La contrarrevoluci¨®n del Golfo

Arabia Saud¨ª no ha permanecido impasible ante las revueltas ¨¢rabes. Al contrario, su respuesta ha sido inmediata y rotunda, reflejando su determinaci¨®n de que los reg¨ªmenes del Golfo permanezcan ajenos a este tipo de levantamiento revolucionario. El reino se ha alzado como l¨ªder de un nuevo frente reaccionario que est¨¢ resuelto a abatir las demandas populares de reforma. Las herramientas son bien conocidas, ya que han sido empleadas con anterioridad en momentos de crisis pol¨ªtica. La inestabilidad pol¨ªtica se afronta con palos y zanahorias: dinero por un lado y restricciones del espacio pol¨ªtico y social por otro.

El desembolso saud¨ª para paliar cualquier esbozo de queja por parte de la poblaci¨®n ha sido desorbitado. Los generosos incentivos financieros se estiman en un total de casi 130.000 millones de d¨®lares (m¨¢s de 180.000 millones de euros). Las medidas incluyen ayudas al desempleo, subidas salariales y un salario m¨ªnimo para empleados del Estado, bonificaciones para trabajadores del sector p¨²blico y estudiantes, la construcci¨®n de 500.000 viviendas, la creaci¨®n de 60.000 nuevos puestos de trabajo en el Ministerio del Interior y una nueva comisi¨®n para combatir la corrupci¨®n. Adem¨¢s, se han destinado unos 375 millones de d¨®lares a las instituciones religiosas; esta aparente recompensa por su apoyo a la hora de denunciar cualquier protesta contra el r¨¦gimen supone un retroceso en las pol¨ªticas de reforma del rey Abdullah, que hab¨ªan buscado neutralizar el poder religioso, y una vuelta al m¨¢s estricto conservadurismo social.

Los enormes ingresos procedentes del petr¨®leo act¨²an como colch¨®n ante cualquier protesta

La familia real ha vuelto a hacer uso del pilar religioso, que emite las fetuas de rigor

Mientras el PIB per c¨¢pita de Egipto es un poco m¨¢s de 6.000 d¨®lares y el de T¨²nez est¨¢ cerca de 9.000 d¨®lares, el de Arabia Saud¨ª est¨¢ en 24.000 d¨®lares y en alza. Los enormes ingresos procedentes del petr¨®leo act¨²an como colch¨®n ante cualquier protesta. El Estado distribuye las rentas del petr¨®leo a cambio de que la poblaci¨®n ceda sus derechos pol¨ªticos y civiles, de ah¨ª que no est¨¦n permitidos los partidos pol¨ªticos, ni las manifestaciones, ni las organizaciones de la sociedad civil. Pero el crecimiento econ¨®mico es desigual y el pa¨ªs se enfrenta a altas tasas de desempleo (27% para los menores de 30 a?os en 2009), una tasa de inflaci¨®n en m¨¢ximos hist¨®ricos y costes de vivienda fuera del alcance de la mayor¨ªa de la clase media. El r¨¦gimen ha acelerado la creaci¨®n de empleo en el sector p¨²blico desde 2008, pero es una batalla perdida. Cada a?o unos 400.000 saud¨ªes entran en el mercado laboral, unas cantidades que ni la mayor burocracia podr¨ªa absorber. Mientras medidas blandas contrarrevolucionarias como subsidios y creaci¨®n de empleos p¨²blicos pueden funcionar a corto plazo, a la larga son fiscalmente insostenibles y estructuralmente nocivas. Se crea un sistema corrupto de incentivos, atrayendo a la poblaci¨®n a trabajos bien pagados en el sector p¨²blico en detrimento del sector privado y socavando as¨ª la necesaria diversificaci¨®n econ¨®mica.

La otra cara de la moneda han sido las medidas restrictivas. La aparente vulnerabilidad del r¨¦gimen de Bahr¨¦in fue una llamada de atenci¨®n que desat¨® el miedo en los regentes del Golfo, alent¨¢ndoles a cortar de ra¨ªz cualquier disidencia. Un espacio pol¨ªtico ya de por s¨ª estrecho se ha visto reducido a¨²n m¨¢s. Las medidas incluyen detenciones, restricciones de los medios de comunicaci¨®n y la reiteraci¨®n de las l¨ªneas rojas que no se pueden violar. Los arrestos se han concentrado en las provincias orientales, donde reside la mayor¨ªa de los chi¨ªes, y fuentes de Human Rights Watch hablan de hasta 145 detenidos desde febrero. Las autoridades han reiterado la prohibici¨®n de manifestaciones y protestas p¨²blicas. Los ulemas han cooperado en este esfuerzo, avisando de que las protestas van en contra del islam. Tambi¨¦n se ha bloqueado el intento de establecer lo que hubiese sido el primer partido pol¨ªtico del reino: el Partido Isl¨¢mico de la Umma. Su llamamiento a una reforma pol¨ªtica pac¨ªfica, dentro de unos par¨¢metros isl¨¢micos, fue suficiente para arrestar a cinco de sus fundadores. Las restricciones a los medios se concretaron en un decreto que proh¨ªbe la publicaci¨®n de cualquier art¨ªculo que contradiga la ley isl¨¢mica, sirva intereses extranjeros o socave la seguridad nacional. Se criminaliza adem¨¢s la publicaci¨®n de insultos al gran muft¨ª, a miembros del consejo de ulemas o a representantes del Gobierno. Tambi¨¦n se han impuesto restricciones en los medios de comunicaci¨®n electr¨®nicos, obligando a los blogueros a obtener licencias del Gobierno y a los medios electr¨®nicos a registrarse.

