La Fiscal¨ªa del Supremo defiende que las actas de la Junta andaluza son reservadas

La juez de Sevilla que investiga el caso del fraude de los expedientes de regulaci¨®n de empleo (ERE) pagados con dinero p¨²blico remiti¨® ayer al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, el contencioso planteado por la Junta de Andaluc¨ªa. El Ejecutivo aut¨®nomo defiende que las actas de los Consejos de Gobierno requeridas por la magistrada son secretas, por lo que Mercedes Alaya no ten¨ªa derecho a reclamarlas.

Tres meses despu¨¦s de que la Junta formulara este pulso, la instructora dicta ahora un auto en el que deja en manos del Supremo la decisi¨®n ¨²ltima de si puede acceder a las actas del Gobierno andaluz desde 2001. El mi¨¦rcoles, la Audiencia de Sevilla hab¨ªa instado a la magistrada a devolver las 480 actas intervenidas. La Junta las recuperar¨¢ el pr¨®ximo lunes.

El Ejecutivo socialista entiende que esta informaci¨®n es reservada, pero sobre todo cree que solo el Gobierno andaluz es el que tiene la facultad de decidir cu¨¢ndo la hace p¨²blica, en virtud de la Ley del Gobierno.

Esta tesis la comparte tambi¨¦n el fiscal del Supremo Luis Navajas, quien, en un escrito de fecha 29 de junio y remitido a la Sala de Conflictos de Jurisdicci¨®n, opina que la juez Alaya "debe declinar" su autoridad en la reclamaci¨®n de las 480 actas del Consejo de Gobierno "porque estar¨ªa invadiendo competencias que son propias" del poder Ejecutivo y supone una actuaci¨®n "al margen del principio de proporcionalidad".

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, el fiscal sostiene que las actas "deben ser consideradas como materia reservada". Y basa su opini¨®n tanto en la Ley de Gobierno de la comunidad como en la Ley de Secretos Oficiales, por lo que sostiene que "¨²nicamente podr¨¢n hacerse p¨²blicos en la forma y en el momento" en que lo decida el Gobierno andaluz. No obstante, el fiscal sugiere al juzgado del caso de los ERE que no solicite "la entrega indiscriminada" de las actas, sino los acuerdos aprobados por el Gobierno.

La juez Alaya lleva 30 meses investigando el fraude en los ERE, pero todav¨ªa no ha culminado la instrucci¨®n de ninguna de las ramas del caso. ?Por qu¨¦ la juez quiere las actas? Porque entiende que el procedimiento administrativo por el que se concedieron las ayudas para pagar las prejubilaciones, m¨¢s r¨¢pido pero con menos controles previos, permiti¨® el fraude. Y quiere saber si en las reuniones de los Consejos de Gobierno se obviaron o trataron los informes de la Intervenci¨®n General de la Junta en los que se advert¨ªa que el tr¨¢mite escogido prescind¨ªa "de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la ley".

Alaya, en el auto en que promueve el conflicto de jurisdicci¨®n, opina que la Intervenci¨®n inform¨® de este hecho al entonces consejero de Econom¨ªa "y hoy presidente de la Junta de Andaluc¨ªa", Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n. El Gobierno andaluz mantiene que el informe de la Intervenci¨®n no lleg¨® ni a la mesa del consejero ni del Consejo de Gobierno porque no era necesario.