El bufete del hermano de Castedo rechaza el pelotazo del PGOU

El despacho Salvetti Abogados, propiedad de Jos¨¦ Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del exedil socialista Javier Guti¨¦rrez, rechaza el informe policial del caso Brugal que atribuye a Enrique Ortiz un pelotazo de 120 millones en virtud del supuesto ama?o del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU).

La tesis de la polic¨ªa es que Ortiz, vali¨¦ndose de informaci¨®n privilegiada, acapar¨® suelo en zonas declaradas parques naturales, especialmente Fontcalent y Agua Amarga, para luego trasvasar la edificabilidad, como contempla la ley, a ¨¢reas urbanizables, en concreto al sector Torres de la Huerta. En esa zona el promotor es el due?o hegem¨®nico del suelo y el PGOU prev¨¦ 16.000 nuevas casas. Castedo y Guti¨¦rrez consideran "err¨®neo" el informe policial primero porque la declaraci¨®n de parques naturales viene determinada por ley y, segundo, porque el PGOU no asigna de antemano los aprovechamientos urban¨ªsticos de suelo protegido a un sector urbanizable concreto.

Aducen que el informe policial omite la legislaci¨®n urban¨ªstica vigente

Mantienen que Ortiz no tiene suelo protegido en la sierra de Fontcalent

Los abogados Castedo y Guti¨¦rrez est¨¢n imputados por el juez

Los argumentos con los que Castedo y Guti¨¦rrez intentan rebatir la acusaci¨®n policial est¨¢n incluidos en un recurso presentado al instructor, el titular del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante, el pasado 4 de julio. Antes de esa fecha, el 14 abril, la polic¨ªa hab¨ªa registrado el bufete. El informe policial, tras el escrutado del disco duro de los ordenadores, abund¨® en la tesis inicial del pelotazo a costa de los parques. Los agentes califican este despacho con el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al ama?o del planeamiento, cuyo cabecilla ser¨ªa Luis D¨ªaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado auton¨®mico. Este segundo informe policial, hecho p¨²blico el pasado 19 de septiembre, destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un r¨¦dito de un mill¨®n de euros a base de tramitar con ¨¦xito decenas de alegaciones.

El mencionado recurso de Castedo y Guti¨¦rrez comienza con un rechazo frontal a las imputaciones que la polic¨ªa y el fiscal les atribuye en el tr¨¢mite del PGOU de Alicante para favorecer a Ortiz. "Las referidas imputaciones, atendiendo a su contenido material, se fundamentan en interpretaciones subjetivas, que se realizan omitiendo la legislaci¨®n vigente y el contenido real del Plan General tramitado y aprobado", dicen.

Los abogados resaltan que desde la primera exposici¨®n p¨²blica del PGOU (17 de octubre de 2008) hasta la segunda aprobaci¨®n provisional del mismo (31 de mayo de 2010) el documento de planeamiento fue p¨²blico y estaba colgado en la web del Consistorio, "y por ello todos los ciudadanos pueden conocer su contenido y opinar sobre el mismo".

El escrito de los abogados urbanistas hace hincapi¨¦ en las cuatro supuestas actuaciones irregulares de la trama corrupta durante el tr¨¢mite del PGOU: proyecto Ciudad de la Econom¨ªa, Fontcalent, Saladar de Agua Amarga y Pla de Xirau.

Sobre el proyecto de la Ciudad de la Econom¨ªa (en el per¨ªmetro de protecci¨®n del humedal del Saladar de Agua Amarga), la polic¨ªa sostiene que la reclasificaci¨®n final de ese suelo como no urbanizable protegido se hizo a instancias de los intereses de Ortiz y, que, adem¨¢s, los aprovechamientos urban¨ªsticos de ese parque se hab¨ªan adscrito al sector de Torres de la Huerta.

