Juicio al alcalde de Tordera por el vertido de aguas residuales

El alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia Ca?izares (CiU), se sentar¨¢ ma?ana en el banquillo de los acusados por verter aguas residuales contaminantes en una riera. El fiscal pide para ¨¦l la pena de cinco a?os de prisi¨®n por haber "permitido" y "consentido" que los residuos generados en la urbanizaci¨®n Terrabrava fueran arrojados "sin depuraci¨®n ni tratamiento alguno" a la riera de Vall-lloparda, "contaminando gravemente sus ecosistemas naturales".

Garcia Ca?izares es uno de los alcaldes catalanes que se han visto involucrados en procesos penales a prop¨®sito del tratamiento de las aguas residuales. En la ¨²ltima d¨¦cada, los regidores han tolerado vertidos contaminantes a causa, sobre todo, de la falta de depuradoras, que deb¨ªa construir la Agencia Catalana del Agua (ACA), un organismo que depende de la Generalitat.

La Audiencia de Barcelona juzga ma?ana y el martes al hombre que, desde 1995, ocupa la alcald¨ªa del municipio del Maresme y que en las pasadas elecciones municipales revalid¨® su mayor¨ªa absoluta. El fiscal considera probado que, al menos desde 2005, Garcia Ca?izares "incumpli¨® las obligaciones legales" y permiti¨® que las aguas llegaran a la riera a pesar de que el Consistorio "carec¨ªa de autorizaci¨®n administrativa" para efectuar los vertidos.

Los contaminantes "afectaron gravemente" a los ecosistemas naturales de la riera y generaron "un grave riesgo" para dos espacios naturales situados a escasa distancia de los torrentes. Un tramo de 1,7 kil¨®metros de Vall-lloparda se convirti¨®, concluye el fiscal, en "una alcantarilla a cielo abierto", hasta el punto de que la contaminaci¨®n "degrad¨®" el ecosistema e "impidi¨® el desarrollo de la vida animal y vegetal".

La ACA inst¨® al Ayuntamiento, en 2007, a regularizar la situaci¨®n. El Consistorio respondi¨® que estaba pendiente la construcci¨®n de una depuradora para la urbanizaci¨®n -el proyecto se aprob¨® en 2005- y el expediente de la Generalitat qued¨® archivado. Pero la instalaci¨®n no se llev¨® a cabo, argumenta el ministerio p¨²blico, "por razones estrictamente econ¨®micas, intentando eludir el coste econ¨®mico que conllevaba dicha obra". El fiscal considera que el alcalde intent¨® "derivar la responsabilidad" a la Administraci¨®n auton¨®mica.

En mayo de 2008, los Mossos d'Esquadra comprobaron los vertidos ilegales y lo pusieron en conocimiento de la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente y Urbanismo, que inici¨® las investigaciones. Las muestras tomadas de la riera mostraron los efectos de los residuos en Vall-lloparda, en contraste con las zonas adonde no llegaron esos vertidos.

La fiscal¨ªa acusa al alcalde de no hacer nada para poner fin a esa situaci¨®n y, adem¨¢s de la pena de prisi¨®n, pide para ¨¦l una multa de 7.500 euros y su inhabilitaci¨®n como alcalde durante cuatro a?os.