El Supremo revoca la decisi¨®n de abrir un expediente sancionador a Chaves
Corrige una decisi¨®n del Tribunal Superior sobre el expresidente andaluz
El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) que orden¨® al Gobierno andaluz la apertura de un expediente sancionador al vicepresidente del Gobierno y expresidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves. La decisi¨®n del alto tribunal corrige la decisi¨®n del TSJA sobre el caso Matsa, que tiene su origen en una subvenci¨®n de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedi¨® a la empresa Minas de Aguas Te?idas (Matsa), donde trabaja como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobaci¨®n particip¨® el expresidente del Gobierno andaluz.
El caso Matsa ha tenido dos vertientes judiciales que han terminado en nada. La v¨ªa penal fue abortada despu¨¦s de que el Tribunal Supremo archivase la denuncia que el PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias presentaron contra Chaves por prevaricaci¨®n y tr¨¢fico de influencias.
La segunda v¨ªa, la contencioso-administrativa, empez¨® cuando el Gobierno andaluz, ya presidido por Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, desestim¨® abrir un expediente sancionador a Manuel Chaves como ped¨ªa el PP. El partido que preside Javier Arenas entend¨ªa que Chaves hab¨ªa incumplido la Ley de Incompatibilidades de Andaluc¨ªa por no haberse inhibido en el Consejo de Gobierno que aprob¨® la subvenci¨®n a la empresa en la que trabaja su hija Paula.
Esta negativa del Consejo de Gobierno andaluz a abrir el expediente sancionador a Chaves hizo que el PP acudiera al TSJA, que le dio la raz¨®n y orden¨® la apertura del expediente. Ahora el Supremo tambi¨¦n ha puesto fin a esta v¨ªa al estimar un recurso de la Junta de Andaluc¨ªa y resolver que el PP no ten¨ªa legitimidad para denunciar el caso. El Supremo no entra en el fondo de si Chaves debi¨® inhibirse o no, sino que considera que el PP carece de legitimaci¨®n para presentar alegaciones en este caso contra la Junta andaluza, al contrario que el TSJA.
En su recurso, la Junta alegaba que los tribunales no pueden sustituir "la potestad sancionadora" del poder Ejecutivo: "Los ¨®rganos judiciales no pueden convertirse en impulsores del procedimiento sancionador, sino que han de revisar la actuaci¨®n administrativa de investigaci¨®n".
El PP andaluz ha utilizado pol¨ªticamente el caso Matsa contra Chaves desde que surgi¨® hace dos a?os. Ayer no se dio por vencido y anunci¨® un recurso de s¨²plica ante el Tribunal Supremo, que le abrir¨ªa la puerta para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Chaves dijo ayer que est¨¢ seguro de que el PP "no le va a pedir disculpas" tras el fallo, "porque eso exige mucha altura de miras". La consejera andaluza de Presidencia, Mar Moreno, celebr¨® que el Supremo ponga fin a la "cacer¨ªa" del PP contra Chaves. Mientras, la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza O?a, aleg¨® que el fallo no se?ala que "Chaves sea inocente", ya que no entra a valorar "el fondo" del asunto y "no le deja exento de culpa".
El alto tribunal resuelve el lunes sobre los ERE
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n del Tribunal Supremo resolver¨¢ el pr¨®ximo lunes el conflicto planteado por la Junta de Andaluc¨ªa despu¨¦s de que la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, pidiera las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. El presidente del Supremo, Carlos D¨ªvar, y otros dos magistrados forman este tribunal, que dilucidar¨¢ un aspecto clave en la investigaci¨®n de los Expedientes de Regulaci¨®n de Empleo (ERE) fraudulentos.
La magistrada exig¨ªa a la Junta la entrega de las 480 actas de la ¨²ltima d¨¦cada porque "carecen del car¨¢cter secreto o reservado", seg¨²n la Ley del Gobierno de la comunidad. La juez estima que necesita conocer las actas para saber si hasta la mesa del Gobierno andaluz llegaron los reparos de la Intervenci¨®n General sobre el procedimiento seguido para tramitar las subvenciones a los ERE.
La Junta recuper¨® el pasado julio las actas, depositadas en los juzgados sevillanos. Alaya las hab¨ªa reclamado la pasada primavera ante el temor de que las actas "pudieran alterarse", una decisi¨®n que la Audiencia de Sevilla tumb¨®.
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