Las sanciones por rebasar los l¨ªmites quedan fuera del pacto

La refundaci¨®n del art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n para blindar la estabilidad presupuestaria deja en el aire buena parte de la reforma. Los detalles, y la mayor¨ªa de los principios b¨¢sicos, se desarrollar¨¢n mediante una ley org¨¢nica.

Para sortear la sensaci¨®n de vac¨ªo, socialistas y populares firmaron en la madrugada de ayer un acuerdo adicional, que sirve de puente hasta la aprobaci¨®n de la ley. En ese pacto se adelanta cu¨¢l es el l¨ªmite que abanderan los dos partidos mayoritarios (un d¨¦ficit estructural equivalente al 0,4% del PIB). Se reparte el tope entre el Gobierno (0,26%) y las Comunidades Aut¨®nomas (0,14%). Y relega todo lo dem¨¢s, incluido lo que ocurrir¨ªa si se vulnera ese l¨ªmite, al resultado de las elecciones del 20 de noviembre. El que gane, tendr¨¢ el tim¨®n en la redacci¨®n del proyecto de ley. El que pierda, tendr¨¢ muy dif¨ªcil oponerse.

Las autonom¨ªas tienen que adaptar sus Estatutos a la estabilidad

El mejor ejemplo de todo lo que se aplaza a la redacci¨®n de la ley Org¨¢nica lo arroja el quinto p¨¢rrafo del nuevo art¨ªculo 135 de la Constituci¨®n: desde c¨®mo corregir el aumento del d¨¦ficit y la deuda en situaciones extraordinarias, a las posibles sanciones en caso de incumplimiento de los l¨ªmites, pasando por c¨®mo y qui¨¦n (y ya hay un debate en marcha sobre la necesidad, o no, de un consejo independiente) estima el d¨¦ficit estructural, que no es otra cosa que una ficci¨®n t¨¦cnica.

Lo que s¨ª se sabe ya que figurar¨¢ en esa ley es el reparto del l¨ªmite de d¨¦ficit estructural entre el Gobierno y las comunidades aut¨®nomas. Aqu¨ª queda mucha tela que cortar, porque los gobiernos auton¨®micos tendr¨¢n que dar su visto bueno a una estimaci¨®n del saldo estructural, algo que hasta ahora el Ministerio de Econom¨ªa no detalla en sus programas de estabilidad. El precedente de la regla del gasto p¨²blico (limitar el aumento del gasto presupuestario en funci¨®n del crecimiento) es poco esperanzador: las comunidades aceptaron aprobar una regla, pero el Gobierno tuvo que admitir que cada una aplique sus propios criterios.

La fijaci¨®n de un l¨ªmite de d¨¦ficit estructural para las comunidades se suma a otras referencias que ahondan en el objetivo de incorporar a las autonom¨ªas al credo de la austeridad fiscal. En la reforma se recalca que los gobiernos auton¨®micos tendr¨¢n que adaptar los Estatutos y otras normas al principio de estabilidad presupuestaria. Y se eleva a rango constitucional la autorizaci¨®n por ley de las emisiones auton¨®micas de deuda.

PSOE y PP tampoco han detallado a¨²n "los mecanismos que permitan el cumplimiento del l¨ªmite de deuda", un l¨ªmite (60% de PIB) que entrar¨ªa en vigor con la aprobaci¨®n de la reforma constitucional. No hay nada de eso en el acuerdo pol¨ªtico, que se limita a anticipar la aprobaci¨®n de la ley org¨¢nica a diciembre de este a?o, seis meses antes de lo que ambos partidos decidieron incluir en el texto constitucional. Una discutible t¨¦cnica —hacerse trampas al solitario—, para evidenciar la urgencia del compromiso.

El acuerdo sobre la futura ley org¨¢nica se cierra con una definici¨®n, sencilla y eficaz, sobre lo que ambos partidos entienden por saldo estructural, una cuesti¨®n que genera recurrentes pol¨¦micas entre los expertos.