Guatemala: ensa?amiento y perversidad

En la sala del Tribunal de Alto Riesgo de la ciudad de Guatemala, bajo la presidencia de la juez Jazm¨ªn Barrios, la voz firme y serena de la juez vocal Patricia Bustamante son¨® especialmente rotunda cuando ley¨®: "Qued¨® demostrado que los militares actuaron de forma planificada, con ensa?amiento y perversidad".

La sentencia se refiere a los hechos producidos principalmente el 7 de diciembre de 1982, cuando una unidad de kaibiles -tropas especiales- entr¨® en el poblado de Las Dos Erres, peque?a aldea maya del Pet¨¦n, al norte del pa¨ªs. Un total de 201 campesinos, civiles desarmados, en su mayor¨ªa mujeres y ni?os, fueron all¨ª asesinados. 29 a?os despu¨¦s, cuatro exkaibiles han sido juzgados por aquellos cr¨ªmenes y condenados en primera instancia a 6.030 a?os cada uno de ellos. Seg¨²n limita la ley, tendr¨¢n que cumplir 50. A ellos se a?aden otros 30 a?os por incumplimiento de sus deberes para con la humanidad, sumando 80 a?os en total.

En la aldea de Las Dos Erres, 201 campesinos, en su mayor¨ªa mujeres y ni?os, fueron asesinados

Los imputados no son solo militares de baja o nula graduaci¨®n. Se ha procesado a tres mandos

Los horrores perpetrados por el Ej¨¦rcito de Guatemala contra las comunidades mayas durante largas d¨¦cadas, pero muy principalmente en el "quinquenio negro" (1978-1983), desbordan toda posible descripci¨®n. Las descripciones fidedignas existen, pero nadie podr¨ªa creerlas si no fuera por su abrumadora evidencia en extensi¨®n, detalle y concreci¨®n testimonial. Ah¨ª est¨¢n las 1.500 p¨¢ginas, en cuatro pavorosos tomos, del informe REMHI (Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica), emitido en 1998 por la ODHAG, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (24-4-1998). P¨¢ginas, a su vez, corroboradas y extensamente ampliadas un a?o despu¨¦s (25-2-1999) por las a¨²n m¨¢s brutales 3.800 p¨¢ginas de los 12 tomos, a¨²n m¨¢s pavorosos, del informe de la CEH (Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico de la ONU sobre Guatemala, a la que tuvimos el honor de pertenecer). Caso de no existir tan aplastante volumen documental y testimonial, nadie podr¨ªa creer los hechos en ¨¦l registrados, dada su inaudita atrocidad.

Salvajismo con las mujeres, incluidas las embarazadas, brutalidad con los ni?os, incluidos los beb¨¦s. Monstruosas mutilaciones masculinas y femeninas, previas a los asesinatos. Empalamientos, personas quemadas vivas, aberrantes formas de asesinar que aseguraban largos d¨ªas de agon¨ªa. Dif¨ªcil tarea, la de describir lo indescriptible. Pero trabajosamente se hizo, y el fruto documental de ambos informes citados qued¨® ah¨ª, y ah¨ª sigue para la posteridad.

Seg¨²n los hechos establecidos, los soldados -unos 40 kaibiles-, al irrumpir en Las Dos Erres, separaron a las mujeres y ni?os de los hombres. Estos fueron reunidos en la escuela, donde fueron torturados y finalmente asesinados. Las mujeres con los ni?os fueron encerrados en la peque?a iglesia evang¨¦lica de la comunidad. Despu¨¦s, las mujeres fueron obligadas a cocinar y servir la comida a sus verdugos, antes de ser violadas y asesinadas por estos. Las violaciones y asesinatos se cometieron con especial sadismo, y los cad¨¢veres fueron arrojados a un pozo, utilizado como fosa com¨²n. Igualmente, los ni?os fueron tambi¨¦n asesinados y arrojados al mismo pozo.

Dos exkaibiles, miembros entonces de aquella unidad militar, hoy retirados, radicados en M¨¦xico y testigos voluntarios de la Fiscal¨ªa, aportaron al juicio, por videoconferencia, detalles escalofriantes sobre la actuaci¨®n de los acusados. Por ejemplo, uno de los criminales ahora condenados, el subinstructor kaibil Manuel Pop Sun, se llev¨® por la fuerza a una ni?a hasta ocultarse con ella en una zona de matorrales pr¨®xima al poblado, donde la viol¨®. Regres¨® con ella, la decapit¨® y la arroj¨® al pozo. Otros detalles igualmente horribles vinieron a configurar el contenido de la sentencia.

