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Reportaje:Vida & Artes

?frica est¨¢ en venta

Grandes compa?¨ªas compran tierras para producir alimentos que luego exportan - Mientras, los habitantes locales pasan hambre

Imagine que Espa?a cediera la gesti¨®n de un territorio del tama?o de Extremadura a una empresa extranjera. O que hubiera espa?oles que pasaran hambre mientras compa?¨ªas for¨¢neas produjeran comida en Espa?a que luego exportar¨ªan a sus pa¨ªses de origen. Parece dif¨ªcil de creer, pero esa es la situaci¨®n que se est¨¢ dando en algunos pa¨ªses del ?frica subsahariana.

Desde 2001, los Gobiernos de pa¨ªses en desarrollo han arrendado, vendido o est¨¢n negociando la cesi¨®n de 227 millones de hect¨¢reas de tierras, o unos 2,27 millones de kil¨®metros cuadrados, seg¨²n cifras del Land Matrix Partnership, un grupo de acad¨¦micos, investigadores y ONG citados por Oxfam en un informe publicado hace unos d¨ªas.

Las adquisiciones conllevan la expulsi¨®n de las poblaciones locales
Firmas chinas llegan ya a estas zonas con sus trabajadores
La falta de regulaci¨®n facilita el acaparamiento de tierras
Se desaprovecha la ocasi¨®n de impulsar el desarrollo de estos estados

De ese total, gran parte de los contratos, que involucraron en gran mayor¨ªa a inversores extranjeros, se firmaron a partir de 2008. Y, desde ese a?o, m¨¢s del 70% de los contratos se han dado en el ?frica subsahariana, de acuerdo con un informe del Banco Mundial.

Mozambique, Sud¨¢n del Sur, Etiop¨ªa, Zambia, Liberia, Madagascar... incluso peque?os pa¨ªses como Uganda est¨¢n cediendo grandes extensiones de tierra a firmas de origen extranjero. En la mayor¨ªa de los casos, estas adquisiciones conllevan la expulsi¨®n de las comunidades locales de las tierras en las que habitaban. Luego, estas son usadas con fines comerciales como la producci¨®n de biofuel o aceite de palma, o se utilizan para cultivar alimentos b¨¢sicos como cereales o arroz que son exportados a otros pa¨ªses. Y la situaci¨®n da una vuelta de tuerca m¨¢s cuando se piensa que en algunos de estos pa¨ªses -como es el caso de Sud¨¢n del Sur y Etiop¨ªa- parte de la poblaci¨®n requiere de asistencia humanitaria continua para no pasar hambre.

Fue en 2008 el a?o que estas ventas alcanzaron su auge. Un incremento motivado, seg¨²n los expertos, por la subida del precio de los alimentos. Y fue a partir de entonces cuando grandes inversores privados, en su mayor¨ªa occidentales y pa¨ªses como China e India pero tambi¨¦n Arabia Saud¨ª, Kuwait y Corea del Sur, se lanzaron a comprar tierras en el extranjero en las que producir comida o a las que dar un uso comercial.

Parece que estos inversores han ido encontrando los bocados m¨¢s apetitosos en el ?frica subsahariana. Una zona que precisamente cuenta con enormes extensiones de tierra cultivable que no est¨¢n siendo desarrolladas. As¨ª, dejar su gesti¨®n a firmas extranjeras podr¨ªa parecer, en principio, una soluci¨®n positiva. Sin embargo, lo que podr¨ªa ser un camino hacia la modernizaci¨®n tecnol¨®gica y el desarrollo del empleo local, en la pr¨¢ctica no beneficia a la comunidad porque los Gobiernos no est¨¢n sabiendo negociar esas cesiones.

Los pocos estudios que hay sobre el tema muestran que, en la pr¨¢ctica, casi todos los casos de cesi¨®n de terreno a inversores extranjeros han acabado muy mal para las poblaciones locales. Es en estos casos cuando se usa la expresi¨®n acaparamiento de tierras, pero, ?en qu¨¦ consiste este fen¨®meno?

"El acaparamiento de tierras consiste en la sustracci¨®n de tierras rurales por parte de inversores internacionales para darles un uso comercial al mismo tiempo que niegan el acceso a esas tierras a la gente que tradicionalmente las usaba para ganarse la vida", resume Michael Ochieng Odhiambo, autor del informe Presiones comerciales sobre la tierra en ?frica para la Coalici¨®n Internacional de las Tierras.

"Se llama acaparamiento precisamente porque no se consulta a la gente que normalmente usaba esa tierra y sus intereses no se tienen en cuenta", a?ade Odhiambo, que tambi¨¦n es abogado ambientalista y director ejecutivo del Instituto para la Resoluci¨®n de Conflictos por Recursos, con sede en Kenia.

