Entre el despilfarro y la 'bancarrota'

De inauguraci¨®n en inauguraci¨®n. El tradicional corte de cinta nutr¨ªa las agendas de muchos alcaldes, sobre todo cuando se acercaban las elecciones. Durante la ¨¦poca de bonanza los municipios se dotaron de grandes equipamientos: piscinas climatizadas, complejos deportivos, grandes aparcamientos, centros de convenciones... Junto a las grandes obras, los consistorios trataron de suplir las carencias de sus localidades en guarder¨ªas, escuelas de m¨²sica, servicios sociales o transporte p¨²blico. Hoy las arcas de cientos de ayuntamientos est¨¢n maltrechas. Muchos, al borde del colapso, advierten de que la situaci¨®n es de emergencia. ?Consecuencia del despilfarro o de un mal sistema de financiaci¨®n?

En Espa?a hay 1.115 municipios. La FEMP aboga por reducir el n¨²mero

Gastan el 30% de su presupuesto en servicios no obligatorios

"El ciudadano ped¨ªa servicios de pa¨ªs rico", dice el alcalde de Tortosa

El 49% de los ingresos de un municipio procede de tasas y tributos

Los Ayuntamientos espa?oles no son los ¨²nicos que sufren. Ya en 2008 el consistorio de la ciudad californiana de Vallejo anunciaba que deb¨ªa declararse en bancarrota. Hubo quien advirti¨® de que esos titulares tarde o temprano acabar¨ªan llegando a Espa?a. Aqu¨ª las administraciones no pueden quebrar, pero algunas han admitido ya que t¨¦cnicamente est¨¢n en esa situaci¨®n. El alcalde de Moratalla (Murcia) dijo asomarse a ese abismo. Tambi¨¦n el de Moi¨¤ (Barcelona), que no puede pagar ni n¨®minas ni servicios. Y m¨¢s de 40 municipios catalanes, que llamaron recientemente a la puerta de la Generalitat al hallarse con el agua al cuello.

El dispendio de los Ayuntamientos supone el 12,8% del gasto p¨²blico de todo el Estado, seg¨²n un estudio de la profesora de Hacienda P¨²blica de la Universidad de Barcelona (UB) Maite Vilalta. A pesar de que esa proporci¨®n no es muy lejana al gasto que representaba en 1980, cuando era del 10%, el crecimiento econ¨®mico y recaudatorio permiti¨® que el gasto por habitante pasara de los 462 euros en 1992 a los 1.169 en 2008. El 70% del dinero corresponde a gastos corrientes. Una de las partidas m¨¢s abultadas es la de las n¨®minas, que se lleva el 30% del gasto. "Ha habido un problema bastante general. Los Ayuntamientos han usado ingresos que no eran recurrentes aunque lo parecieran

[los impuestos de construcciones o plusval¨ªas] para gastos corrientes. Con el par¨®n de la actividad y la bajada de esos ingresos, ah¨ª han surgido los problemas", explica el catedr¨¢tico de Hacienda P¨²blica de la Universidad de Oviedo Javier Su¨¢rez-Pandiello.

Entre 1995 y 2007 los presupuestos municipales aumentaron gracias a la boyante recaudaci¨®n por licencias de obras e impuestos como el de plusval¨ªas y el de construcciones. Los Ayuntamientos elevaron sus inversiones, pero tambi¨¦n su gasto corriente: crearon sociedades municipales e incrementaron sus plantillas. A la vez, cada inversi¨®n supon¨ªa m¨¢s gasto corriente. Se constru¨ªa un equipamiento. Y este requer¨ªa personal, mantenimiento, asumir p¨¦rdidas... Incluso con el Plan E del Gobierno, que en cierto modo actu¨® como b¨¢lsamo para los Ayuntamientos, muchos municipios emprendieron obras que hoy acarrean mantenimiento.

Esa din¨¢mica estall¨® con la dr¨¢stica ca¨ªda de los ingresos del ladrillo y la bajada de las transferencias de otras administraciones, sobre todo la central. Y hoy se ha traducido en pagar con retraso a sus proveedores, congelar inversiones, reducir las ayudas a las entidades de la localidad, aplazar el pago de n¨®minas e incluso plantear despidos. Ferran Bel, alcalde de Tortosa, presidente de la comisi¨®n de Haciendas Locales de la Asociaci¨®n Catalana de Municipios y tambi¨¦n profesor de Hacienda Local de la UB, recuerda que los consistorios entraban en esa espiral porque "los ciudadanos demandaban servicios p¨²blicos propios de un pa¨ªs rico".

