El PNV y el PP reclaman m¨¢s cambios en la gesti¨®n de las ayudas sociales

El cambio legal necesario para que la tramitaci¨®n de la Renta de Garant¨ªa de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda pase de las Diputaciones y los Ayuntamientos a Lanbide, uno de los proyectos estrella del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, no parece que vaya a salirle gratis al Gobierno.

Las enmiendas de los grupos parlamentarios a la modificaci¨®n de la Ley para la Garant¨ªa de Ingresos y la Inclusi¨®n Social se hicieron p¨²blicas ayer, dejando claro que los socialistas, que no presentan ninguna, deber¨¢n ceder en algunos puntos para sacar adelante el cambio, bien por el camino del endurecimiento de los criterios para acceder a las subvenciones planteado por el PP, bien por la inclusi¨®n de las Ayudas de Emergencia Social (AES) en Lanbide que exige el PNV.

El PP quiere aprovechar la necesidad del cambio legal y su condici¨®n de socio preferente del Ejecutivo, que no ten¨ªa en 2008, para tratar de endurecer los criterios en consonancia con lo que exigi¨® durante el proceso de creaci¨®n de la norma.

El PNV, por su parte, pide que las ayudas de emergencia tambi¨¦n pasen a Lanbide desde los Ayuntamientos -en ello coinciden con las propuestas de Aralar, EB y EA-, algo que el Ejecutivo socialista ha rechazado continuamente, y que el cambio tarde un a?o en entrar en vigor.

Los cambios del PP para la ley son los m¨¢s contundentes y van m¨¢s all¨¢ de la modificaci¨®n originaria del tr¨¢mite parlamentario. La principal propuesta radica en obligar al solicitante a llevar cinco a?os empadronado en Euskadi para lograr las ayudas -hoy se necesitan seis meses para AES y un a?o para el resto-, lo que pone dificultades para los inmigrantes. Este partido pide un empadronamiento continuo en Euskadi en los dos ¨²ltimos a?os. "Queremos garantizar que las ayudas lleguen a quien realmente las necesite", explicaba ayer la popular Laura Garrido.

Adem¨¢s exige m¨¢s controles de las ayudas y endurecer los castigos por incumplir los requisitos. Si se rechaza un trabajo de forma injustificada, el PP plantea extinguir la ayuda -lo que obligar¨ªa a esperar un a?o para volver a pedirla-. Lo mismo que si se prolonga por m¨¢s de seis meses una suspensi¨®n temporal por no cumplir con las obligaciones cuando se est¨¢ recibiendo la ayuda y si se suspende m¨¢s de dos veces en dos a?os.

En cuanto a las AES, apuesta por un t¨¦rmino medio: permitir hacer los tr¨¢mites burocr¨¢ticos de las ayudas en los ayuntamientos para garantizar la proximidad, ya que Lanbide no tiene oficinas en todos los municipios.

El resto de partidos que han presentado enmiendas -el PNV, Aralar, EA y EB- abogan por trasladar las tres ayudas a Lanbide. De este modo, se evitar¨ªan pol¨¦micas como la que en 2010 enfrent¨® a la consejer¨ªa de Gemma Zabaleta con los ayuntamientos por la financiaci¨®n "insuficiente" de AES por parte del Ejecutivo, que obliga hist¨®ricamente a los consistorios a pagar parte de las AES con su dinero.

Entre el resto de enmiendas, Aralar hace hincapi¨¦ en reforzar la financiaci¨®n a los consistorios para que contraten personal de refuerzo en los servicios sociales y solicita m¨¢s coordinaci¨®n con estos. Tanto Aralar como EB exigen descartar por ley la limitaci¨®n de dos ayudas por cada casa. EB solicita, adem¨¢s, que el convenio de inclusi¨®n activa -compromete a las personas a trabajar por su inclusi¨®n social y laboral- que firman todos los perceptores de ayudas sea diferente para quienes cobren la RGI para complementar un sueldo bajo.