Funcionarios y empresarios, nuevos imputados de Astapa

El caso Astapa contra la corrupci¨®n pol¨ªtica y municipal en el Ayuntamiento de Estepona (M¨¢laga) contin¨²a vivo y en pleno proceso de investigaci¨®n. El juez Jes¨²s Torres, titular del juzgado n¨²mero 1 de la localidad, ha acordado 21 nuevas imputaciones cuando se cumplen tres a?os de las primeras detenciones. Entre los implicados hay "funcionarios, cargos p¨²blicos y empresarios", seg¨²n fuentes cercanas al caso. Con este movimiento, el n¨²mero total de imputados llegar¨¢ a los 94.

Fue la polic¨ªa la que solicit¨® al juez que autorizara estas nuevas implicaciones por delitos como malversaci¨®n de capitales, prevaricaci¨®n, cohecho o falsedad documental. Fuentes judiciales aseguran que esta petici¨®n llevaba un tiempo sobre la mesa del instructor. Sin embargo, no se ha conocido la determinaci¨®n de Torres hasta que se ha constituido la nueva corporaci¨®n, que dirige el nuevo alcalde Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa Urbano (PP) con mayor¨ªa absoluta.

El juez considera que tres empresas son las v¨¦rtebras de la investigaci¨®n

Los implicados ser¨¢n citados primero en dependencias policiales y, probablemente a mediados de julio, pasar¨¢n por el juzgado n¨²mero 1 de Estepona, encargado de la instrucci¨®n del caso.

Hoy se cumple el tercer aniversario de la actuaci¨®n policial que trastoc¨® seriamente el funcionamiento del Ayuntamiento esteponero. La operaci¨®n provoc¨® la detenci¨®n del entonces alcalde socialista Antonio Barrientos junto con concejales de su equipo de gobierno, como Francisco Zamorano, y de la oposici¨®n, como los posgilistas Ignacio Crespo o Manuel Reina; adem¨¢s de numerosos t¨¦cnicos municipales y empresarios. En este tiempo se han investigado irregularidades en contratos de servicios, convenios urban¨ªsticos o financiaci¨®n de partidos, entre otros asuntos.

Parte de las diligencias del caso contin¨²an bajo secreto. A finales de 2010, el juez asegur¨® en un auto que estaban poniendo "todos los medios" para que las partes pudieran conocer el contenido del sumario entero. Con todo, reconoci¨® que las diligencias estaban afectando "a la pr¨¢ctica totalidad" de los imputados.

Las ¨²ltimas pistas sobre las pesquisas policiales se encuentran en algunos autos del instructor, en los que centra su atenci¨®n en tres empresas, una p¨²blica y dos privadas, que considera "v¨¦rtebras" de la investigaci¨®n. Se trata de la sociedad p¨²blica Empladus, dedicada al planeamiento urban¨ªstico, y de las entidades privadas Aedon y Ad Volution.

Aedon era una empresa, a la que, seg¨²n testigos de la causa, el Grupo Independiente Liberal (GIL) adjudic¨® entre 1995 y 1999 numerosos los proyectos urban¨ªsticos de la ciudad. Cuando un gobierno cuatripartito expuls¨® al GIL de la alcald¨ªa en 1999, el nuevo equipo de gobierno rechaz¨® los proyectos presentados por Aedon al municipio a trav¨¦s de la sociedad Empladus, porque consideraban que su precio era desorbitado.

En la sociedad p¨²blica Empladus, la Agencia Tributaria detect¨® un desfase de 16 millones de euros por los ingresos de aprovechamientos urban¨ªsticos entre 2003 y 2003 que ning¨²n funcionario pudo justificar. La empresa de publicidad Ad Volution denunci¨® a la formaci¨®n posgilista Partido de Estepona (PES) en marzo de 2008 por no pagarle parte de unos trabajos de una campa?a electoral.