El Estado 'subprime'

Cuando el 22 de mayo se cierren las urnas municipales y auton¨®micas se formalizar¨¢ el gran problema que ha estado semienterrado en este largo periodo de campa?a preelectoral: miles de facturas sin pagar, poco o nada de dinero para satisfacerlas, y decenas de miles de empresas (sobre todo peque?as y medianas, pero tambi¨¦n grandes) y trabajadores aut¨®nomos acosados por la morosidad y a punto de cesar en su actividad ante la imposibilidad de hacer frente a sus propias obligaciones. Entonces entraremos en una nueva fase de la crisis, muy dolorosa, por la debilidad de las pol¨ªticas de proximidad que protagonizan las comunidades aut¨®nomas (CC AA) y los ayuntamientos.

Si la prioridad de la pol¨ªtica econ¨®mica (la reducci¨®n del d¨¦ficit y la deuda p¨²blica a los ritmos previstos) es irrenunciable, la dificultad es evidente. En 2010, el Estado central contuvo el d¨¦ficit p¨²blico un poco por encima de lo esperado y mantuvo la deuda p¨²blica embridada dentro de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero no ocurri¨® lo mismo con el conjunto de las Administraciones P¨²blicas (AA PP): entre las comunidades y los ayuntamientos la deuda ascendi¨® al 15,3% del PIB, habi¨¦ndose casi duplicado respecto a 2007, el a?o de comienzo de la crisis. En 2011, el d¨¦ficit de las CC AA deber¨¢ ser, todo lo m¨¢s, el 1,3% del PIB y est¨¢ como media en m¨¢s del doble (2,8%). Y ello, suponiendo que estos porcentajes sean los correctos: algunas AA PP se han caracterizado por la opacidad de sus cuentas; en ocasiones las han maquillado aparcando parte de su deuda en sociedades mixtas que no aparecen en los presupuestos p¨²blicos.

Nada deteriora m¨¢s que las normas que no se cumplen: la Ley de Morosidad

El control del gasto de las AA PP figura entre las preocupaciones de quienes que todos los d¨ªas miran con lupa al Reino de Espa?a para prestarle dinero. Adem¨¢s, sus ingresos son muy dependientes de las transferencias del Gobierno central y de las actividades relacionadas con el sector de la construcci¨®n. Implicado el primero en un fuerte programa de austeridad (con ca¨ªdas de los principales impuestos y con gastos comprometidos con los planes de rescate financiero y con el incremento del seguro de desempleo), y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, estas AAPP tienen muy dif¨ªcil seguir financiando las competencias transferidas y los servicios que ahora prestan en materia de sanidad, educaci¨®n, ayuda a las familias y a los parados, etc¨¦tera.

Catalu?a, que ya celebr¨® sus elecciones auton¨®micas, es el precedente de lo que puede suceder. Sus intentos de reconducir a la baja algunos servicios b¨¢sicos o las dificultades para endeudarse en los mercados (en el caso de que previamente se obtenga la autorizaci¨®n del Gobierno), evidencian el camino que van a recorrer otras AA PP.

Hay dos tipos de v¨ªctimas: los ciudadanos que ven reducida la eficacia de su Estado de Bienestar (educaci¨®n, sanidad, dependencia...), y las empresas y trabajadores aut¨®nomos que sufren el enorme crecimiento de la morosidad. Hay facturas, sobre todo entre algunos grupos de proveedores, que tardan en pagarse casi dos a?os en algunas CC AA. Adem¨¢s, el propio hecho de la convocatoria de elecciones ha retrasado aun m¨¢s los pagos pendientes. En 2010 entr¨® en vigor una Ley de Morosidad que indicaba que la demora m¨¢xima de las AA PP no podr¨ªa superar los 50 d¨ªas este a?o, 40 d¨ªas en 2012 y 30 d¨ªas a partir de 2013. Nada deteriora m¨¢s la calidad de la democracia que las normas que no se cumplen. Hay ayuntamientos, que ven rechazados los pagar¨¦s que firman a sus acreedores porque las entidades financieras no se f¨ªan de que vayan a cobrarlos. La secuencia es parecida a ¨¦sta: comunidades y ayuntamientos que no pueden pagar sus deudas a las pymes o los trabajadores aut¨®nomos; ¨¦stos, a su vez, no pueden hacer frente a sus obligaciones por lo que sus acreedores instan su suspensi¨®n de pagos. Al suspender pagos, las Administraciones P¨²blicas no vuelven a contratarles, etc¨¦tera.

Todo ello hace m¨¢s inentendible que no se haya firmado un pacto transversal entre los principales partidos, que afectase a todas las Administraciones del Estado y que durase m¨¢s de una legislatura, para que, gobierne quien gobierne, pueda abordar los problemas pendientes y trazar las l¨ªneas de la futura financiaci¨®n. La ceguera de los que se creen vencedores.