Wifi p¨²blico y gratis, pero muy limitado

Wifi p¨²blico y gratuito s¨ª, pero con condiciones. La justicia ha dado un espaldarazo a las severas restricciones impuestas a las administraciones que desean ofrecer a sus vecinos Internet inal¨¢mbrico abierto y gratuito. Para los operadores privados de telecomunicaciones, no es papel de las administraciones prestar estos servicios, pero los municipios defienden que hacen un servicio ¨²til para los ciudadanos. Entre los cors¨¦s al wifi p¨²blico, se proh¨ªbe ofrecer una velocidad de conexi¨®n competitiva.

La Audiencia Nacional hizo p¨²blica ayer una sentencia que certifica que los organismos p¨²blicos que ofrezcan este servicio deben estar sometidos a las mismas condiciones que los operadores privados. La resoluci¨®n de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese tribunal ratifica la multa de 300.000 euros impuesta por la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) al Ayuntamiento de M¨¢laga por no comunicar al organismo regulador su intenci¨®n de prestar ese servicio a trav¨¦s de su red Biznaga. Los magistrados obligan adem¨¢s al Consistorio a inscribirse en el registro de operadores del regulador como establece la Ley General de Telecomunicaciones para cualquier proveedor.

La CMT autoriza el wifi comuniario siempre que no haya lucro

Los grandes operadores piden que se vigile a las Administraciones

M¨¢s de 200 ayuntamientos est¨¢n inscritos como operadores

La clave es no usar fondos p¨²blicos en un mercado en libre competencia

La batalla no es nueva. Ante las intenciones de varias Administraciones y organismos p¨²blicos de ofrecer acceso a Internet a sus ciudadanos, la CMT aprob¨® en agosto de 2010 -siete meses despu¨¦s de sancionar a la capital andaluza- una circular en la que estableci¨® las condiciones que estos deb¨ªan de cumplir para prestar ese servicio. Y la principal era una rebaja importante en su calidad. Mientras que los principales operadores (Telef¨®nica, Orange, Ono...) ofrecen paquetes b¨¢sicos con velocidades de bajada de 10 megabytes por segundo en adelante, las redes inal¨¢mbricas, gratuitas y abiertas que pongan en marcha las Administraciones no pueden superar los 256 kilobytes por segundo, una velocidad tecnol¨®gicamente obsoleta. Sus repetidores y enrutadores, adem¨¢s, no pueden estar enfocados hacia edificios residenciales, lo que facilitar¨ªa la entrada de particulares. Por ¨²ltimo, en cualquier caso, deben notificar antes su instalaci¨®n al regulador para estar sometidos a su control.

En el caso del Ayuntamiento de M¨¢laga, su pretensi¨®n inicial era llevar la tecnolog¨ªa wifi a todo el casco urbano, en el que viven unas 560.000 personas, algo a lo que, por entonces, en 2008 (antes de aprobarse la circular), la CMT pon¨ªa trabas. Para sortearlas, el Consistorio plante¨® que su red, denominada Biznaga, diera el servicio en condiciones de "autoprestaci¨®n", es decir, que la funci¨®n de este servicio estuviera destinado al funcionamiento del municipio y el trabajo de sus funcionarios y trabajadores. Ese r¨¦gimen, previsto por la Ley General de las Telecomunicaciones, exime a los que quieran prestar el servicio de comunicarlo a la CMT as¨ª como de inscribirse en el Registro de proveedores del organismo.

La CMT, sin embargo, concluy¨® que las condiciones en que Biznaga daba acceso a Internet iban mucho m¨¢s all¨¢ de la autoprestaci¨®n. En primer lugar porque su cobertura, con vocaci¨®n universal, no se extiende ¨²nicamente a instituciones culturales y educativas, como permite el regulador. Biznaga es accesible a cualquier ciudadano que lo solicite en lugares como la propia sede del Ayuntamiento, la Fundaci¨®n Picasso, el Centro de Arte Contempor¨¢neo, el pabell¨®n de deportes Jos¨¦ Mar¨ªa Mart¨ªn Carpena o el teatro Cervantes, entre otras dependencias municipales.

Y por eso, en febrero de 2010, el regulador impuso al Ayuntamiento una multa de 300.000 euros. El motivo: no haberle comunicado el inicio de su actividad en las mismas condiciones que cualquier otro proveedor de acceso a Internet. La resoluci¨®n de la CMT exhortaba adem¨¢s al Consistorio a pagar la tasa general de operadores y a inscribirse en el registro que los engloba. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia ratifica ahora esa sanci¨®n al entender que, efectivamente, Biznaga no serv¨ªa ¨²nicamente para satisfacer las necesidades del Ayuntamiento, es decir, las funciones propias del personal a su servicio.

Los magistrados van m¨¢s all¨¢ y reprochan al Ayuntamiento de M¨¢laga que su red d¨¦ acceso "a una navegaci¨®n libre" entendida "como el acceso a p¨¢ginas web ajenas a la Administraci¨®n municipal demandante y, por ende, que nada tienen que ver con (...) los servicios municipales". Es decir, que no existe autoprestaci¨®n porque a trav¨¦s de Biznaga se puede visitar cualquier p¨¢gina de Internet con la ¨²nica restricci¨®n de las de contenido sexual o violento.

Ante la proliferaci¨®n de Ayuntamientos que quer¨ªan poner en marcha sus propias redes, la CMT lanz¨® en 2009 una consulta sobre la regulaci¨®n del servicio de wifi a cargo de las Administraciones P¨²blicas. Trataba fundamentalmente de eliminar la limitaci¨®n temporal del wifi publico gratis, evitar situaciones de competencia desleal con las entidades privadas y, al tiempo, promover la entrada de nuevos usuarios. Un a?o m¨¢s tarde el organismo regulador estableci¨® las restricciones que contiene la circular que deb¨ªan cumplir las Administraciones.

