Illa se propone recuperar influencia en Europa a trav¨¦s del comit¨¦ de las regiones
El president se re¨²ne este mi¨¦rcoles con la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola para abordar la oficialidad del catal¨¢n
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha propuesto normalizar la vida pol¨ªtica institucional en Catalu?a implic¨¢ndose en el conjunto de Espa?a pero tambi¨¦n en Europa. El Consell Executiu ha aprobado en la reuni¨®n de este martes el denominado Plan Bruselas, que aspira a que Catalu?a recupere la influencia perdida en las instituciones europeas a trav¨¦s del comit¨¦ de las regiones. El objetivo es que recupere esa incidencia tanto desde el punto normativo como desde la obtenci¨®n de los fondos europeos.
El Govern ha aprobado el plan la v¨ªspera del viaje que este mi¨¦rcoles y jueves a las instituciones europeas coincidiendo con la celebraci¨®n del 30? aniversario del Comit¨¦ Europeo de las regiones. El independentismo lade¨® este organismo en la ¨¦poca del proc¨¦s y envi¨® como representantes a consejeros y secretarios generales. El ¨²ltimo presidente que ocup¨® la silla fue el socialista, Jos¨¦ Montilla, que dej¨® el cargo en 2010, por lo que tras ¨¦l ni Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragon¨¨s acudieron a ese ¨®rgano.
La consejera portavoz, Silvia Paneque, ha alegado que esas ausencias demuestran que hay un recorrido de mejora. ¡°Es fundamental que Catalu?a pueda incidir y tener influencia. de ambito regional o local. Y mostrar mayor compromiso con Europa¡±, ha dicho Paneque al t¨¦rmino del Consell Executiu en alusi¨®n a la vocaci¨®n de influir en vivienda, pol¨ªtica agraria o el marco financiero. Acompa?ado del consejero de UE y Acci¨®n Exterior, Jaume Duch, que ha sido alto funcionario del Parlamento europeo las dos ¨²ltimas d¨¦cadas, Illa participar¨¢ en la sesi¨®n del comit¨¦ de las regiones. El objetivo de la implicaci¨®n en este ¨®rgano, en cuestiones pr¨¢cticas, es evitar que se pierdan ayudas cuya tramitaci¨®n, se quejan los Ayuntamientos, es poco flexible.
Con el mismo objetivo de implicarse en Espa?a, Illa quiere trasladar el mensaje de que Catalu?a vuelve a ser un socio fiable en Europa. Pero se va con deberes: el primero es lograr que el catal¨¢n alcance la oficialidad en las instituciones europeas. Este mi¨¦rcoles se reunir¨¢ con la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, para defender la necesidad de que se alcance ese rango.
El Gobierno espa?ol y el catal¨¢n han presentado propuestas a la Mesa de la C¨¢mara para que se permita el uso del catal¨¢n en el hemiciclo. La oficialidad depende ya de que los 27 den luz verde a la petici¨®n del Gobierno espa?ol. ¡°Queremos traslarle a Metsola la importancia que ha tenido como elemento de cohesi¨®n¡±, ha se?alado la consejera en un momento en que el uso de la lengua, seg¨²n el propio Centro de Estudios de Opini¨®n (CEO), est¨¢ bajo m¨ªnimos.
Illa coincidir¨¢ en Bruselas con el lehendakari y con los presidentes de Canarias y Navarra con quien mantendr¨¢ reuniones. No as¨ª con el expresident Carles Puigdemont, que sigue residiendo en Bruselas a la espera de la aplicaci¨®n de la ley de Amnist¨ªa. Illa ha afirmado este lunes que le agradar¨ªa reunirse con el tambi¨¦n l¨ªder de Junts en Barcelona porque eso demostrar¨ªa que se le ha aplicado la medida de gracia, algo que reivindica que se haga sin dilaci¨®n.
El Consejo de Europa insta a Espa?a a que haya juicios en lenguas cooficiales si una parte lo pide
Los países del Consejo de Europa instan a España a que los procedimientos judiciales puedan llevarse a cabo en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde están reconocidas si una parte lo pide para procesos criminales, civiles o administrativos. En una recomendación adoptada este martes, el Comité de Ministros, que representa a los países miembros de la organización, respalda todas las observaciones y peticiones de los expertos en el informe sobre la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias en España, que publicaron el pasado 24 de septiembre, pero establece seis prioridades a partir de ese documento. Entre ellas figura el hecho de que los tribunales garanticen que, si una de las partes lo reclama, se puedan llevar a cabo los procedimientos en la lengua cooficial, es decir, en catalán o aranés en Cataluña, en catalán en Baleares, en euskera en el País Vasco y Navarra, en gallego en Galicia y en valenciano en la Comunitat Valenciana.
Los ministros consideran que en esas mismas comunidades sus respectivas lenguas cooficiales deberían estar garantizadas en la educación "en todos los niveles apropiados". Los ciudadanos, además, deberían poder dirigirse e interactuar en esas lenguas con las delegaciones de la Administración central. En su informe de septiembre, los expertos del Consejo de Europa hacían notar que la mayoría de las instancias judiciales "no atienden las peticiones para recibir documentación" y que no está garantizado que los tribunales las utilicen en sus procedimientos. Aunque reconocían que no hay datos recopilados a nivel estatal, indicaban
que "es bien sabido" que "casi nunca se utilizan" ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes.
Sobre la Administración del Estado en esas comunidades autónomas, afirmaban que "sigue siendo muy baja" la proporción de la plantilla que tiene conocimiento como para trabajar con la lengua cooficial y además "muchos textos administrativos y formularios continúan estando disponibles sólo en castellano". El Comité de Ministros también destaca entre sus seis recomendaciones
prioritarias dos referidas a lenguas minoritarias que no tienen el mismo carácter cooficial, pero que están reconocidas en otras comunidades o ciudades autónomas. Así, reclaman una acción "inmediata y decidida" para proteger y salvaguardar el aragonés y el catalán en Aragón, el leonés en Castilla y León, el valenciano en Murcia, el dariya y el amazigh en Ceuta y Melilla, así como sus respectivas culturas. En paralelo, solicitan que se garantice la enseñanza y el estudio "en todos los niveles apropiados" del amazigh y el dariya en Ceuta y Melilla, el leonés en Castilla y León y la fala en Extremadura. En el texto adoptado, el Comité de Ministros no incluyó entre sus recomendaciones prioritarias uno de los puntos más controvertidos del informe de los expertos, en el que estos estimaban que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias.
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