Indulto para El Gaitero
El Ejecutivo busca f¨®rmulas para salvar la centenaria f¨¢brica de sidra
Decir Villaviciosa es decir Sidra el Gaitero. En 1860, Jos¨¦ Rivero adquiri¨® una finca de 2,26 hect¨¢reas junto a la r¨ªa de Villaviciosa, en Asturias, a unos tres kil¨®metros del mar. Se la compr¨® al Estado por unos 27.000 reales (el precio de salida en la desamortizaci¨®n fue de unos 4.000). Javier Bermejo, adjunto a la direcci¨®n de la empresa, ha recorrido desde hace meses los archivos en busca de la historia de la firma. "Este era el muelle que se construy¨® porque antes sacaban la mercanc¨ªa por barco, pero ahora la r¨ªa no tiene calado suficiente", explica junto a los manzanos que rodean la planta. La obra est¨¢ declarada patrimonio industrial y conserva el encanto a?ejo.
Desde 1890 la empresa Valle, Ballina y Fern¨¢ndez fabrica all¨ª la sidra. Hoy trabajan unas 70 personas y factura unos 20 millones al a?o (el 70% de las ventas, en navidad). La empresa era due?a de los terrenos hasta que el 5 de marzo de 2010, Costas incluy¨® las parcelas de la f¨¢brica en el dominio p¨²blico de la r¨ªa. Eso no implica la demolici¨®n -la fabrica seguir¨ªa all¨ª al menos durante 60 a?os-, pero s¨ª que el terreno pasa a ser propiedad del Estado, que debe autorizar cualquier obra.
La finca de Villaviciosa cost¨® 27.000 reales tras la desamortizaci¨®n
Los directivos amenazan con trasladar la empresa
Medio Ambiente esgrimi¨® un informe t¨¦cnico del Instituto de Recursos Naturales y Ordenaci¨®n del Territorio de la Universidad de Oviedo, seg¨²n el cual las naves de la f¨¢brica "est¨¢n rodeadas por terrenos cuya altura no solo se encuentra bajo el alcance de las mareas sino que adem¨¢s presenta claras evidencias de inundaci¨®n". Una fotograf¨ªa coloreada de 1898 en la que se ve el agua junto a la f¨¢brica fue una prueba m¨¢s.
La Ley de Costas, de 1988, que naci¨® para defender la costa y recuperar lo construido, establece criterios geogr¨¢ficos para definir el dominio p¨²blico. Lo son no solo las playas, sino tambi¨¦n "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas". Ah¨ª entra, seg¨²n ese informe, la f¨¢brica de El Gaitero.
Bermejo sostiene que ese informe contiene errores de bulto y agravios sobre otras instalaciones construidas en el margen de la r¨ªa, que han quedado excluidas en el deslinde -el tr¨¢mite que delimita el dominio p¨²blico-. "Jam¨¢s imaginamos que fu¨¦semos a quedar en dominio p¨²blico, nos parec¨ªa imposible", relata el directivo, que pasea entre los turistas que han ido a ver la f¨¢brica este d¨ªa lluvioso.
Costas insiste en que "el hecho de que una instalaci¨®n industrial quede incluida en el dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre no implica la desaparici¨®n de la misma, ni la obstaculizaci¨®n de sus actividades". Pero El Gaitero no lo ve as¨ª. "Si el terreno no es nuestro estar¨ªamos invirtiendo para otro y perder¨ªamos garant¨ªas para pedir pr¨¦stamos, por ejemplo", cuenta Bermejo. La firma llega a amenazar con trasladar la f¨¢brica a otro sitio: "No necesitamos estar aqu¨ª. Podemos llevar la f¨¢brica a otro terreno de nuestra propiedad". La empresa ha recurrido ante el ministerio y a la Audiencia Nacional y se niega a aceptar la concesi¨®n para el uso durante las pr¨®ximas d¨¦cadas, porque ser¨ªa reconocer la propiedad del Estado.
Ante esa amenaza, el pueblo se moviliz¨® para mantener El Gaitero junto a la r¨ªa y Costas estudia ahora c¨®mo rectificar su decisi¨®n. Ha pasado apenas un a?o desde que el Bolet¨ªn Oficial del Estado public¨® el deslinde, ha cambiado el equipo ministerial y Pedro Antonio R¨ªos, director general, admite que "hay varias formas para llegar a un acuerdo".
Una ser¨ªa aceptar el recurso de El Gaitero en contra del informe t¨¦cnico y sacar la f¨¢brica del dominio p¨²blico. Otra m¨¢s farragosa ser¨ªa desafectar el terreno y pasarlo a manos privadas, fijando que es una zona inundable. La desafectaci¨®n del dominio p¨²blico es un complejo tr¨¢mite para pasar propiedades del Estado a manos privadas. El Gobierno tramita 10 expedientes en Cantabria, para empresas y propiedades municipales enclavadas en marismas degradadas pero consideradas dominio p¨²blico.
Costas afirma que es una exageraci¨®n vincular el futuro de la planta con la declaraci¨®n de dominio p¨²blico y recuerda que "en C¨¢diz y Huelva numerosas instalaciones industriales destinadas a la extracci¨®n de sal han quedado incluidas en el dominio costero" y siguen funcionando.
El caso revela la creciente conflictividad de la Ley de Costas, aprobada hace m¨¢s de dos d¨¦cadas pero cuya aplicaci¨®n a los puntos m¨¢s pol¨¦micos ha llegado los ¨²ltimos a?os. De afectar a particulares comienza afectar a empresas, y ah¨ª el ministerio parece m¨¢s flexible con el argumento del empleo. La refiner¨ªa de Petronor en las marismas de Muskiz (Vizcaya) ten¨ªa una concesi¨®n a punto de caducar, pero el PSOE acept¨® la enmienda del PNV para indultarla a trav¨¦s de una enmienda de ¨²ltima hora a la Ley de Econom¨ªa Sostenible. La f¨¢brica de Ence (Pontevedra) tiene una concesi¨®n que caduca en 2018. El anterior equipo ministerial, con Alicia Paz como directora general, no dud¨® en cambio en aplicar la Ley de Costas a los vertidos de Fertiberia, en Huelva, lo que ha reducido la actividad de la planta.
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