Al margen de los servicios de las Administraciones, la CMT autoriza el wifi comunitario. Este sistema permite a una comunidad dar acceso a la Red a todos los vecinos. Quien deton¨® esta posibilidad fue un ciudadano de Ja¨¦n que dise?¨® un proyecto que consist¨ªa en contratar una l¨ªnea con un operador, ubicar un terminal de red en el cuarto de contadores y trazar un cableado para conectar las viviendas de los vecinos. Para llevar a cabo todo este entramado quiso saber la opini¨®n del regulador, que no puso pegas. Al tratarse de un servicio de acceso a Internet en r¨¦gimen de "autoprestaci¨®n" y sin ¨¢nimo de lucro, la CMT dio el visto bueno. En esta ocasi¨®n tuvo tambi¨¦n en cuenta que el acceso estaba restringido mediante una contrase?a a los habitantes del inmueble.

Pero para que estas iniciativas prosperen, las comunidades de vecinos tienen que contar con la colaboraci¨®n de los operadores. Y no todos est¨¢n dispuestos a este tipo de enganches m¨²ltiples. Las grandes empresas de telecomunicaciones proh¨ªben a sus clientes compartir las conexiones de ADSL.

Preservan, como es l¨®gico, su negocio. "Compartimos el inter¨¦s de las Administraciones P¨²blicas, a todos los niveles, por fomentar el desarrollo de la sociedad de la informaci¨®n. Pero si las Administraciones P¨²blicas desean entrar a competir en un mercado liberalizado, utilizando dinero de los presupuestos p¨²blicos para ofrecer servicios de telecomunicaciones que tambi¨¦n est¨¢n ofreciendo empresas privadas, entendemos que el uso de ese dinero p¨²blico debe estar sujeto a una vigilancia especial", dice Redtel, la compa?¨ªa que agrupa a los grandes operadores de telecomunicaciones (Telef¨®nica, Orange, Vodafone, Ono). Lo principal, aseguran es que todos los actores presentes en el mercado "cumplan las mismas reglas", en este caso las de la circular de la CMT, pero igualmente las de ayudas p¨²blicas a nivel europeo.

Pero al margen de los grandes operadores existen otros proveedores con planteamientos econ¨®micos opuestos. Guifi.net es una red de telecomunicaciones inal¨¢mbrica, libre, neutral y abierta. Conecta a 14.000 hogares a trav¨¦s de 20.000 kil¨®metros de red en toda Espa?a que han ido construyendo sus participantes (ciudadanos, empresas e instituciones) desde 2003. Su fundador, Ram¨®n Roca, la define como un "autoservicio que facilita redes de telecomunicaciones abiertas a todo el mundo" donde algunos comparten su conexi¨®n a Internet. Entre ellos bibliotecas y centros de m¨¢s de 100 Ayuntamientos. La red llega, seg¨²n sus c¨¢lculos, a 50.000 ciudadanos. El fondo de la sentencia no est¨¢, seg¨²n Roca, "en si M¨¢laga presta o no el servicio de forma gratuita. Ni en los wifi p¨²blicos. El meollo est¨¢ en el concepto de autoprestaci¨®n", que eximir¨ªa al Ayuntamiento de inscribirse en el registro de operadores de la CMT, como establece la Ley General de Telecomunicaciones. En cualquier caso, dice Roca, "Guifi.net va mucho m¨¢s all¨¢ de la autoprestaci¨®n".

Guifi.net est¨¢ incrito en el registro de operadores de la CMT. "La inscripci¨®n es gratuita", asegura Roca. La tasa que los operadores abonan a la CMT en concepto de actividad econ¨®mica es un porcentaje sobre su facturaci¨®n. "Como Gufi.net no factura nada a nadie, no paga ni un duro al regulador". "Nunca hemos prohibido, ni antes ni despu¨¦s de la circular, que las Administraciones presten servicios de Internet con wifi", aseguran desde la CMT. De hecho, afirman, m¨¢s de 200 Ayuntamientos ya est¨¢n inscritos en su registro como operadores.

En cualquier caso el asunto no ha estado siempre tan claro. En 2004 cerr¨® Sensefils BCN, con apenas una docena de nodos en toda la ciudad que, adem¨¢s, solo daba acceso gratuito a la p¨¢gina del Ayuntamiento y a otras de la Administraci¨®n. Motivo: la CMT consider¨® que no era una red de "inter¨¦s p¨²blico" y que, adem¨¢s, compet¨ªa con las operadoras privadas. Cuatro a?os despu¨¦s, en cambio, Avil¨¦s obtuvo la autorizaci¨®n para desplegar una red inal¨¢mbrica gratuita. La clave: financiarse con publicidad. Es decir, "no utilizar los fondos p¨²blicos para pagar servicios que otros ofrecen en libre competencia", dice la CMT.

Los grandes operadores siguen mirando con lupa a las Administraciones para que no compitan de forma desleal. "Es mucho lo que pueden hacer y muy positivo, e incluso nadie lo puede hacer si ellas no lo hacen", apuntan en Redtel. "Nos referimos a desarrollar servicios de tramitaci¨®n administrativa on line, que eviten desplazamientos y colas a los ciudadanos, facilitando y abaratando la ubicaci¨®n de infraestructuras de redes de telecomunicaciones en sus territorios, agilizando tr¨¢mites, ofreciendo programas de alfabetizaci¨®n digital a colectivos desfavorecidos o servicios p¨²blicos de teleasistencia a personas necesitadas". Est¨¢n de acuerdo con el apoyo p¨²blico a la sociedad de la informaci¨®n. Pero sin que afecte a su negocio.