Los desterrados del crac inmobiliario
Siete familias gallegas son desahuciadas de sus casas cada d¨ªa por impagos
Ning¨²n gallego perdi¨® su vivienda ayer. Era domingo y los juzgados no trabajaban. Pero hoy los servicios judiciales llamar¨¢n a la puerta de siete nuevas familias para entregarles sus respectivas ¨®rdenes de desahucio. Un drama que, desde 2007, se ha repetido en Galicia en 6.700 ocasiones. Seg¨²n datos del Consejo General del Poder Judicial, solo en el primer trimestre de 2011, 628 viviendas pasaron a manos de bancos y cajas por impago de sus propietarios. Un 23% m¨¢s que en el mismo periodo del pasado a?o. Y las previsiones apuntan a que lo peor est¨¢ a¨²n por llegar. Lo que durante d¨¦cadas fue considerado anecd¨®tico patrimonio de la periferia social, la crisis y el lobby de los cr¨¦ditos milagro lo han transformado en el drama m¨¢s amargo y silencioso de los nuevos pobres, los desheredados del desplome del ladrillo.
Los afectados se sienten como delincuentes: "Somos humanos, no parias"
Los 'sin techo' de reciente aparici¨®n suelen ser familias trabajadoras
En la nomenclatura bancaria, sus historias se resumen con eufemismos que evolucionan desde el calificativo que advierte al adjetivo que denigra: tras un mes sin pagar, uno se convierte en "irregular", a los tres meses es "dudoso" y a los seis es ya oficialmente "moroso". El banco inicia el proceso de ejecuci¨®n hipotecaria y en un a?o tu casa es suya. Y sin haber pisado un juzgado.
Aunque tampoco es que la ley parezca entender mucho de justicia. Los retratos y biograf¨ªas que siembra la bancarrota inmobiliaria hablan poco de especulaci¨®n o avaricia y mucho de desinformaci¨®n y enga?o. Los sin techo de reciente aparici¨®n son, casi siempre, familias trabajadoras que, sin saberlo, hipotecaron su futuro y el de sus hijos a los caprichos innegociables de una dictadura, la del Euribor, que nadie les describi¨®, y a la explosi¨®n de una burbuja, la inmobiliaria, que banca, medios y administraciones negaron con evidente fervor.
En Galicia, un c¨®ctel de desesperaci¨®n y coraje convirtieron a Mar¨ªa Jos¨¦ ?lvarez en el rostro y la voz que denunci¨® "la estafa" cuando "estar embargado era como ser un leproso". La moa?esa inaugur¨® las movilizaciones contra las entidades financieras y fue la primera gallega en revelar su situaci¨®n ante la prensa. Pero su historia, dice, es como la de los dem¨¢s. "Lo que me interesa es que se explique qu¨¦ est¨¢n haciendo los bancos con nosotros". Su pesadilla comenz¨® cuando tanto su n¨®mina como la de su pareja dejaron de registrar ingresos. Las facturan comenzaron a amontonarse. "Si el empresario no te paga porque ¨¦l tampoco cobra, ?qu¨¦ puedes hacer t¨²? Dependes de los dem¨¢s". Al llegar al punto de tener que elegir entre comer o pagar la hipoteca, el matrimonio trat¨® de negociar con La Caixa la concesi¨®n de un pr¨¦stamo de 12.000 euros para que, sumados a los 70.000 de la venta del inmueble, se saldara su deuda. Pero la entidad se neg¨®, pidi¨® la ejecuci¨®n de la hipoteca y se adjudic¨® la casa por 67.400 euros. Ahora la vende en Servihabitat, su servicio inmobiliario, por 82.300 euros. "Estamos sufriendo una usura financiera. A los bancos no les interesa encontrar una soluci¨®n, no les interesa la igualdad, quieren tener a la poblaci¨®n con la soga al cuello para poder hacer con nosotros lo que quieran".
Mar¨ªa Jos¨¦ lucha ahora porque la conciencia social y la movilizaci¨®n ciudadana inviertan las estad¨ªsticas. Y lo cierto es que el eco de historias como la suya propagaron, al amparo de las asambleas del 15M, las proclamas y actividades de movimientos como Stop Desahucios. En A Coru?a, donde se encuentra la delegaci¨®n m¨¢s activa de esta plataforma en Galicia, sus miembros ejercen, entre otras cosas, de mensajeros de la tragedia de los que acuden a ellos para desahogarse. "Les recordamos que son las v¨ªctimas, no los culpables de su situaci¨®n", explica Jos¨¦ Miguel, miembro del colectivo, "creemos que la mejor manera de solucionar sus problemas es que los cuenten, pero la gente se niega a visualizarlos por verg¨¹enza, porque sienten que fracasaron".
