Una interpretaci¨®n sesgada

En todos los pa¨ªses con Constituciones democr¨¢ticas y unos sistemas razonablemente eficaces de ense?anza p¨²blica, la mayor¨ªa de los ciudadanos es capaz de comprender las acciones ejecutivas y legislativas de sus Gobiernos, pero el funcionamiento del sistema judicial sigue siendo una especie de misterio.

En un art¨ªculo reciente me refer¨ª a las interpretaciones encontradas de la segunda enmienda a la Constituci¨®n de Estados Unidos, pero dej¨¦ para un art¨ªculo futuro la explicaci¨®n de una reciente decisi¨®n del Tribunal Supremo (TS) que confirmaba la arbitraria interpretaci¨®n difundida en las ¨²ltimas d¨¦cadas por la Asociaci¨®n Nacional del Rifle, que la utiliza como criterio para apoyar u oponerse a los candidatos a numerosos cargos electos, nacionales, estatales y municipales.

En el XVIII, el derecho a portar armas se concedi¨® para sostener una "milicia bien regulada"

Los conservadores lograron vincular gastos electorales ilimitados con la libertad de expresi¨®n

Despu¨¦s de obtener su independencia de Inglaterra en 1783, las antiguas colonias instauraron un Gobierno "nacional" muy limitado, sujeto a los "art¨ªculos de la confederaci¨®n", que, como se vio despu¨¦s, carec¨ªa de la autoridad necesaria para controlar los 13 Estados federados. Entre 1787 y 1788 se elabor¨® una nueva Constituci¨®n, en su mayor parte redactada por unos pr¨®speros abogados que representaban a los terratenientes y comerciantes m¨¢s ricos y educados de una poblaci¨®n que deseaba formar una uni¨®n m¨¢s eficaz. Pero muchos ciudadanos temieron la posibilidad de que un Gobierno central m¨¢s fuerte limitara seriamente las libertades de los Estados.

Uno de sus temores era que el Gobierno central empleara la fuerza militar para reprimir las protestas de agricultores y trabajadores indefensos. James Madison (futuro cuarto presidente de EE UU) propuso una enmienda que promet¨ªa que la gente nunca estar¨ªa sometida al poder militar federal, porque "no se vulnerar¨¢ su derecho a tener y portar armas; ya que una milicia bien armada y bien regulada es la mejor garant¨ªa de seguridad de un pa¨ªs libre".

Al llegar aqu¨ª es importante recordar que gran parte del debate actual sobre c¨®mo debe interpretar el TS la Constituci¨®n refleja la demanda conservadora de que esa interpretaci¨®n sea coherente con las "intenciones de los Padres Fundadores". Es dif¨ªcil decir c¨®mo habr¨ªan interpretado los Padres Fundadores las leyes m¨¢s recientes. No obstante, no es descabellado suponer que la cuesti¨®n de si debe permitirse que todos los ciudadanos posean y lleven armas de fuego implica acciones, opiniones y peligros muy similares, pese a los m¨¢s de dos siglos transcurridos.

Sin embargo, existen al menos dos inmensas disparidades entre las condiciones de fines del XVIII y las actuales: 1) la diferencia entre aquellos fusiles que se cargaban a mano y no ten¨ªan miras telesc¨®picas, y la variedad de armas autom¨¢ticas que efect¨²an disparos mucho m¨¢s potentes y numerosos en un intervalo de tiempo concreto de lo que se pod¨ªa imaginar hace 200 a?os, y 2) las guerras entre bandas y las matanzas individuales que se producen en institutos y universidades. Esto ha hecho que muchas autoridades municipales y estatales hayan implantado controles sobre la venta de armas, a lo que se ha opuesto siempre la Asociaci¨®n Nacional del Rifle.

Uno de los Gobiernos locales que trat¨® de reducir la violencia por armas de fuego fue el Distrito de Columbia (que es la capital del pa¨ªs y alberga la sede de la Presidencia, la C¨¢mara de Representantes, el Senado y el Tribunal Supremo). El Distrito posee uno de los mayores ¨ªndices de criminalidad de todas las ¨¢reas urbanas, y su Ayuntamiento aprob¨® una ley que prohib¨ªa la posesi¨®n de casi todos los tipos de armas cortas y exig¨ªa que otras armas estuvieran descargadas cuando estuvieran guardadas en casa de sus propietarios. El TS, en una victoria de los jueces conservadores por cinco a cuatro, anul¨® la ley con el argumento de que violaba el derecho constitucional a tener armas en casa para defenderse.