Recordemos un hecho que nos fue relatado personalmente por un exmiembro del Gobierno del presidente democristiano Vinicio Cerezo. En 1986, al ser nombrado ministro, se le asign¨® como escolta un antiguo kaibil. Al saber que la hija de este sufr¨ªa una grave dolencia de la vista, abocada a la ceguera salvo que recibiera un tratamiento muy caro y especializado, el ministro, compadecido de aquella desgracia, insoluble en una familia de muy pocos recursos, le consigui¨® ese tratamiento en Estados Unidos. Cuando se lo comunic¨® al padre, recibi¨® esta tremenda respuesta: "Agradezco sus desvelos por mi ni?a, pero sepa que ser¨¢n totalmente in¨²tiles. Porque lo que le ocurre a mi hija es el castigo que Dios me env¨ªa a m¨ª, por las atrocidades que yo comet¨ª con los ni?os mayas cuando era kaibil". ?Qu¨¦ horrores infanticidas cometer¨ªa aquel sujeto para experimentar un remordimiento patol¨®gico de tal magnitud?

Pero los imputados no son solo militares de baja o nula graduaci¨®n. En los ¨²ltimos meses se ha producido el arresto y procesamiento de tres caracterizados mandos ya retirados, pero que ejercieron importantes tareas represivas en la d¨¦cada de los ochenta. Uno de ellos es el general H¨¦ctor L¨®pez Fuentes, exjefe del Estado Mayor del Ej¨¦rcito (1982-1983). Contra ¨¦l pesan acusaciones de genocidio, cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad, perpetrados principalmente contra comunidades mayas, cr¨ªmenes "en los que sus pueblos quedaron destruidos, sus habitantes de todas las edades fueron asesinados, y las mujeres y las ni?as fueron sistem¨¢ticamente violadas", precisa Margot Wallstrom, representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos.

Otro de los jefes recientemente capturados y procesados es el coronel Rafael Bol de la Cruz, exdirector de la Polic¨ªa Nacional, responsable de la detenci¨®n ilegal y desaparici¨®n en 1984 del que fue dirigente sindical y estudiantil Edgar Fernando Garc¨ªa, adem¨¢s de una serie de desapariciones forzadas mientras dirigi¨® aquel viejo y corrupto cuerpo policial.

El tercero de los jefes militares aludidos es el tambi¨¦n coronel retirado Marco Antonio S¨¢nchez Samayoa, encarcelado desde 2009 y condenado ya a 53 a?os de prisi¨®n como responsable del secuestro y desaparici¨®n definitiva de ocho personas en la aldea de El Jute, en 1981.

Ante esta serie de acciones judiciales, la Asociaci¨®n de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), reducto del m¨¢s reaccionario sector de aquel Ej¨¦rcito (un Ej¨¦rcito que durante d¨¦cadas elimin¨® a destacados defensores de derechos humanos), ha difundido un comunicado en el que, rechazando con indignaci¨®n estas actuaciones judiciales, lanza la siguiente advertencia literal: "Advertimos estar dispuestos a luchar nuevamente si las circunstancias as¨ª lo demandan". Pero ?qu¨¦ significa "luchar nuevamente" para estos militares empe?ados en asegurar su propia impunidad y prolongar la de los peores torturadores, asesinos y violadores de mujeres y ni?as?

?Tendremos que presenciar y asumir nuevamente que otros actuales defensores de los derechos humanos vuelvan a ser acribillados en la calle, como lo fueron, entre otros, el diplom¨¢tico Fuentes Mohr y el exalcalde Colom Argueta, o apu?alados en las aceras, como la antrop¨®lo-ga Myrna Mack, o golpeados hasta la desfiguraci¨®n de sus rostros, como el obispo monse?or Juan Gerardi, asesinado tras la presentaci¨®n de su informe REMHI arriba citado? ?Tendremos que presenciar la resurrecci¨®n de los abominables escuadrones de la muerte, nuevamente dispuestos a secuestrar, torturar y asesinar? ?Requerir¨¢ esa nueva lucha anunciada por Avemilgua la patri¨®tica repetici¨®n de este tipo de horrores?

Avemilgua terminaba su amenazador comunicado con este eslogan: "Por el honor y la dignidad". Pero ?qu¨¦ clase de honor puede defenderse mediante esta clase de cr¨ªmenes? ?Y qu¨¦ clase de dignidad se defiende, o se defendi¨®, violando sistem¨¢ticamente mujeres y decapitando ni?as mayas hace tres d¨¦cadas?

?ltima noticia: los expertos del Equipo de Antropolog¨ªa Forense que analizan para la Fiscal¨ªa los restos de las v¨ªctimas, acaban de ser seguidos y atacados en su veh¨ªculo, y amenazados de muerte en un repugnante escrito de t¨¦rminos soeces y tinta roja, cuyo infame contenido nos retrotrae a aquellos a?os de plomo que algunos patriotas a?oran y amenazan con repetir.

Prudencio Garc¨ªa es investigador de la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico de la ONU sobre Guatemala, fellow del IUS de Chicago y profesor del Instituto Guti¨¦rrez Mellado de la UNED.