?C¨®mo funciona la financiaci¨®n municipal? De acuerdo con los datos de las liquidaciones de 2008, el 49% de los ingresos procede de los tributos y tasas; el 38,6%, de las transferencias de otras administraciones, y el 7%, del endeudamiento. De la cesta de impuestos destaca el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que alcaldes y acad¨¦micos coinciden en que en algunas zonas se ha mantenido estable y en otras muchas ha subido.

El gravamen de los veh¨ªculos ha ca¨ªdo aunque de forma moderada, mientras que los impuestos sobre las actividades econ¨®micas, la construcci¨®n y las plusval¨ªas -en los que confiaron muchos municipios durante el boom- se han desplomado.

Sin esos ingresos, ganan peso las transferencias de otras administraciones, sobre todo la central. En el caso de los Ayuntamientos, los de m¨¢s de 75.000 habitantes participan en una cesta de impuestos (IRPF, IVA y especiales), mientras que los peque?os reciben una transferencia casi fija en funci¨®n de varios criterios, entre ellos la poblaci¨®n y el esfuerzo fiscal.

Sin embargo, esas transferencias no solo han menguado, sino que los municipios han sufrido un hachazo este a?o cuando el Gobierno, tras la liquidaci¨®n de los presupuestos de 2009, ha comunicado a consistorios y diputaciones que deben devolver 4.379 millones por los anticipos que hizo cuando se preve¨ªa que la recaudaci¨®n por impuestos ser¨ªa mucho mayor. Los municipios ya han pedido postergar ese pago.

?Ser¨ªan diferentes ahora las condiciones de los Ayuntamientos con otro sistema de financiaci¨®n? "El primer problema es que somos 8.115 municipios en Espa?a", asegura con contundencia el presidente de la comisi¨®n de Haciendas Locales de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes. "Hay que abordar la reducci¨®n del n¨²mero de Ayuntamientos y buscar la ratio de eficiencia para dar los mismos servicios. La mayor¨ªa de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes y, evidentemente, los costes de un pabell¨®n para 100 personas no son los mismos que cuando la localidad tiene 10.000", agrega.

Seg¨²n un estudio de la FEMP, Espa?a es el tercer pa¨ªs de la UE-15 con una mayor proporci¨®n de municipios de menos de 5.000 habitantes. El 85% de las localidades tiene esas dimensiones, por detr¨¢s de Francia (95%) y Austria (91%) y por delante de Luxemburgo (82%) y Alemania (80%).

Adem¨¢s de esa medida que en su d¨ªa adoptaron pa¨ªses del norte de Europa y que hoy est¨¢n aplicando Italia y Grecia, Arahuetes se?ala que urge una ley de Gobierno local que defina cu¨¢les son las competencias de los ayuntamientos. La Constituci¨®n fija cu¨¢les son las del Ejecutivo central y las de las comunidades, pero no las de los ayuntamientos. En lugar de eso, el Estado establece cu¨¢les son los servicios obligatorios que deben dar los municipios seg¨²n su tama?o. Pero en la pr¨¢ctica, ni eso es posible. Seg¨²n un informe encargado por la Diputaci¨®n de Barcelona, los municipios se gastan el 30% de su presupuesto en servicios no obligatorios, y el 11% va a suplir lo que deber¨ªan cubrir otras administraciones. La FEMP estima que esa estad¨ªstica es extensible al resto del territorio.

La financiaci¨®n local est¨¢ regulada por la ley de Haciendas Locales, aprobada en 1988 y modificada parcialmente en 2002, cuando se elimin¨® buena parte del Impuesto de Actividades Econ¨®micas (IAE). "Un sistema de financiaci¨®n debe funcionar en ¨¦poca de vacas gordas y tambi¨¦n de vacas flacas. Un buen modelo es aquel que da flexibilidad", apunta Maite Vilalta. Ferran Bel, alcalde de Tortosa, considera que "los ingresos extra que obtuvieron los municipios en la ¨¦poca de bonanza taparon las miserias de un mal sistema de financiaci¨®n". Bel asegura que incluso la recaudaci¨®n del IBI, el impuesto m¨¢s estable, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el consistorio. "Nos est¨¢ costando cobrarlo", sostiene Bel.

