El ministro del Interior, ante el Parlamento

El ministro sali¨® puntualmente del n¨²mero 2 de Marsham Street, sede del Ministerio del Interior del Reino Unido (Home Office). Se dirig¨ªa al Parlamento para comparecer ante la C¨¢mara de los Comunes en relaci¨®n con un tema que hab¨ªa suscitado vivas reacciones en la sociedad brit¨¢nica. Se discut¨ªa sobre la necesidad o no de introducir un modelo de documento de identidad que pudiera contener datos excesivos, como los biom¨¦tricos (descripci¨®n del rostro, altura peso y algunos m¨¢s). Estaba en juego el derecho a la intimidad frente a las intromisiones excesivas del Poder Ejecutivo.

Mientras su autom¨®vil circulaba hacia la orilla del T¨¢mesis, el ministro, asiduo visitante de nuestro pa¨ªs como muchos otros de sus conciudadanos, dedic¨® su tiempo a hojear los peri¨®dicos espa?oles. Seg¨²n sus aparatosos titulares, su hom¨®logo espa?ol, Mr. Rubalcaba, se encontraba en una inc¨®moda posici¨®n pol¨ªtica porque, en plena tregua y abiertas negociaciones, autorizadas por el Parlamento espa?ol, con la banda terrorista ETA, pudo haber ordenado demorar la detenci¨®n de una persona que, al parecer, formaba parte del grupo que se dedicaba a extorsionar a los industriales vascos. No entend¨ªa muy bien por qu¨¦ una decisi¨®n pol¨ªtica de esta naturaleza pod¨ªa motivar que editorialistas y comentaristas reclamasen la c¨¢rcel para el ministro como autor de varios delitos. Los m¨¢s estridentes le acusaban de traici¨®n a la patria e incluso de terrorista por colaboraci¨®n. Adem¨¢s, las personas que hab¨ªa participado en la negociaci¨®n, como mandatarios del Gobierno, con los interlocutores de la banda terrorista, hab¨ªan sido llamados por el juez que segu¨ªa una causa por colaboraci¨®n con banda armada, no se sabe muy bien si como testigos o quiz¨¢s tambi¨¦n colaboradores de los terroristas.

En Reino Unido ser¨ªa impensable perseguir a pol¨ªticos y funcionarios que intentan que los terroristas renuncien

Las descalificaciones y exigencias de responsabilidades penales grav¨ªsimas le resultaban, por lo menos, extra?as e incluso extravagantes. Recordaba a sus antecesores en el cargo cuando se llevaron a efecto alguno de los numerosos intentos de acuerdo con el IRA irland¨¦s. Los esfuerzos hab¨ªan sido reiterados y las incidencias largas y tortuosas. En ellas participaron primeros ministros conservadores como Margaret Thatcher o John Major y fueron culminadas por un primer ministro laborista, Tony Blair.

Ante la catarata de descalificaciones se imagin¨® lo que hubieran dicho algunos medios espa?oles si en su pa¨ªs se hubiese alcanzado con los terroristas de ETA un convenio semejante al conocido como Acuerdo de Viernes Santo con el IRA. En alguno de sus puntos se abordaban temas policiales, judiciales y de seguridad, incluyendo la r¨¢pida liberaci¨®n de los presos pertenecientes a organizaciones paramilitares que mantuvieran un alto el fuego. Consultar¨ªa con sus asesores jur¨ªdicos la racionalidad de las imputaciones delictivas que se hac¨ªan a su colega espa?ol. No le entraba en la cabeza que un acto pol¨ªtico, de pura estrategia policial, con una finalidad tan l¨®gica como no frustrar las negociaciones, pudiera ser considerado como un delito de terrorismo en su modalidad de colaboraci¨®n con banda armada. No se imaginaba que una ley pudiera considerar colaboradores del terrorismo a pol¨ªticos y funcionarios que participaban en la delicada tarea de conseguir el abandono de las armas por parte de un grupo terrorista. Los expertos del ministerio le aseguraban que el C¨®digo Penal espa?ol solo consideraba colaboradores a las personas que, identific¨¢ndose con las actividades terroristas o simpatizando con ellas, les ayudaran, mediante actos materiales muy concretos, a conseguir sus fines.

?l hubiera adoptado tales decisiones y, adem¨¢s, se ver¨ªa respaldado por la mayor¨ªa, por no decir por la totalidad, de los partidos y lejos de cualquier temor a verse implicado en un caso criminal.

Tambi¨¦n acusaban a su colega espa?ol de avisar a un sospechoso para que no acudiera a una cita en la que pod¨ªa ser detenido. No le entraba en la cabeza que un acto de pura estrategia policial, con el fin de no perjudicar las negociaciones, pudiera ser considerado como un delito de terrorismo. Solo desde el disparate se podr¨ªa sostener una postura semejante. Un responsable p¨²blico, en una situaci¨®n de inter¨¦s nacional, avalada por decisiones parlamentarias, tiene el deber de tomar todas aquellas decisiones que puedan justificarse en raz¨®n de los fines perseguidos, que no eran otros que tratar de sacar adelante un plan leg¨ªtimo y pol¨ªticamente aceptado en sede parlamentaria.

Mientras conversaba con sus colaboradores record¨® una frase, escuchada en unas vacaciones en Tenerife, que estaba relacionada con un personaje hist¨®rico de su pa¨ªs. En una conversaci¨®n que se desliz¨® hacia cuestiones pol¨ªticas, alguien coment¨® que el gran error de los canarios hab¨ªa sido no dejar entrar al almirante Nelson y haber dejado salir a Franco. Quiz¨¢, esos avatares hist¨®ricos y la plaga de 40 a?os de dictadura pudieran explicar esta extra?a reacci¨®n de algunos sectores enquistados en los medios de comunicaci¨®n espa?oles.

Comparto ¨ªntegramente las opiniones del ministro brit¨¢nico y sus asesores. Es lamentable que estemos tan lejos de la cohesi¨®n democr¨¢tica de los ciudadanos brit¨¢nicos. Infelizmente somos un pa¨ªs que se alimenta de la confrontaci¨®n partidista, olvidando los valores democr¨¢ticos que se consideran intangibles en otras democracias.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn es magistrado del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisi¨®n Internacional de Juristas con sede en Ginebra.