Con estas medidas parece ponerse fin a cualquier ambici¨®n de reforma albergada tras el ascenso del rey Abdullah al trono en 2005. Aunque la promesa de liberalizaci¨®n no se hab¨ªa materializado, algo de espacio pol¨ªtico s¨ª se hab¨ªa abierto en los ¨²ltimos a?os y el enfoque del monarca en las reformas de la educaci¨®n y la justicia, tradicionalmente feudos del poder religioso, parec¨ªa se?alar su intenci¨®n de frenar el poder de las instituciones religiosas. Ante las revueltas ¨¢rabes la familia real ha vuelto a hacer uso del pilar religioso y este ha cumplido, emitiendo las fetua de rigor. Algunos peque?os gestos como el anuncio de la celebraci¨®n de las elecciones municipales en septiembre de este a?o (pospuestas desde 2009), la liberaci¨®n de algunos presos pol¨ªticos o las reuniones de algunos gobernadores con activistas locales no se perciben ya como esfuerzos reformistas sino como un mero ejercicio de relaciones p¨²blicas.

Las respuestas nacionales han estado complementadas por un cierre de bandas regional. Los reg¨ªmenes del Golfo no dudaron en acudir al apoyo de Bahr¨¦in y a mediados de marzo tropas saud¨ªes y fuerzas policiales de los Emiratos ?rabes entraban en el peque?o reino supuestamente bajo el paraguas de las fuerzas del Escudo Pen¨ªnsula del Consejo de Cooperaci¨®n del Golfo (CCG). Asimismo han aunado fuerzas para mediar en el conflicto de Yemen, rendir su apoyo a la intervenci¨®n en Libia o para ofrecer un total de 20.000 millones de d¨®lares en ayudas econ¨®micas a Bahr¨¦in y Om¨¢n, los dos pa¨ªses m¨¢s azotados por protestas internas. Las invitaciones a Jordania y Marruecos a formar parte del CCG parecen dise?adas para fortalecer aun m¨¢s el grupo de monarqu¨ªas como contrapeso a los cambios regionales.

Y luego est¨¢ el recurrente espectro de Ir¨¢n. En abril, el CCG emiti¨® un comunicado en el que reflejaba su preocupaci¨®n "por las continuas intromisiones iran¨ªes" y acusaba a Ir¨¢n de conspirar contra las monarqu¨ªas ¨¢rabes. La intervenci¨®n en Bahr¨¦in se puede leer en parte como una se?al, tanto a los poderes chi¨ªes de la regi¨®n, Ir¨¢n e Irak, de que no interfieran en los asuntos de la pen¨ªnsula Ar¨¢biga, como para el presidente Obama, de que no intente apoyar movimientos de cambio en la regi¨®n del Golfo. Es cierto que la creciente influencia iran¨ª tras la invasi¨®n de Irak preocupa a los saud¨ªes y que un componente importante de su pol¨ªtica exterior se basa en frenarla, ya sea en Afganist¨¢n, Irak, L¨ªbano, Yemen o los Territorios Palestinos.

Pero m¨¢s all¨¢ del balance de poder regional, culpar a Ir¨¢n de inmiscuirse en asuntos internos y de estar detr¨¢s de las revueltas en Bahr¨¦in obedece a una vieja t¨¢ctica de los Gobiernos de la regi¨®n para deslegitimar las protestas, tach¨¢ndolas de intromisiones del exterior. Se externalizan as¨ª las ra¨ªces de las protestas y se desligan de cualquier agravio nacional leg¨ªtimo. Se deslegitima adem¨¢s a la oposici¨®n chi¨ª, cuestionando su lealtad. Pero el juego sectario es peligroso y lo que se est¨¢ consiguiendo es recrudecer las tensiones.

De momento, Arabia Saud¨ª parece haber despistado a las revueltas. La oposici¨®n est¨¢ dividida ideol¨®gicamente y poco organizada, el rey goza de popularidad y el r¨¦gimen sigue su pol¨ªtica de patronazgo. A la larga, sin embargo, esta f¨®rmula de apaciguamiento puede resultar insostenible. La distribuci¨®n de las rentas alimenta la imagen de una familia real magn¨¢nima y generosa, pero al ofuscar la diferencia entre prestaciones sociales y donaciones reales se exacerba el problema de la falta de derechos. Es posible que los saud¨ªes se cansen un d¨ªa de ser tratados como s¨²bditos, aunque muy bien tratados, en lugar de como ciudadanos con derechos y obligaciones. Hasta ahora las peticiones de reforma no han mencionado el cambio de r¨¦gimen y se han limitado a pedir moderadas reformas pol¨ªticas, pero el contrato social que define la relaci¨®n entre los gobernantes y los ciudadanos -el trueque de riqueza econ¨®mica a cambio de poder pol¨ªtico- no durar¨¢ siempre. Para mantener su legitimidad el r¨¦gimen tendr¨¢ alg¨²n d¨ªa que reformarse y hacerse eco de los tiempos que corren.

Ana Echag¨¹e es investigadora en la Fundaci¨®n para las Relaciones Internacionales y el Di¨¢logo Exterior (FRIDE).