Zubiaurre elude aclarar el 'agujero' millonario en Sprilur ante la C¨¢mara
La 'comisi¨®n De Miguel' cierra las l¨ªneas del espionaje y los contratos de Cultura
Acompa?ado por su abogado, el exdirector de Sprilur durante el Gobierno de Ibarretxe, Antton Zubiaurre, eludi¨® aclarar ayer ante la comisi¨®n del Parlamento que investiga los hechos por qu¨¦ la entidad p¨²blica compr¨® bajo su direcci¨®n varias hect¨¢reas de suelo r¨²stico en Santurtzi a un precio muy superior al de mercado cuando no hab¨ªa planes de realizar all¨ª un pol¨ªgono industrial. Sprilur estima el quebranto econ¨®mico de la operaci¨®n, investigada por la justicia tras la denuncia del Gobierno vasco por malversaci¨®n de caudales, en 3,1 millones de euros.
Aunque respondi¨® a algunas de las preguntas planteadas por la comisi¨®n parlamentaria, que incluye en sus pesquisas lo ocurrido en Santurtzi, adem¨¢s de las presuntas tramas de corrupci¨®n y espionaje de los casos De Miguel y Teller¨ªa, Zubiaurre no explic¨® lo ocurrido en Santurtzi.
El exdirector de Sprilur no explica la compra de suelo en Santurtzi
Zubiaurre niega cualquier implicaci¨®n en la recalificaci¨®n de Zambrana
S¨ª se mostr¨® tajante al negar cualquier implicaci¨®n en la fallida macrorecalificaci¨®n de Zambrana, investigada por la justicia por si hubo pago de comisiones ilegales. Tambi¨¦n asegur¨® que sus seis a?os de mandato terminaron en 2008 no porque fuera cesado, si no por motivos de salud.
Sprilur estima en un total de 5 millones de euros el quebranto econ¨®mico causado por la compra de Santurtzi y otras dos operaciones realizadas durante su mandato en Guip¨²zcoa. Adem¨¢s de la causa por malversaci¨®n de caudales, investigada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Bilbao, Zubiaurre tiene otro frente judicial abierto por un supuesto espionaje inform¨¢tico cuya instrucci¨®n est¨¢ en manos del Juzgado n¨²mero 10 de Bilbao.
Sprilur ya hizo p¨²blico el pasado mes su intenci¨®n de ejercitar acciones penales o civiles para intentar recuperar el dinero perdido, tanto contra los entonces responsables de la sociedad p¨²blica como contra los vendedores de los terrenos. En el caso de Santurtzi, el propietario de las tierras es un primo del presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar.
La de Zubiaurre fue la ¨²ltima comparecencia prevista en el calendario de la comisi¨®n, que celebr¨® ayer su ¨²ltima sesi¨®n antes antes del par¨®n consensuado durante la campa?a electoral del 22-M. El presidente de la comisi¨®n, Juan Jos¨¦ Agirrezabala, explic¨® que dan por cerradas las l¨ªneas de investigaci¨®n correspondientes al presunto espionaje del caso Teller¨ªa y a las adjudicaciones irregulares del Departamento de Cultura, con m¨¢s de 200.000 euros en contratos menores de los que apenas constan pruebas documentales que confirmen su realizaci¨®n. Estas pasan as¨ª a la fase de elaboraci¨®n de conclusiones. "Hay informaci¨®n suficiente", explic¨® Agirrezabala.
La comisi¨®n podr¨¢ as¨ª centrarse en las l¨ªneas correspondientes a lo ocurrido en el parque tecnol¨®gico de Mi?ano en ?lava, donde una abogada que recibi¨® un contrato a dedo por el que cobr¨® 441.000 euros denunci¨® un intento de extorsi¨®n por parte de dos exdirigentes del PNV; y las operaciones de Santurtzi y Zambrana.
Sobre la primera, es m¨¢s que probable que la comisi¨®n opte por m¨¢s comparecencias tras el silencio de Zubiaurre. En el caso de la segunda, Agirrezabala precis¨® que estudiar¨¢n primero la documentaci¨®n remitida por las Juntas Generales de ?lava, cuya comisi¨®n de investigaci¨®n dictamin¨® la existencia de varias irregularidades que fueron comunicadas a la justicia.
