Cadena alimentaria, poder desigual

Los precios de los productos agrarios frescos se incrementan una media del 500% y hasta un 1.000% desde su salida de origen hasta su llegada al consumidor, seg¨²n los datos elaborados mensualmente por la organizaci¨®n agraria COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), junto a la Uni¨®n de Consumidores Espa?oles y de Confederaci¨®n Espa?ola de Organizaciones de Amas de Casa.

La participaci¨®n del agricultor o ganadero en el precio final de un producto agroalimentario al consumo mantiene una l¨ªnea de ca¨ªda hasta situarse solamente en poco m¨¢s del 20%, seg¨²n los datos manejados por la Comisi¨®n de la Uni¨®n Europea. Los estudios desarrollados en los ¨²ltimos a?os por el Observatorio de Precios del Ministerio de Medio Ambiente sobre el comportamiento de los productos agrarios m¨¢s importantes han confirmado el efecto multiplicador de los precios en los procesos de comercializaci¨®n.

La Administraci¨®n quiere equilibrar por ley los actuales desajustes

El minifundismo en la oferta agraria y en la industria es el gran problema

Corregir los desequilibrios detectados en el conjunto de la cadena alimentaria constituye en la actualidad una de las principales preocupaciones y objetivos, no solo del sector agrario o la industria alimentaria de tama?o peque?o o medio, sino tambi¨¦n para el conjunto de las Administraciones. El Parlamento y la propia Comisi¨®n Europea han sido pioneros en el planteamiento de medidas para lograr un equilibrio a hora de distribuir los beneficios en el valor final de un producto agroalimentario. Por primera vez, la mejora de la cadena alimentaria se contempla en la propuesta comunitaria para la reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n. En Espa?a, ese objetivo se quiere lograr con la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, cuyo proyecto acaba de aprobar el Gobierno.

El actual desequilibrio y la desigualdad en la distribuci¨®n de beneficios en la cadena alimentaria responder¨ªan fundamentalmente a dos causas. Una, la falta de las adecuadas estructuras para la comercializaci¨®n. Dos, la existencia de un poder desigual entre todos los participantes en dichos procesos.

El sector agrario es el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil de la cadena, que paga los platos rotos de la industria y de la distribuci¨®n. Esta situaci¨®n de indefensi¨®n corresponde a la existencia de una actividad muy atomizada, en la que no tienen el peso suficiente tanto las organizaciones cooperativas como las organizaciones de productores. Se halla igualmente en inferioridad frente a otros sectores econ¨®micos, por tratarse, en muchos casos, de productos perecederos y estacionales, con una oferta muy dispersa y con los precios sometidos a una fuerte volatilidad.

Las industrias se hallan en el medio de la cadena alimentaria y sobre ellas ejerce su poder la gran distribuci¨®n, aunque las mismas tienen la ventaja de poder trasladar la presi¨®n al sector de origen. El principal problema lo soportan las peque?as y medianas empresas, que deben esforzarse para sobrevivir frente a la guerra de precios a la baja, al desarrollo de la marca blanca y otras estrategias adoptadas por la gran distribuci¨®n para aumentar la demanda. En esta batalla no se hallar¨ªan los grandes grupos con marca y con capacidad para imponer sus exigencias a la distribuci¨®n.

Finalmente, como la parte m¨¢s fuerte de la cadena se halla una gran distribuci¨®n, cada d¨ªa m¨¢s concentrada, con capacidad para imponer sus exigencias en sus pol¨ªticas de compras.

Esta situaci¨®n de desequilibrios se puede visualizar por el volumen de facturaci¨®n de los primeros diez grupos en la producci¨®n, la industria y la gran distribuci¨®n. Las primeras diez cooperativas agrarias facturaron en 2009 unos 3.443 millones de euros. En el mismo periodo, las primeras diez empresas en el sector de la industria alimentaria, seis de ellas multinacionales no espa?olas, sumaron ventas por 17.011 millones de euros. A su vez, los diez primeros grupos en la distribuci¨®n facturaron 53.041 millones de euros.

Las posiciones de poder en la cadena alimentaria, seg¨²n denuncian organizaciones agrarias, cooperativas y la propia industria, se traducen en el desarrollo de pr¨¢cticas comerciales abusivas en las condiciones de compra y pagos, ventas a precios bajos o a p¨¦rdidas u otras condiciones que distorsionan los mercados y que van en contra de las reglas de la competencia. Aunque con la aplicaci¨®n de la nueva ley sobre pagos aplazados se estableciera un plazo de 30 d¨ªas para los productos frescos y de 60 d¨ªas para los elaborados, desde los proveedores agrarios e industriales se sigue denunciando incumplimiento.

El quebrantamiento de los plazos por parte de la gran distribuci¨®n supone disponer de una mayor tesorer¨ªa sin coste alguno, la posibilidad de invertir para seguir creciendo, disponer de m¨¢s superficie de ventas y finalmente aumentar a¨²n m¨¢s su poder de negociaci¨®n. La posici¨®n de dominio no es solo cosa de la distribuci¨®n, sino tambi¨¦n de muchas empresas agroalimentarias con pr¨¢cticas similares hacia el sector agrario y muy especialmente las industrias l¨¢cteas, seg¨²n denuncia la UPA (Uni¨®n de Peque?os Agricultores y Ganadores).

Esta situaci¨®n de desequilibrio es reconocida por la Administraci¨®n. En su proyecto de ley pretende mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, desde la cual se aboga por una mayor clarificaci¨®n y transparencia de la cadena alimentaria para mejorar el margen de las industrias y de las rentas agrarias.

En este objetivo, la propuesta legislativa se plantea como primer paso fortalecer la organizaci¨®n en el sector agrario v¨ªa cooperativas y organizaciones de productores. Entre industrias y sector agrario se propugna la posibilidad de suscribir contratos obligatorios y, dando un paso m¨¢s al frente, la posibilidad de que cooperativas, organizaciones profesionales o la interprofesional de un sector puedan negociar contratos con ¨ªndices de precios para todo un colectivo. Sin embargo, la propia Administraci¨®n cierra hoy esa posibilidad y todo lo deja a expensas de que esa pr¨¢ctica reciba luz verde en la reglamentaci¨®n comunitaria. La realidad es que la misma ya se est¨¢ aplicando en otros pa¨ªses, sin la oposici¨®n de Bruselas.

El objetivo de la Administraci¨®n es luchar para erradicar las pr¨¢cticas comerciales abusivas en industrias y, sobre todo, en la gran distribuci¨®n, contra la existencia de pagos t¨ªpicos, subastas a ciegas, ventas a p¨¦rdidas, la regulaci¨®n de las promociones y, sobre todo, la elaboraci¨®n de un c¨®digo de buenas pr¨¢cticas comerciales.