A¨²n m¨¢s copago en la justicia

La sanidad, la educaci¨®n... y ahora, la justicia. Ni siquiera aparece en el diccionario, pero el t¨¦rmino copago asoma la cabeza en un abanico cada vez m¨¢s amplio de servicios p¨²blicos, considerados pilares de un Estado de Bienestar en deconstrucci¨®n. Distintas voces de la pol¨ªtica y la judicatura han solicitado estos d¨ªas que los ciudadanos y las empresas sufraguen, con nuevas tasas espec¨ªficas, parte de los costes de la onerosa m¨¢quina de la justicia.

Por ahora, ni los profesionales del asunto ni los partidos pol¨ªticos han definido un modelo. Pero la filosof¨ªa del copago se apoya en dos fines: agilizar los pleitos -porque disuade a quienes hacen mal uso del servicio- y dar ox¨ªgeno al erario p¨²blico en plena crisis. Los detractores de una medida de tal calado recuerdan que el acceso a la justicia es un derecho fundamental. Y advierten de que levantar barreras econ¨®micas puede alejar de los tribunales a los m¨¢s pobres.

"Hay otras formas de mejorar la eficacia", opinan algunos expertos

Los detractores advierten del riesgo de limitar el acceso a la justicia

"Hay personas que hacen un uso abusivo", sostiene un magistrado

Aznar recuper¨® parte de las tasas, que aportaron 173 millones en 2010

El consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabr¨¦, abri¨® la veda a principios de semana al plantear que los usuarios de la justicia ("una minor¨ªa") paguen por ello una tasa extra. "Es diferente de la educaci¨®n o la sanidad, donde uno va a diario. Hay personas que jam¨¢s hacen uso de la justicia, es m¨¢s bien excepcional". Su conclusi¨®n fue que la iniciativa ser¨ªa bien acogida por los afectados -"quien presenta un pleito quiere agilidad"- pero, tambi¨¦n, por el conjunto de los ciudadanos.

Cabr¨¦ se llev¨® dos rapapolvos. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, le enmend¨® la plana y tuvo que rectificar. Y el portavoz del Gobierno, el socialista Jos¨¦ Blanco, calific¨® la propuesta de "broma". M¨¢s all¨¢ del cortoplacismo pol¨ªtico, el problema de la financiaci¨®n de la justicia aparece de forma peri¨®dica y preocupa a jueces, fiscales y expertos. Como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a, Miguel ?ngel Gimeno, que ve en el copago -puntual y con matices- una posible soluci¨®n.

"La justicia es sensible y debe garantizarse, pero es muy cara. Debemos poner alg¨²n l¨ªmite; no podemos pagar estas desproporciones", afirma Gimeno antes de recordar que un juicio oral cuesta a la administraci¨®n una media de 1.400 euros. Desde el punto de vista de un gestor, menos justificado est¨¢ a¨²n el dispendio que supone celebrar un juicio para resolver una demanda en la que est¨¢n en juego, por ejemplo, 100 euros.

Son esas perversiones en el uso de la justicia las que deben erradicarse, razonan los defensores del copago. Entre ellos se cuenta la asociaci¨®n de jueces conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. "Hay cientos de miles de personas y empresas que sostienen procedimientos, no porque crean que deben defender un derecho, sino para perturbar los derechos de otros. Hacen un uso abusivo", explica su portavoz, Pablo Llarena, que es tambi¨¦n presidente de la Audiencia de Barcelona.

La justicia acarrea "un gasto atroz", a?ade Llarena. El a?o pasado, el presupuesto aprobado por el total de las administraciones espa?olas para hacer funcionar los tribunales ascendi¨® a 4.056 millones de euros, seg¨²n los datos del Consejo General del Poder Judicial. Eso supone el 0,38% en relaci¨®n con el PIB espa?ol. Con el copago, plantea Llarena, los ciudadanos y empresas pagar¨ªan tasas en algunos procedimientos y evitar¨ªan, as¨ª, "acudir a los tribunales de forma irresponsable".

Visto desde ese prisma, el copago judicial consiste en abonar parte de lo que cuesta poner en movimiento el engranaje judicial, lo que incluye la amortizaci¨®n de edificios, equipamientos y personal. No tiene nada que ver, pues, con la condena a costas, que es la obligaci¨®n del perdedor de un juicio de pagar al abogado y al procurador de la parte contraria.

Las tasas judiciales tienen una larga historia. Se impusieron en Espa?a en 1959 y entonces iban a parar, como complemento del sueldo, a los secretarios judiciales, que as¨ª "llegaban a cobrar m¨¢s que los propios jueces", recuerda la presidenta de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Mar¨ªa Moret¨®, sobre aquella ¨¦poca. "Yo estaba en divorcios y, al final del proceso, la gente ten¨ªa que pagar una cantidad. Recuerdo que litigar era car¨ªsimo. Y la justicia era tan lenta como ahora", precisa Moret¨®, que se opone al copago porque "m¨¢s que agilizar la justicia, limitar¨ªa el acceso a ella de todos los ciudadanos". La presidenta cree que una medida as¨ª solo tendr¨ªa "fines recaudatorios" y considera que "hay otras formas de agilizar la justicia".

