Un juez multa a 11 personas por oponerse a un desahucio en Vic

El juzgado de instrucci¨®n 3 de Vic (Osona) ha impuesto una multa de 180 euros a 11 personas que el pasado 9 de febrero trataron de impedir el desahucio de una familia que no pod¨ªa hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca. Medio centenar de personas se interpusieron en vano entre el secretario judicial y la familia, formada por Ernest Owusu, su esposa, Anita Twenenoda, y dos ni?os de seis y un a?o. Tras despejar a la fuerza la entrada a la vivienda, los Mossos llevaron ante el juez a quienes trataron de oponerse al desahucio. Es la primera vez que la polic¨ªa catalana procede as¨ª ante el creciente n¨²mero de desalojos que se topan con la resistencia de amigos y vecinos de los afectados y miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). La sentencia es, por tanto, y seg¨²n la informaci¨®n disponible por EL PA?S, la primera que castiga al movimiento antidesahucios.

El fallo detalla c¨®mo entre 40 y 50 asistentes del grupo antidesahucios "se colocaron juntos a modo de sentada [frente a la vivienda] impidiendo la actuaci¨®n judicial y de los agentes". La polic¨ªa les alert¨® repetidamente de que "si no facilitaban el acceso, se les deber¨ªa retirar del portal usando la fuerza". La respuesta de los activistas antidesahucios fue que no se mover¨ªan del lugar y realizar¨ªan una resistencia pasiva.

El grupo se neg¨® "a ser retirado y [los asistentes] se agarraron fuertemente de los brazos para dificultar la labor policial". Seg¨²n el fallo, la actitud de los reunidos fue "contumaz y desafiante y continu¨® hasta el punto de que los agentes requirieran de m¨¢s refuerzos". Tras algunos momentos de tensi¨®n, sin embargo, los Mossos d'Esquadra lograron despejar el portal y el desahucio pudo completarse. El juez considera que la "resistencia pasiva" alegada por los manifestantes constituye una "falta al respeto y la autoridad" de la polic¨ªa, ya que la orden de desalojar la zona fue "clara y contundente", adem¨¢s de "leg¨ªtima y, por tanto, susceptible de provocar una falta por desobediencia".

El fallo, sin embargo, absuelve al matrimonio desahuciado, que tambi¨¦n fue llevado ante el juez por la polic¨ªa catalana, por entender que "su situaci¨®n personal era muy delicada, al tener que abandonar el piso en ese mismo instante, estando la se?ora Anita embarazada de ocho meses".

"En ning¨²n caso los mossos nos dijeron que nos iban a denunciar; solo que abandon¨¢ramos la zona", explic¨® ayer el exconcejal de la CUP Quim Soler, que particip¨® en la protesta junto a medio centenar de personas y que tambi¨¦n ha sido multado. "La sentencia es contradictoria: reconoce las necesidades de la familia desalojada pero castiga a quienes se solidarizaron por ella", a?ade Soler, que est¨¢ decidido, junto con otros multados, a recurrir la sentencia.La condena, adelantada por El 9 Nou, rebaja la petici¨®n del fiscal, que ped¨ªa una multa de 300 euros para los denunciados y de 120 euros para el matrimonio. La escalada de desahucios ha provocado el auge de acciones ciudadanas que defienden el derecho a la vivienda. Las acciones se llevan a cabo con el objetivo declarado de ser pac¨ªficas, pero ante las ¨®rdenes de la polic¨ªa oponen "resistencia pasiva" para negarse a acatarlas.

La PAH considera "vergonzoso" que se castigue a alguien por defender a quien sufre "una situaci¨®n dram¨¢tica". "No nos vamos a quedar de brazos cruzados", anunci¨® ayer Luc¨ªa Delgado, miembro de la PAH, que critic¨® las acciones "desmedidas" de los Mossos d'Esquadra en los ¨²ltimos desalojos. "Los Mossos d'Esquadra intentan provocar miedo a la gente que se solidariza con los afectados por los desahucios", afirma Soler, opini¨®n que comparte la PAH.

Vic fue el primer caso en el que los mossos denunciaron a manifestantes, algo que repitieron el pasado 25 de julio en un desalojo del barrio barcelon¨¦s de El Clot que acab¨® con enfrentamientos violentos entre polic¨ªa y los asistentes. Un total de 34 personas fueron denunciadas por desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad, en un caso que a¨²n no ha sido resuelto por el juez.

"No son los mecanismos adecuados para afrontar esta situaci¨®n", advierte Delgado. Como Soler, sin embargo, no cree que estas sanciones acaben con las movilizaciones que desde la primavera acompa?an a los desalojos. "Ir¨¢n a m¨¢s", afirma Delgado ante un oto?o en el que se prev¨¦ un elevado n¨²mero de desahucios. La PAH ha convocado una manifestaci¨®n nacional el pr¨®ximo 25 de septiembre a favor del derecho a la vivienda.