Los tribunales decidir¨¢n si A Illa debe recortar un 70% el suelo urbanizable

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a tr¨¢mite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de A Illa de Arousa y de un grupo de vecinos que de forma individual se han opuesto al decreto de la Conseller¨ªa de Medio Ambiente sobre el Plan de Ordenaci¨®n do Litoral (POL).

Para emitir su dictamen, el tribunal ha solicitado a la Xunta toda la documentaci¨®n que hace referencia a las restricciones urban¨ªsticas impuestas en la normativa auton¨®mica, sobre todo en el norte del archipi¨¦lago, donde se concentra mayor poblaci¨®n. Unas prohibiciones que adem¨¢s son interpretadas por el gobierno municipal como una vulneraci¨®n de unos derechos adquiridos por los vecinos y una invasi¨®n de sus competencias en un territorio ya protegido por sus caracter¨ªsticas singulares como espacio natural.

"Intentamos llegar a una soluci¨®n mediante el di¨¢logo con la Xunta pero no hubo ¨¦xito en la fase de alegaciones porque todas fueron desestimadas por eso apelamos a los tribunales como ¨²ltimo recurso", indic¨® el regidor socialista, Manuel V¨¢zquez.

Saturado de asuntos, la Sala de lo Contencioso ha tardado seis meses en contestar a la reclamaci¨®n del Ayuntamiento y vecinos y su veredicto podr¨ªa retrasarse a?os. El gobierno local ya recurri¨® en 2001 el deslinde de Costas y un tribunal de la Audiencia Nacional le acab¨® dando la raz¨®n en 2007. "Tambi¨¦n este ser¨¢ un proceso lento pero agotaremos todas las v¨ªas legales", apunt¨® V¨¢zquez.

El recurso al POL es at¨ªpico no solo por tratarse del ¨²nico municipio insular de Galicia sino porque todos los grupos municipales (PSOE, PP y BNG) se manifestaron en contra del decreto de la Xunta y avalaron el Plan de Ordenaci¨®n Municipal que ya en 2002 recort¨® la expansi¨®n del ladrillo. Unas previsiones que la Xunta disminuye en un 70%, adem¨¢s de relegar las competencias del gobierno local al convertirse en el ¨®rgano competente para la concesi¨®n de licencias. El Ayuntamiento se opone a que "el urbanismo del municipio sea una decisi¨®n discrecional del conselleiro de turno".

Ahora ser¨¢n los jueces los que decidan si las normas auton¨®micas vulneran los derechos de muchos vecinos que est¨¢n pagando como suelo urbano lo que el POL califica como r¨²stico. El territorio que no est¨¦ afectado por la recalificaci¨®n se incorporar¨¢ a un fichero de la Xunta y en los que no podr¨¢ decidir el Ayuntamiento.

El recurso paraliza los efectos del Plan de Litoral en A Illa y mientras el tribunal no se pronuncie ser¨¢n las normas municipales las que regulen la construcci¨®n. De las 108 hect¨¢reas que el Ayuntamiento contempla en sus planes de crecimiento, la normativa auton¨®mica solo deja 32 abiertas a futuras licencias y en zonas que ya est¨¢n urbanizadas. Con 5.020 habitantes, A Illa es uno de los pocos ayuntamientos que registran un crecimiento vegetativo positivo y una poblaci¨®n que casi se triplica en verano.