Aquellas tasas franquistas, que se aplicaban en todos los ¨®rdenes jurisdiccionales -salvo en el social y, en algunos casos, en el penal- las suprimi¨® el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez en 1986 mediante una ley que apelaba, precisamente, al derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva. La norma recordaba que todos los ciudadanos deben obtener justicia "cualquiera que sea su situaci¨®n econ¨®mica o posici¨®n social".

Las tasas "resucitaron", en parte, con una nueva ley aprobada en 2002 por el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Se rebautizaron con el eufem¨ªstico nombre de "tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional". Se aplican en dos ¨®rdenes (civil y contencioso-administrativo), ¨²nicamente a las personas jur¨ªdicas y solo a las que promueven procesos o interponen recursos. Todo ello lo explica Jos¨¦ Ram¨®n Rodr¨ªguez Carbajo, abogado del Estado ante el Tribunal Supremo, en su art¨ªculo "El copago judicial", publicado este a?o en la revista Actualidad administrativa. A finales de 2009, una nueva ley a?adi¨® la obligaci¨®n de consignar un dep¨®sito para interponer recursos: 25 euros para un recurso de reposici¨®n y 50 euros cuando se recurre una sentencia civil ante la Audiencia Provincial. Estas cantidades la abonan tanto personas f¨ªsicas como jur¨ªdicas y lo hacen en dos ¨¢mbitos: civil y contencioso-administrativo. Si el recurrente gana el juicio, se le devuelve el importe que ha consignado.

La incorporaci¨®n de cada vez m¨¢s filtros monetarios ha dado lugar a un "copago disfrazado", en palabras de V¨ªctor Moreno, catedr¨¢tico de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid. "No hay justicia privada. Por lo tanto, el copago en este ¨¢mbito no se puede plantear en los mismos t¨¦rminos que en educaci¨®n o sanidad, donde s¨ª cabe la posibilidad de que las personas que se lo pueden permitir acudan al sector privado".

El catedr¨¢tico considera que la supresi¨®n de tasas de 1986 fue "un hito en el avance del Estado de Bienestar, que ahora va atr¨¢s en todos los frentes". Y duda de la finalidad del copago: "Si sirve solo para recaudar, la justicia seguir¨¢ funcionando mal". Tambi¨¦n sospecha de su esp¨ªritu: "Uno va a la justicia porque no le queda m¨¢s remedio. Incluso si le han puesto una simple multa y no est¨¢ de acuerdo, deber¨¢ acudir a los tribunales".

La asociaci¨®n Jueces para la Democracia a?ade que, aunque los bancos, empresas y personas con elevado patrimonio "no tendr¨ªan ning¨²n problema en pagar las tasas", a los ciudadanos con rentas inferiores la medida "les disuadir¨ªa de la defensa de sus derechos, lo cual afectar¨ªa a un derecho fundamental". La asociaci¨®n cree que el copago, en cualquier ¨¢mbito, fomenta una visi¨®n "contraria a los principios esenciales del Estado social, democr¨¢tico y de derecho".

En 2010, el Estado recaud¨® 173 millones con las tasas aprobadas en ¨¦poca de Aznar. Una cifra que los valedores del copago ven insuficiente. En especial, en un contexto econ¨®mico de marcada ca¨ªda de los ingresos. La crisis tambi¨¦n ha motivado un aumento del n¨²mero de litigios, que a la postre ha puesto a algunos juzgados a¨²n m¨¢s al l¨ªmite. El mismo a?o ingresaron 9,3 millones de asuntos en los juzgados, una tasa de 198,8 por 1.000 habitantes. De ah¨ª la necesidad, concluyen, de buscar f¨®rmulas para sacar a la justicia del siglo XIX, donde, seg¨²n no pocos operadores jur¨ªdicos, se halla anclada.

Dado que no existen propuestas detalladas sobre el copago, hay planteamientos para todos los gustos. El portavoz de la Asociaci¨®n de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, afirma que se trata de extender las tasas ya existentes al resto de ¨®rdenes jurisdiccionales. Sexmero est¨¢ convencido de que se mejorar¨ªa el servicio. Y alerta de que el aumento de litigios y la necesidad de una justicia eficaz plantea un dilema: "O el Estado incrementa los presupuestos de Justicia o se establece una tasa".

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, defiende la implantaci¨®n de una tasa "simb¨®lica", pero replica que ser¨ªa dif¨ªcil trasladarla a ¨¢mbitos como el social -que toca a los derechos laborales- o el penal, donde un ciudadano se puede jugar, que no es poco, vivir en libertad o ingresar en prisi¨®n.

Tampoco hay unidad de criterio al valorar si esas nuevas tasas extra deben soportarlas solamente las personas jur¨ªdicas -como ocurre con las de 2002- o tambi¨¦n las personas f¨ªsicas. Los bancos, por ejemplo, son clientes habituales de los pleitos civiles y, gracias a sus potentes equipos de abogados, persiguen a morosos sin apenas esfuerzo.