El escrito de Salvetti Abogados considera que el suelo sobre el que se asentaba la propuesta de la Ciudad de la Econom¨ªa "es, por imperativo legal, suelo no urbanizable protegido". Seg¨²n los abogados, El Saladar de Agua Amarga y su per¨ªmetro de afecci¨®n (500 metros) est¨¢ considerado suelo no urbanizable desde el 10 de septiembre de 2002, seg¨²n recoge el Cat¨¢logo de Zonas H¨²medas de la Comunidad Valenciana.

Los urbanistas esgrimen este extremo legislativo para concluir que "es rotundamente incierto" que la declaraci¨®n de esa zona como parque natural en el documento de planeamiento aprobado provisionalmente "sea como consecuencia de beneficiar a Enrique Ortiz o alguna de sus empresas, sino que obedece pura y simplemente al cumplimiento de las exigencias de la legislaci¨®n vigente".

Los abogados consideran "err¨®nea" la conclusi¨®n de la polic¨ªan de adscribir el parque natural de Agua Amarga al sector de Torres de la Huerta. "No existe una adscripci¨®n concreta de un parque natural a un sector, sino que los parques se integran en ¨¢reas de reparto que, a su vez, contienen diversos sectores, por lo que la adscripci¨®n concreta a uno depender¨¢ de la evoluci¨®n de los mismos", argumentan los abogados.

En cuanto a la sierra de Fontcalent, los abogados niegan primero la mayor, es decir, que Ortiz tenga terrenos en la zona declarada parque natural. La polic¨ªa sostiene que el promotor compr¨® en esa zona 1,7 millones de metros cuadrados. El escrito de Castedo y Guti¨¦rrez rechaza que el Ayuntamiento declarara esa zona como parque natural por indicaci¨®n de Ortiz. "El motivo de su incorporaci¨®n radica en la ingente cantidad de alegaciones que solicitaron su protecci¨®n", se?alan. Al igual que en el caso de la Ciudad de la Econom¨ªa, los abogados consideran que la polic¨ªa se equivoca al adscribir este parque al sector Torres de las Huerta, "ya que en el planeamiento aprobado provisionalmente en 2010 la sierra de Fontcalent sigue manteni¨¦ndose como parque natural, estableci¨¦ndose su no adscripci¨®n a ninguna de las ¨¢reas de reparto previstas en el Plan General".

Sobre El Saladar de Agua Amarga, el informe policial recoge que la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja, puso en marcha una operaci¨®n para intentar adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido a Torres de la Huerta. La polic¨ªa concluye que el empresario trat¨® de cambiar los par¨¢metros relacionados con los porcentajes adscritos al suelo urbanizable. "Y todo ello para poder pasar de un beneficio estimado de 11 o 12 millones de euros" a 120 millones de euros, dice el informe policial.

Los abogados mantienen que el suelo de Agua Amarga "ostenta por disposici¨®n legal la condici¨®n de parque natural dentro del Plan General", y que tampoco sus aprovechamientos urban¨ªsticos est¨¢n adscritos directamente a ning¨²n sector concreto.

Castedo y Guti¨¦rrez se?alan que el coeficiente de ponderaci¨®n fijado para este parque y el resto "responde a criterios de naturaleza t¨¦cnica y legislativa y no se compadece con los intereses de Enrique Ortiz". Al Saladar, el PGOU otorga un coeficiente de 0,4%, seg¨²n los abogados "contrario a los intereses de Ortiz, que pretendi¨® eliminarlos o su reducci¨®n al 0,1%". El empresario present¨® alegaciones en ese sentido que fueron rechazadas por el Ayuntamiento. "Si el eje de la actuaci¨®n de Ortiz era el de influir en el PGOU para adquirir suelo de parques y se llega a afirmar que lo ha conseguido, ?qu¨¦ sentido tiene que a posteriori su objetivo sea eliminar los coeficientes que le dan valor a dichos suelos?", aducen los abogados, que esgrimen los mismos argumentos en el caso del sector del Pla de Xirau.

Jos¨¦ Luis Castedo y Javier Guti¨¦rrez est¨¢n imputados y el juez los interrogar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 26. La alcaldesa Sonia Castedo sigue en la misma situaci¨®n judicial en este sumario: acusada por el fiscal.