En cuanto al objetivo de la segunda enmienda, la postura mayoritaria fue que la intenci¨®n era proteger el derecho de todos los estadounidenses adultos a poseer armas. Los historiadores est¨¢n de acuerdo, en general, con la posici¨®n expresada en The New York Times por una destacada especialista en la Constituci¨®n, la catedr¨¢tica Pauline Maier, cuyo an¨¢lisis cito a continuaci¨®n: "El Congreso modific¨® (en 1788) ligeramente la redacci¨®n de Madison: 'Dado que una milicia bien regulada es necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se vulnerar¨¢ el derecho de la gente a tener y portar armas'. En las leyes del siglo XVIII, el pre¨¢mbulo (en este caso, la primera cl¨¢usula) expon¨ªa el prop¨®sito de una promulgaci¨®n. Es decir, el derecho a tener y portar armas se conced¨ªa como medio para sostener esa 'milicia bien regulada'. Eso es lo que hab¨ªa querido decir el Congreso y lo que aprobaron los Estados".

Yo siento gran admiraci¨®n por muchos de los dirigentes que celebraron la Convenci¨®n Constituyente de 1787, y creo que es apropiado tener en cuenta sus intenciones si estas tienen relaci¨®n con el problema actual que se est¨¢ juzgando. Pero lo que el voto mayoritario del TS hizo, en este caso, fue aceptar las opiniones de la Asociaci¨®n Nacional del Rifle sobre el significado de la segunda enmienda.

En otra victoria reciente del ala conservadora del TS, tambi¨¦n por cinco a cuatro, en el caso de Ciudadanos Unidos contra la Comisi¨®n Electoral Federal, el tema de debate principal era la influencia del dinero en el resultado de las elecciones. ?Deber¨ªa tener derecho el Gobierno Federal a limitar la cantidad de dinero que las empresas, los sindicatos, las c¨¢maras de comercio, los think-tanks, etc¨¦tera, pueden gastar legalmente para apoyar a sus candidatos preferidos?

Desde fines de los a?os cuarenta hasta 2010, los sucesivos TS hab¨ªan aceptado siempre la necesidad de que existieran controles para impedir que grupos pol¨ªticos leg¨ªtimos, pero sin poder econ¨®mico, quedaran asfixiados por rivales mucho m¨¢s ricos. En el caso de Ciudadanos Unidos, sin embargo, la mayor¨ªa conservadora dict¨® que cualquier l¨ªmite al volumen de gasto en las campa?as pol¨ªticas violaba la libertad de expresi¨®n para todos los ciudadanos garantizada en la primera enmienda. Al expresar las opiniones de los cinco magistrados que hab¨ªan emitido el voto mayoritario, el juez Anthony Kennedy escribi¨®: "Si la primera enmienda tiene alg¨²n poder, es el de impedir al Congreso que multe o encarcele a ciudadanos, o asociaciones de ciudadanos, solo por expresar opiniones pol¨ªticas".

La frase ilustra las amargas exageraciones que caracterizan parte del debate sobre la vida p¨²blica en EE UU. Nadie hab¨ªa dicho nada de "encarcelar" a nadie por hablar de pol¨ªtica, pero una parte crucial de los argumentos conservadores es permitir que el gasto ilimitado de dinero se considere un componente directo de la libertad de expresi¨®n. La decisi¨®n va en contra de los precedentes legales establecidos durante los 70 a?os anteriores porque ignora la enorme diferencia entre la capacidad econ¨®mica de las grandes corporaciones y la de las organizaciones de clase media y trabajadora, diferencias que son incluso mucho mayores hoy que en los a?os en los que los tribunales federales s¨ª aceptaban la idea de que los candidatos menos acomodados necesitaban alguna protecci¨®n contra los mayores recursos econ¨®micos de sus adversarios.

En su explicaci¨®n del voto minoritario, derrotado, el juez Stevens escribi¨®: "La diferencia entre vender un voto y vender el acceso a los medios no es cualitativa, sino cuantitativa. Y vender ese acceso no es cualitativamente distinto a dar preferencia especial a quienes han gastado dinero para beneficiar a una persona". La importancia de las palabras "vender" el "acceso" es que incorporan al debate el hecho de que, en la era de Internet y la consolidaci¨®n de las poderosas cadenas de televisi¨®n, los costes de conseguir que las opiniones libres de una persona lleguen a un gran p¨²blico se han vuelto gigantescos. A los jueces conservadores les parece muy bien que, en la pr¨¢ctica, la libertad de expresi¨®n de los progresistas y la izquierda est¨¦ limitada por su inferioridad econ¨®mica relativa. Las sumas de dinero de que disponen los conservadores, muy superiores, no son m¨¢s que un aspecto justificado de su "libertad de expresi¨®n".

Por desgracia, los dos casos que menciono en este art¨ªculo son ejemplos t¨ªpicos de c¨®mo est¨¢ contribuyendo el Supremo de manera sustancial a reforzar la extrema derecha en la vida pol¨ªtica de EE UU.

Gabriel Jackson es historiador estadounidense. Traducci¨®n de Mar¨ªa Luisa Rodr¨ªguez Tapia.