El presidente de la Audiencia de Barcelona defiende que la tasa se aplique en esos casos, pero tambi¨¦n sobre personas f¨ªsicas cuando act¨²en de mala fe. Esos ciudadanos deben soportar parte de lo que cuesta el proceso. Pero, ?hay forma de discernir si el perdedor de un juicio ha actuado para defender sus derechos o para aprovecharse de la justicia? S¨ª la hay, afirma Llarena: "El juez puede decidir sobre ello en cada caso; si los argumentos son sostenibles, se le puede dispensar del pago".

El portavoz del PSOE en la Comisi¨®n de Justicia del Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, dibuja una tercera v¨ªa. "Parte de los costes se deben asumir en funci¨®n del poder econ¨®mico de cada cual". Villarrubia alude, sobre todo, a bancos y grandes empresas que "tienen todos los recursos y facilidades" para acceder a la justicia. Pero matiza que cualquier cambio debe decidirse por consenso y "respetando el principio de gratuidad general para los ciudadanos". La medida debe servir, seg¨²n Villarrubia, a un doble fin: recaudar y disuadir.

Los defensores del copago coinciden en dos reflexiones. Una, que el dinero obtenido de esta forma debe revertir en la mejora y la modernizaci¨®n de la justicia. Y dos, que los beneficiarios de justicia gratuita quedan excluidos del copago. En Espa?a, la justicia gratuita es un servicio financiado con fondos p¨²blicos, cuya gesti¨®n est¨¢ encomendada a los abogados. Tienen derecho a ¨¦l las personas cuyos ingresos no superen, por unidad familiar, el doble del IPREM (Indicador P¨²blico de Renta de Efectos M¨²ltiples) que, para 2011, es de 14.910,28 euros.

"Con la crisis, el copago es una propuesta que est¨¢ en el aire. Pero es un tema que hay que mirar con lupa, porque hablamos del acceso de los ciudadanos a la justicia", afirma el presidente de la Comisi¨®n Jur¨ªdica Gratuita del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola (CGAE), Luis Nieto. El a?o pasado, la justicia gratuita cost¨® al erario p¨²blico 256 millones; la mayor¨ªa de ese dinero se destin¨® a cubrir el turno de oficio. El gasto ha subido de forma espectacular en los ¨²ltimos a?os, aunque en 2010 retrocedi¨® un 4% "por el claro descenso de temas de extranjer¨ªa", seg¨²n Nieto.

La CGAE no cree que el aumento de litigios sea un argumento v¨¢lido para defender el copago, ya que "son los propios pol¨ªticos los que han aumentado legalmente, en los ¨²ltimos a?os, el campo de aplicaci¨®n de la justicia gratuita", subraya su presidente, Carlos Carnicer, en el informe anual de la entidad. "No creo que ning¨²n pol¨ªtico opine que es un privilegio que los m¨¢s desfavorecidos tengan el derecho a defender sus derechos fundamentales", concluye.

Hay alternativas. Para agilizar la justicia y para reducir gastos. Nieto cita la extensi¨®n del expediente electr¨®nico, que acorta los tr¨¢mites hasta en 40 d¨ªas. En la misma l¨ªnea se pronuncia Jueces por la Democracia: "Hay otras formas de mejorar la justicia como el impulso en la reforma de la oficina judicial, una gesti¨®n m¨¢s adecuada de los recursos personales y materiales o una reducci¨®n de gastos superfluos".

Los partidos se muestran prudentes y, al margen del copago, abogan por soluciones de calado. La portavoz adjunta de la Comisi¨®n de Justicia en el Congreso por el PP, Dolors Montserrat, cree que, antes de plantearse la creaci¨®n de nuevas tasas, debe haber mejoras en otros ¨¢mbitos: "Hay que reorganizar, optimizar recursos, dotar a los tribunales de medios tecnol¨®gicos e implantar medidas procesales que disminuyan el colapso". Montserrat propone que Hacienda, con su "potente maquinaria", se encargue de ejecutar las sentencias. O que los procesos de menor calado, que "colapsan mucho el servicio", se puedan resolver por mediaci¨®n "previa y obligatoria".

Montserrat tambi¨¦n ve necesaria una reforma de la ley de justicia gratuita porque, con el modelo actual, "las personas que cobran unos 1.000 euros al mes tienen derecho a ella". El baremo deber¨ªa situarse, dice, en el umbral del salario m¨ªnimo. Tambi¨¦n debe limitarse, sostiene, el alcance de la justicia gratuita y excluir, por ejemplo, los recursos a las multas de tr¨¢fico. En su apuesta por la pedagog¨ªa, la diputada del PP aboga por "decirle al ciudadano lo que ha costado el procedimiento" para que "se lo piense bien antes de acudir a los tribunales". "Hemos de valorar m¨¢s la justicia", concluye.