Si los grupos creen que esta informaci¨®n no es suficiente y quieren plantear m¨¢s comparecencias tienen de plazo hasta el 26 de mayo para hacerlo. Ser¨¢ el pr¨®ximo 30 de mayo cuando la comisi¨®n se reunir¨¢ para decidir si se pide o no a m¨¢s personas que presten testimonio.
Para darse una comparecencia, tienen que cumplirse dos requisitos: que las personas tuvieran una implicaci¨®n directa con los hechos o desempe?aran cargos de responsabilidad cuando estos ocurrieron; y que al menos dos partidos apoyen la citaci¨®n.
El tramo final de la 'comisi¨®n Marg¨¹ello'
La comisi¨®n parlamentaria que investiga las supuestas irregularidades en la contrataci¨®n de servicios sanitarios por parte del anterior Departamento de Sanidad aborda hoy el debate para incorporar las distintas alegaciones de los grupos a la propuesta de dictamen elaborada por su presidenta, Laura Garrido (PP).
El texto elaborado por su presidenta, que no es definitivo, apunta a la creaci¨®n de un "monopolio" que beneficiaba al exjefe de calidad del Hospital de Cruces, Jos¨¦ Carlos Marg¨¹ello, lo que provoc¨® un "perjuicio econ¨®mico" a las arcas p¨²blicas, informa Efe. El PSE-EE ha presentado sus alegaciones al borrador que, seg¨²n fuentes socialistas, est¨¢n orientadas a "completar" el texto elaborado por Garrido.
Por su parte, el PNV, partido que ostentaba las responsabilidades de Gobierno durante la ¨¦poca en la que se dieron las supuestas irregularidades, discrepa de las conclusiones. Para marcar distancias, los peneuvistas han presentado una propuesta de dictamen alternativo, a modo de enmienda a la totalidad, junto con 57 alegaciones parciales, seg¨²n explic¨® la formaci¨®n en un comunicado.
El escrito, firmado por Nerea Antia y Eider Mendoza, representantes del PNV en la comisi¨®n Marg¨¹ello , recoge el "malestar" de grupo causado por el hecho de que Garrido no haya remitido a los miembros de la comisi¨®n el auto en el que el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Bilbao sobresey¨® de forma provisional la causa contra el exdirector de Sanidad en Vizcaya, Jos¨¦ Ram¨®n Elorriaga, por un presunto delito de prevaricaci¨®n.
Esto indica, seg¨²n interpreta el PNV, que el objetivo de algunas formaciones "no ha sido aclarar los hechos, sino que, desde el primer momento ten¨ªan redactadas las conclusiones con el ¨²nico fin de desprestigiar a los anteriores gestores nacionalistas". As¨ªmismo, las enmiendas recogen la protesta del PNV por el hecho de que el borrador de dictamen no se redactase en euskera desde el primer momento.
El Gobierno present¨® el pasado mes un escrito reclamando la nulidad de las actuaciones del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Bilbao en torno al caso de supuesta prevaricaci¨®n. Argumenta que, al rechazarse su personaci¨®n, no ha podido presentar documentaci¨®n relevante en el caso. De ser aprobada la nulidad, la instrucci¨®n se retrotraer¨ªa hasta el momento en que el juez rechaz¨® la personaci¨®n del Gabinete. La Fiscal¨ªa de Vizcaya tambi¨¦n ha recurrido el sobreseimiento.
El juez explica en su auto que s¨ª hubo irregularidades en la actuaci¨®n de Elorriaga, pero no constituyen un delito de prevaricaci¨®n.
Adem¨¢s, el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Bilbao est¨¢ instruyendo lo que se considera el eje de las presuntas irregularidades en la contrataci¨®n de servicios sanitarios por el anterior Gobierno: malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. La fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas nacional tambi¨¦n ha presentado una denuncia por malversaci¨®n y fraude.
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