?Suprimir o reformar?

La propuesta del socialista Rubalcaba de reformar el nivel provincial de la Administraci¨®n, gestionado por las Diputaciones, tiene que ver con la necesidad, impuesta por la crisis, de reducir el gasto p¨²blico. Pero la crisis tambi¨¦n ha provocado un crecimiento del paro que estimula las tendencias clientelares de los partidos. El resultado es que los socialistas, que han perdido casi todo el poder que tuvieron en esas instituciones, se muestran ahora partidarios de eliminarlas o al menos de reducir sus competencias. Mientras que el PP, que desde las elecciones de mayo controla 24 de las 38 diputaciones de r¨¦gimen com¨²n, es abiertamente reticente.

Esto supone una excepci¨®n en la actual l¨ªnea auton¨®mica del PP. Rajoy ha sustituido los criterios ideol¨®gicos que inspiraron su pol¨ªtica territorial en la anterior legislatura por planteamientos m¨¢s relacionados con la eficiencia: el solapamiento de competencias y falta de control del gasto provoca un derroche que Espa?a no puede permitirse. Aunque el tema concreto de las Diputaciones no fue invocado, es evidente que su supresi¨®n encajaba en esa l¨®gica. Una de sus consecuencias m¨¢s extremas fue la posibilidad, planteada por varias autonom¨ªas, de devolver al Estado competencias transferidas en su momento.

Que ello sea imposible sin reformar los Estatutos no impide constatar que si el PP lo propone es porque un amplio sector de la opini¨®n p¨²blica ha dejado de valorar como esencial la reclamaci¨®n de m¨¢s competencias. De acuerdo con esta nueva sensibilidad, constatada por las encuestas, tambi¨¦n el PSOE introdujo en su convenci¨®n auton¨®mica de enero pasado propuestas que combinaban criterios de mayor eficiencia y austeridad. La supresi¨®n de las Diputaciones cumplir¨ªa en teor¨ªa la finalidad de simplificar y perfeccionar la cooperaci¨®n entre los distintos niveles de Gobierno, pero un proyecto, presentado por el ministro Jordi Sevilla, que lo incorporaba, fue rechazado en 2006 por el PSOE.

La supresi¨®n sin m¨¢s de las Diputaciones no ser¨ªa f¨¢cil. Requerir¨ªa una reforma de la Constituci¨®n, cuyo art¨ªculo 41 atribuye personalidad jur¨ªdica a las provincias y encomienda su gobierno y administraci¨®n a las Diputaciones. El Tribunal Constitucional confirm¨® ese car¨¢cter de la provincia en su sentencia sobre el Estatuto catal¨¢n. Y la reforma constitucional implicar¨ªa a su vez un acuerdo entre PP y PSOE.

De momento, por tanto, puede considerarse una posibilidad a estudiar, no una propuesta de Gobierno porque no es asunto que pueda abordarse unilateralmente. Entre otras cosas se precisa un estudio riguroso de sus efectos, no solo econ¨®micos. Encuestas realizadas en la Transici¨®n demostraron que la identificaci¨®n con la propia provincia es en algunas comunidades m¨¢s intensa que la suscitada por la regi¨®n o nacionalidad en que se inscribe. Un equilibrio realista podr¨ªa ser una reforma pactada de las Diputaciones que precise sus funciones y aligere su aparato administrativo y su presupuesto, sin eliminarlas.