Se acaba el tiempo para el Guadalquivir
La encomienda de gesti¨®n caduca en octubre - Las organizaciones agrarias apremian a Gobierno y Junta para que den una salida que evite el vac¨ªo de competencias
El tiempo se acaba para el Guadalquivir. Solo quedan seis semanas para que venza la encomienda de gesti¨®n del r¨ªo, la soluci¨®n temporal acordada entre el Gobierno central y la Junta para eludir el caos que se podr¨ªa haber desatado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anul¨® en marzo el traspaso de competencias a Andaluc¨ªa de las aguas de la cuenca que transcurren por la comunidad.
La encomienda fue un parche acordado entre las dos Administraciones a finales de marzo para ganar tiempo y cerrar la soluci¨®n definitiva a este problema, generado al transcurrir las aguas de la cuenca de este r¨ªo no solo por Andaluc¨ªa, sino por tres comunidades m¨¢s. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, descart¨® en junio prorrogar la encomienda.
Mar Moreno descart¨® en junio prorrogar la encomienda
Los agricultores est¨¢n divididos sobre qui¨¦n debe tener la gesti¨®n
La Junta baraja que el Estado asuma el tramo final desde Alcal¨¢ del R¨ªo
El Ejecutivo regional cree que su soluci¨®n contentar¨ªa a los regantes
La organizaci¨®n agraria Coag esta semana ha vuelto a instar a la Junta y al Gobierno a que "aceleren al m¨¢ximo las negociaciones para tener el acuerdo de gesti¨®n de este r¨ªo lo antes posible". Coag defiende que "la gesti¨®n del Guadalquivir debe llevarse a cabo desde Andaluc¨ªa", aunque cree necesaria la creaci¨®n de "un organismo estatal que controle y supervise esta gesti¨®n". Este organismo podr¨ªa ser una hipot¨¦tica agencia estatal intercomunitaria, que permitir¨ªa la participaci¨®n en los ¨®rganos de gesti¨®n a Andaluc¨ªa y al resto de comunidades por cuyo territorio discurre la cuenca del Guadalquivir. Esta opci¨®n, que lleg¨® a plantearla el PSOE federal antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, la defiende tambi¨¦n UPA, otra de las organizaciones agrarias.
Sin embargo, los agricultores est¨¢n divididos en este asunto. Asociaciones de regantes como Feragua o uniones de agricultores como Asaja o la Federaci¨®n de Arroceros de Sevilla han reclamado ya "la devoluci¨®n inmediata al Estado de las competencias de gesti¨®n sobre el Guadalquivir". Entienden que la sentencia del Tribunal Constitucional no deja otra salida para mantener la unidad en la gesti¨®n de la cuenca.
Mientras la presi¨®n de los agricultores contin¨²a, el Gobierno andaluz ha manejado distintas opciones para la soluci¨®n definitiva. La que ha cobrado m¨¢s fuerza en las ¨²ltimas semanas es la de plantear que el Estado mantenga la gesti¨®n del Guadalquivir desde su desembocadura hasta la presa de Alcal¨¢ del R¨ªo (Sevilla), es decir, los ¨²ltimos 110 kil¨®metros. La Junta, seg¨²n esta propuesta avanzada por fuentes pr¨®ximas a la negociaci¨®n, asumir¨ªa la gesti¨®n aguas arriba de ese pantano, es decir, todo el curso medio y alto del Guadalquivir.
Lo que plantea el Gobierno andaluz es que el primer tramo del r¨ªo se quede en manos del Estado, ya que ah¨ª se aplica la ley estatal de Costas, y tanto la Demarcaci¨®n de Costas como la Autoridad Portuaria son las responsables en ¨²ltima instancia en esta zona del principal r¨ªo de la comunidad.
La Junta entiende que esta soluci¨®n contentar¨ªa tambi¨¦n a agricultores y regantes. Los ¨²ltimos kil¨®metros del r¨ªo es donde se concentran los arrozales y donde tienen m¨¢s peso organizaciones como Feragua, contraria a la gesti¨®n del r¨ªo por parte del Gobierno regional. Se trata de la principal zona arrocera del pa¨ªs, con m¨¢s de 35.000 hect¨¢reas, y con una alta densidad en el regad¨ªo, con una previsi¨®n de 92.000 hect¨¢reas para 2015, seg¨²n se recoge en el Plan Hidrol¨®gico del Guadalquivir.
Esta soluci¨®n tambi¨¦n agrada a la Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA). "Nos sirve porque desde Andaluc¨ªa se seguir¨ªa gestionando el Guadalquivir pr¨¢cticamente igual a la sentencia del Constitucional", asegura su responsable regional, Agust¨ªn Rodr¨ªguez.
En el caso de las aguas arriba de la presa de Alcal¨¢ del R¨ªo, la Junta pretende seguir gestionando la cuenca. La intenci¨®n en este caso ser¨ªa establecer mediante un real decreto una nueva encomienda de gesti¨®n similar a la que ahora est¨¢ vigente de modo transitorio. A trav¨¦s de la encomienda aprobada a finales de marzo, el Estado recuper¨® las competencias sobre toda la cuenca del r¨ªo, aunque cedi¨® la gesti¨®n a la Junta de Andaluc¨ªa. Ese ser¨ªa el modelo a seguir en la propuesta que baraja el Ejecutivo de Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.
La Consejer¨ªa de Medio Ambiente -responsable hasta ahora de gestionar las pol¨ªticas de agua- no ha querido facilitar informaci¨®n sobre esta propuesta ni sobre el proceso de negociaci¨®n. El departamento de Jos¨¦ Juan D¨ªaz Trillo se limita a se?alar que "la Junta, como viene diciendo, aspira a lo m¨¢ximo desde la lealtad institucional" y que "se sigue trabajando para hallar la f¨®rmula de gesti¨®n compartida y, en ese sentido, se est¨¢n estudiando diferentes propuestas en la comisi¨®n bilateral".
Los problemas del tramo final
La zona del Guadalquivir que la Junta de Andaluc¨ªa dejar¨ªa en manos del Gobierno central, si saliera adelante la propuesta que baraja, es la m¨¢s caliente del r¨ªo. En esos 110 kil¨®metros del Guadalquivir es donde se concentran m¨¢s intereses econ¨®micos enfrentados y donde est¨¢ ubicado el espacio natural de Do?ana.
En esa zona es donde la Autoridad Portuaria de Sevilla pretende acometer una ampliaci¨®n del dragado del fondo del r¨ªo para que puedan llegar hasta la capital andaluza barcos de mayor calado. Una misi¨®n internacional formada por representantes de la Unesco, UICN (Uni¨®n Internacional para la Conservaci¨®n de la Naturaleza) y del convenio Ramsar sobre humedales de importancia internacional ha alertado del posible impacto negativo para Do?ana que podr¨ªa acarrear esta actuaci¨®n.
A esta ampliaci¨®n, adem¨¢s de los grupos ecologistas, tambi¨¦n se oponen los arroceros de las marismas del Guadalquivir, que temen que las aguas que utilizan para regar sus cultivos puedan verse afectadas. El puerto de Sevilla defiende los beneficios que esta actuaci¨®n tendr¨ªa para la actividad econ¨®mica y la generaci¨®n de empleo.
Sin embargo, la comisi¨®n permanente del Consejo de Participaci¨®n de Do?ana tambi¨¦n se pronunci¨® a finales de julio sobre este asunto y apoy¨® las conclusiones del informe cient¨ªfico que desaconseja la ampliaci¨®n del dragado por la repercusi¨®n negativa que tendr¨ªa el proyecto para la delicada situaci¨®n del estuario.
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