La otra deuda se dispara

Entidades como el Instituto de Geom¨¦trica de Catalu?a, la Fundaci¨®n Galicia-Am¨¦rica o Andaluc¨ªa Aeroespacial han proliferado sin demasiados recelos durante la etapa de expansi¨®n auton¨®mica que ha vivido Espa?a. Estos tres organismos son solo una muestra de los casi 1.300 que las comunidades han alumbrado sin que sus n¨²meros se sometan al cors¨¦ de d¨¦ficit y deuda que Espa?a, como el resto de pa¨ªses europeos, est¨¢ obligada a vestir. Lejos de frenarlas, la crisis ha alentado aun m¨¢s esas pr¨¢cticas, perfectamente legales. Y esta deuda de las administraciones territoriales se ha disparado en los ¨²ltimos tres a?os. Las autonom¨ªas la han elevado un 66%, mientras los ayuntamientos pr¨¢cticamente la han duplicado, seg¨²n datos del Banco de Espa?a.

Los ¨®rganos paralelos locales y auton¨®micos deben casi 27.000 millones

Catalu?a es la Administraci¨®n regional que m¨¢s usa estas entidades

La tensi¨®n entre el PSOE y el PP magnifica las dudas sobre las cifras

Todas las Administraciones p¨²blicas -incluida la central- tienen, junto a la deuda oficial, un ap¨¦ndice en el que incluyen organismos total o parcialmente p¨²blicos con autorizaci¨®n para salir de los registros que examina la Uni¨®n Europea. La contabilidad comunitaria considera que no lastra al sector p¨²blico aquella sociedad cuyos ingresos comerciales permiten financiar al menos la mitad de sus costes. De los 2.386 entes auton¨®micos que tiene contabilizados el Ministerio de Econom¨ªa, m¨¢s de la mitad se ajustan a esos criterios que marca Bruselas. Las empresas que no computan en la caja general acumulan un pasivo de 17.284 millones de euros en el caso de las comunidades (el 1,6% del PIB nacional) y de otros 9.000 en los ayuntamientos, seg¨²n las cifras de cierre de 2010 que recoge el Banco de Espa?a.

Si se sumase a la deuda oficial, su peso sobre el total auton¨®mico ser¨ªa del 13% y del 20% sobre el municipal. Aunque no resulten muy abultadas, estas cantidades inquietan en un momento en que las cuentas territoriales est¨¢n en el punto de mira. Los datos revelan que su crecimiento se ha acelerado desde finales de 2007, especialmente en los ayuntamientos. "Cuantas m¨¢s restricciones presupuestarias hay, mayor contabilidad creativa se da", analiza Jordi Sevilla, ministro de Administraciones p¨²blicas con el primer Gobierno de Zapatero y ahora asesor de la consultora PriceWaterhouseCoopers. "Son pr¨¢cticas legales", recuerda Sevilla.

Aunque el recurso a esta v¨ªa ha sido generalizado, no todas las comunidades lo han empleado con la misma intensidad. Catalu?a es, con diferencia, la que m¨¢s entidades de este tipo ha creado (304), seguida de Andaluc¨ªa (159) y de Madrid (92). L¨®gicamente, la puesta en marcha de estos entes tiene mucho que ver con el tama?o y las competencias de cada comunidad, aunque tambi¨¦n con una estructura algo desbordada de la Administraci¨®n p¨²blica. Catalu?a est¨¢ tambi¨¦n a la cabeza en la deuda que esas entidades generan (un 4% de su PIB regional). Con este par¨¢metro, quien le sigue es la Comunidad Valenciana (3% del PIB) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Ese c¨²mulo de sociedades en la sombra es muy heterog¨¦neo. "Hay colesterol bueno y colesterol malo", bromea C¨¦sar Cantalapiedra, experto en sector p¨²blico de Analistas Financieros Internacionales. En algunos casos, el peligro de que el contribuyente tenga que acabar cargando con el peso de esa deuda parece salvado. Cantalapiedra cita el caso de una empresa p¨²blica vasca que explota la concesi¨®n de autopistas y que con el dinero que ingresa financia otras obras p¨²blicas. Es decir, no solo no es gravosa, sino que genera recursos que benefician a la comunidad.

Existen casos m¨¢s dudosos, como algunas empresas de transporte urbano. Tanto Hacienda como Eurostat, la oficina estad¨ªstica europea, eval¨²an constantemente estas sociedades y en muchas ocasiones corrigen a la Administraci¨®n correspondiente la decisi¨®n inicial de haberlas sacado de los criterios de d¨¦ficit y de deuda. As¨ª ocurri¨® con Mintra, sociedad de infraestructuras del Metro de Madrid, que Bruselas oblig¨® a incluir en los desequilibrios declarados porque no cre¨ªa que tuviera capacidad de financiarse fuera del abrigo p¨²blico. Una buena parte de las entidades asociadas a las autonom¨ªas figura sin adscripci¨®n clara en el inventario. Es decir, pendiente de que el grupo de trabajo decida si deben ser contabilizadas en el sector p¨²blico o pueden instalarse en la Administraci¨®n paralela.

La muestra m¨¢s evidente de que las comunidades han tardado en reaccionar en cuanto a la escasez de recursos p¨²blicos reside en la evoluci¨®n que han mostrado las entidades p¨²blicas que controlan. No es solo que haya aumentado la deuda, es que tambi¨¦n lo ha hecho el n¨²mero de entes auton¨®micos, al pasar de 2.280 a principios de 2008 a 2.386 en julio de 2010 (la actualizaci¨®n con datos de 2011 se conocer¨¢ en breve). Estas cifras incluyen tanto los que consolidan como los que no.

En el mismo periodo, la Administraci¨®n central ha pasado de tener 477 entes a 454. No se trata de un cambio abismal, pero la tendencia es a la baja. El experto de AFI augura un inmediato descenso en el inventario de entes auton¨®micos. "No ha dado tiempo a que se refleje. Hay muchos planes de racionalizaci¨®n del sector p¨²blico que han estado esperando a las elecciones para empezar a aplicarse", asegura Cantalapiedra.

Aunque los desequilibrios existan, la tensi¨®n entre el PP y el PSOE a cuenta de la fiabilidad de las cifras no hace sino magnificarlos. "El pa¨ªs necesita que los dos grandes partidos se sienten y acuerden 10 cosas, entre ellas las finanzas p¨²blicas", concluye Jordi Sevilla.