Por eso, M. prefiere no revelar su nombre. A la p¨¦rdida de su vivienda, suma el robo de su dignidad. "Lo m¨¢s sangrante es que te tratan como a una apestada, como a una delincuente. Y yo no rob¨¦. No mat¨¦ a nadie. Somos seres humanos, no parias, pero, por desgracia, a¨²n funciona lo de "si le quitaron la casa ser¨¢ por algo". Pero M. es, como tantos otros en su situaci¨®n, una expatriada de la clase media. Jam¨¢s se hab¨ªa imaginado teniendo que entregar las llaves de su casa. Hasta que cierto d¨ªa, alguien decidi¨® que a sus 49 a?os era demasiado vieja para trabajar. De nada valieron los continuos despliegues de curr¨ªculos y las interminables rondas de entrevistas.
Sin empleo, pagar los 700 euros que se tragaba la hipoteca cada mes le resultaba imposible. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) no se apiad¨®. A pesar de los intentos de la propietaria por llegar a un acuerdo con el organismo dependiente de la Xunta, este descart¨® cualquier alternativa distinta del desahucio. Incluso, que M. permaneciera en la vivienda en r¨¦gimen de alquiler. Por si fuera poco, durante meses, y hasta que el desalojo se hizo efectivo, M. tuvo que soportar, adem¨¢s, el bochorno diario de una funcionaria que, "aporreando la puerta", la instaba a gritos a abandonar el inmueble.
Desesperada, trat¨® entonces de encontrar ayuda en la justicia gratuita. Tras un plazo relativamente breve, le fue asignada una letrada de oficio que, sin embargo, no hizo sino m¨¢s honda la herida. "No se dign¨® a realizar ni la m¨¢s m¨ªnima gesti¨®n, alegando, entre otras cosas, que yo no daba el perfil de desahuciada". La pasividad de la abogada era de tal calibre que M. ni siquiera sab¨ªa cuando tendr¨ªa que abandonar su vivienda. Durante horas, atisbaba tras la cortina, esperando que un taxi del juzgado parara junto a su portal. "A¨²n recuerdo la angustia que padec¨ª, atenta al m¨¢s m¨ªnimo ruido que escuchaba en la escalera, cada vez que sonaba el ascensor. Bajaba a comprar el pan y no sab¨ªa si al llegar iba a poder entrar en mi casa. Psicol¨®gicamente esto acaba por minarte". Al final, decidi¨® abandonar voluntariamente su propiedad antes de que la echaran por la fuerza. "Tuvimos que hacer la mudanza en un tiempo r¨¦cord para evitar espect¨¢culos".
Pero en su equipaje siguieron ocupando espacio las complicaciones y los absurdos. "Para acceder a un alquiler necesitas disponer de una fianza, cuando no de un aval bancario, requisitos que, dada tu situaci¨®n, es obvio que no tienes". Gracias a los amigos "y las casualidades", ha conseguido encontrar un piso en el que vivir. Pero sigue desempleada y el pago del alquiler se le hace casi imposible. "Lo peor es que a¨²n sigo sobresalt¨¢ndome cuando oigo un timbre o la puerta de alg¨²n vecino cerr¨¢ndose con cierta fuerza. No puedo olvidar lo que viv¨ª".
Gente sin pisos y pisos sin gente
Aunque la subasta de la casa de Esther, una vecina del barrio coru?¨¦s de Eir¨ªs, estaba prevista para hoy, la ausencia de un abogado de oficio que ejerciera su defensa en el proceso aplaza temporalmente el ¨²ltimo escollo de su desahucio. El banco Santander, que llevar¨¢ a cabo la venta, le proporcion¨® un cr¨¦dito de 78.000 euros cuando el acceso a la deuda era un producto m¨¢s de consumo.
Durante cinco a?os, Esther y su marido realizaron los pagos de la hipoteca en tiempo y forma. Jam¨¢s debieron nada. Pero en 2008, la pareja perdi¨® sus empleos y se divorci¨®. De aquella, a¨²n deb¨ªan 75.000 euros al banco, por lo que Esther le ofreci¨® su piso, tasado en 105.000, para finiquitar la deuda. Pero la entidad se neg¨® a aceptarlo. Ahora, los gastos judiciales y unos intereses del 24% engordaron su adeudo hasta los 120.000 euros, por lo que no solo ella, sino tambi¨¦n sus exsuegros, que la avalaron, pueden perder su casa. Una tragedia cada vez m¨¢s frecuente que llev¨® a diferentes colectivos de todo el Estado a presentar una Iniciativa Legislativa Popular, admitida a tr¨¢mite por la Mesa del Congreso el pasado viernes, en la que reclaman que se modifique la ley hipotecaria con la inclusi¨®n de, al menos, tres aspectos: la daci¨®n en pago retroactiva, es decir, que aquellas personas que no pueden pagar la hipoteca por causas ajenas a su voluntad cancelen su deuda al entregar su vivienda; una moratoria en los desahucios de las familias con problemas econ¨®micos y la reconversi¨®n de los miles de inmuebles vac¨ªos y embargados en viviendas de alquiler social. Ahora, si el Senado da su visto bueno antes de la disoluci¨®n de las Cortes el d¨ªa 26 de septiembre, solo 500.000 firmas separar¨¢n sus peticiones del debate de las mismas en el Congreso. Mientras tanto, el d¨ªa 25 las principales ciudades del pa¨ªs acoger¨¢n diversas manifestaciones por "el derecho a una vivienda digna".
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