La FEMP encarg¨® un estudio sobre ese asunto a un grupo de expertos coordinado por Javier Su¨¢rez-Pandiello. Un libro blanco que las corporaciones locales asumieron por unanimidad pero cuya discusi¨®n con el Ejecutivo central qued¨® aparcada. El debate de los estatutos de autonom¨ªa, primero, y de la financiaci¨®n auton¨®mica, despu¨¦s, desdibujaron las necesidades de ese segundo nivel de administraci¨®n. Cuando parec¨ªa que el Gobierno central iba a poner sobre la mesa una nueva ley de gobiernos locales, decidi¨® aplazarla hasta despu¨¦s de las elecciones municipales y ahora hasta que escampen los nubarrones de la crisis.

La propuesta que formul¨® ese grupo de expertos pasaba por una reforma del IBI para modernizarlo, sobre todo en lo que se refiere a la gesti¨®n catastral, recuperar el Impuesto de Actividades Econ¨®micas (IAE), ampliar a los municipios de m¨¢s de 20.000 habitantes la participaci¨®n en la cesta del IRPF, IVA y especiales y permitir, de alg¨²n modo, que los ayuntamientos participen tambi¨¦n en los ingresos de las comunidades, a pesar de que estas soportan los grandes pilares del Estado del bienestar.

La profesora Maite Vilalta recuerda que Espa?a ha ido avanzando hacia un modelo de financiaci¨®n casi federal. Y ese "casi" es por los ayuntamientos. Los expertos se?alan, como en el debate auton¨®mico, los modelos de Canad¨¢ o Alemania.

Un estudio de la catedr¨¢tica de Hacienda P¨²blica de la UB N¨²ria Bosch para la Diputaci¨®n de Barcelona explica c¨®mo en Alemania son los l?nder quienes tienen capacidad para organizar el territorio y el funcionamiento de las corporaciones locales que, a su vez, ejecutan entre el 70% y el 80% de la legislaci¨®n federal y de los estados. Adem¨¢s de recaudar un impuesto sobre la propiedad y otro sobre actividades econ¨®micas, los ayuntamientos se nutren de transferencias y de impuestos compartidos, como el de la renta, lo cual les da m¨¢s estabilidad. Una idea que Arahuetes, el responsable de Haciendas Locales de la FEMP, rechaza. "No creo que deba haber 17 leyes, una por comunidad", ataja.

Vilalta est¨¢ de acuerdo con que el primer paso debe ser definir las competencias de los ayuntamientos para calcular el volumen de recursos que necesita el conjunto del sistema. Eso es lo que se hizo, por ejemplo, con el ¨²ltimo modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, cuando se acord¨® dotar a las comunidades de unos recursos adicionales de 11.000 millones de euros para cubrir sus necesidades. A continuaci¨®n, a su juicio deber¨ªa plantearse un cambio de modelo que d¨¦ m¨¢s estabilidad a los ayuntamientos y que contenga criterios de equidad a trav¨¦s de las transferencias, para compensar a los municipios m¨¢s desfavorecidos . Y por ¨²ltimo, establecer mesas en las que est¨¦n representadas todas las administraciones, como ya ocurre en el nivel auton¨®mico con el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera.

Sin embargo, ahora prima la urgencia. Los municipios est¨¢n priorizando el gasto social sobre otros como el cultural, lo cual estos d¨ªas se nota en muchas fiestas mayores, cuyos contenidos han ido menguando. Muchos alcaldes, acuciados por la falta de liquidez, han decidido echar mano a la subida de impuestos y tasas. El problema que tienen los consistorios es a la vez su gran ventaja: la cercan¨ªa con los ciudadanos. "Las subidas son muy visibles", recuerda Su¨¢rez-Pandiello. "Hay margen para subir las tasas all¨ª donde los servicios son diferenciados y no tienen un componte redistributivo. Tambi¨¦n lo hay para incrementar algunos tipos impositivos, aunque los tiempos no est¨¢n para estas pr¨¢cticas. Y lo mismo vale para instar a las revisiones catastrales que a¨²n no se hayan hecho", apunta el catedr¨¢tico, quien, aun as¨ª, insta a revisar todo el modelo. "Las grandes crisis son momentos para ejecutar grandes reformas. Si nadie est¨¢ conforme, tal vez deber¨ªa revisarse todo el sistema de financiaci¨®n", concluye.