber EL PA?S, aunque en estas dos ¨²ltimas no se detect¨® irregularidad alguna. Fueron finiquitadas, seg¨²n fuentes de Vivienda, a finales de 2009, empleando casi cuatro a?os para hacerlo.

Tampoco las c¨¢maras de ?lava y Guip¨²zcoa estaban liquidadas en 2009

El decreto de enero de 2006 atribu¨ªa al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales el nombramiento de un delegado en cada una de las tres entidades, pero la responsabilidad ¨²ltima quedaba a cargo de Hacienda. Los pasos intermedios se encomendaban en concreto a su direcci¨®n de Patrimonio y Contrataci¨®n.

A ella se encargaba en el decreto la realizaci¨®n del inventario previo al traspaso al Gobierno de todos los bienes y derechos de las entidades suprimidas y la recepci¨®n de la titularidad de los mismos. Y entre la publicaci¨®n del decreto que le adjudic¨® ese cometido y la finalizaci¨®n del trabajo mediaron dos a?os y cuatro meses. La consejera de Hacienda, y vicelehendakari del ¨²ltimo Gobierno de Juan Jos¨¦ Ibarretxe, Idoia Zenarruzabeitia, no firm¨® hasta mayo de 2008 la orden que aprob¨® ese inventario y orden¨® al director de Patrimonio y a los delegados del Departamento de Vivienda inscribir los bienes de las C¨¢maras a nombre de la administraci¨®n.

El delegado del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en Vizcaya, Jos¨¦ Mar¨ªa Gonzalo, y Jon Alonso, la persona que contrat¨®, pese a estar extinta la C¨¢mara, pudieron beneficiarse de esa larga dilaci¨®n. Durante ese tiempo, de hecho, se realizaron contratos, se hicieron obras en la sede y se localizaron en ella servicios del Gobierno, prestados a trav¨¦s de la asociaci¨®n Aukeratu, a cuyo frente estaba el mismo Gonzalo. Y, por supuesto, se utiliz¨® el dinero, hasta desaparecer casi medio mill¨®n de euros.

Lo m¨¢s inexplicable es que esas actuaciones, al parecer relacionadas con la producci¨®n de una pel¨ªcula, se produjeran mientras la Oficina de Control Econ¨®mico del Gobierno asegura haber hecho informes de revisi¨®n, con medios contratados espec¨ªficamente, de los estados financieros de las tres C¨¢maras y de la delimitaci¨®n de su patrimonio. Seg¨²n figura en el informe al actual Ejecutivo, tras recabar ¨¦ste de la OCE un an¨¢lisis de lo ocurrido, se llevaron a cabo durante el a?o 2007.

La pregunta es, por un lado, si dos a?os y cuatro meses es el plazo razonable que dura la realizaci¨®n de un inventario de las caracter¨ªsticas del realizado, y, por otro, c¨®mo es posible que los movimientos de fondos y el uso de la sede que se realiz¨® en el caso de Vizcaya escapara a los controles. La intrincada burocracia que ralentiza la acci¨®n de la administraci¨®n hasta l¨ªmites exasperantes, incluso para quienes forman parte de ella, se revela est¨¦ril como filtro para abusos. En este caso, m¨¢s bien al contrario, parece haberlos favorecido, en la medida en que los ¨®rganos de gobierno de las C¨¢mara de la Propiedad se disolvieron con el decreto de enero de 2006, mientras las entidades permanecieron a¨²n largo tiempo a merced de un supuesto manejo irregular.