Las firmas internacionales que invierten en tierras en ?frica rechazan esta terminolog¨ªa y defienden que sus actuaciones contribuyen al desarrollo de zonas no productivas. La compa?¨ªa brit¨¢nica New Forests Company, a la que Oxfam acusa de haber provocado el desalojo forzoso de 20.000 personas en Uganda, se describe en un comunicado enviado a este diario como "una compa?¨ªa con una trayectoria impecable en inversiones sociales y en desarrollo, que en su corta vida no solo ha creado m¨¢s de 2.000 empleos en remotas comunidades rurales en Uganda, sino que ha incrementado su acceso a la sanidad, educaci¨®n, agua limpia y combustible".

De acuerdo con estos inversores, la adquisici¨®n de grandes extensiones de tierra en ?frica no solo tendr¨ªa consecuencias positivas sino que ser¨ªa algo necesario para la contribuci¨®n al desarrollo social y econ¨®mico de estos pa¨ªses.

"Nadie niega que a esas tierras se les podr¨ªa dar un mejor uso y nadie sugiere que invertir en tierras sea algo malo en s¨ª mismo, la cuesti¨®n aqu¨ª es el proceso que se sigue", responde Odhiambo. "Normalmente, se ignoran los derechos de las comunidades ind¨ªgenas cuyo sustento depende de esas tierras. Si el objetivo es realmente beneficiar a las poblaciones locales, entonces esta gente deber¨ªa ser incluida en las conversaciones y en la toma de decisiones, para que sus intereses sean tenidos en cuenta", a?ade.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los que acaban trabajando en las nuevas plantaciones no son personas de las comunidades locales. Odhiambo se?ala que, en algunos casos, firmas chinas traen a sus propios trabajadores, que de esta forma desplazan a los agricultores locales.

Seg¨²n datos del Banco Mundial, el ?frica subsahariana es la zona del planeta que cuenta con m¨¢s kil¨®metros cuadrados de tierra cultivable sin utilizar o sin ser suficientemente productiva. Pero los expertos ven una segunda raz¨®n para el hecho de que la mayor¨ªa de las adquisiciones de grandes extensiones de tierras se den precisamente en esa zona: Gobiernos corruptos y ausencia de leyes y regulaci¨®n adecuadas.

"Ning¨²n pa¨ªs africano requiere por ley el consentimiento libre, informado y por adelantado de los que viven en las tierras antes de que sean adjudicadas a un inversor. Son raros los requisitos de que se consulte a la poblaci¨®n local y, cuando existen, su implementaci¨®n tiende a estar por debajo de las expectativas", afirma en un informe sobre contratos de este tipo Lorenzo Cotula, del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo. "Se sabe muy poco sobre los t¨¦rminos exactos de estas transacciones de tierras en ?frica, ya que las negociaciones suelen realizarse a puerta cerrada", a?ade.

El hecho de que muchos de los Gobiernos del ?frica subsahariana no cuentan con demasiadas credenciales democr¨¢ticas y de que apenas existen leyes que regulen las condiciones de trabajo, las consecuencias para el medio ambiente o la propiedad de la tierra por parte de las comunidades locales, parecen contribuir al especial inter¨¦s que suscitan las tierras africanas entre empresas extranjeras y pa¨ªses en r¨¢pido crecimiento.

Ocurre, adem¨¢s, que en la mayor¨ªa de los pa¨ªses africanos el due?o de las tierras es el Estado, que no suele reconocer el derecho consuetudinario que podr¨ªa dar la propiedad de las tierras a las comunidades que llevan viviendo en ellas y trabaj¨¢ndolas durante generaciones.

"Fundamentalmente, se trata de una cuesti¨®n de mal gobierno, porque los Ejecutivos de estos pa¨ªses en ?frica no rinden cuentas a su gente, no consultan a las personas afectadas, hay muchos oficiales gubernamentales que buscan ganar dinero con estos contratos...", enumera Odhiambo. "Y con tal de proteger esta situaci¨®n, estos Gobiernos no quieren ning¨²n tipo de discusi¨®n sobre c¨®mo establecer pol¨ªticas e instituciones adecuadas".

Entonces, si se dieran las condiciones ideales, si las poblaciones locales fueran consultadas y tuvieran voz y voto, que los Gobiernos buscaran el inter¨¦s de las comunidades que viven en las tierras en cuesti¨®n y que todo el proceso respondiera a normas democr¨¢ticas, ?podr¨ªa ser la cesi¨®n de grandes extensiones de tierra una soluci¨®n para desarrollar la agricultura africana y finalizar con la dependencia de ayuda exterior de muchos de estos pa¨ªses?

"Es que en la pr¨¢ctica esa hip¨®tesis no se cumple. En casi todas las adquisiciones masivas que se han hecho para nada se han tenido en cuenta esos requisitos", responde Jos¨¦ Antonio Osaba, asesor general del Foro Rural Mundial, en la misma l¨ªnea que muestran los pocos estudios que han analizado este tipo de contratos.

"Nosotros planteamos una moratoria de 20 a?os sobre esas adquisiciones masivas de tierras para que en ese tiempo se pueda priorizar la agricultura familiar y nacional destinada a producir alimentos para las poblaciones africanas. Y tambi¨¦n para que se realice un an¨¢lisis muy serio y en profundidad de qu¨¦ significan y qu¨¦ consecuencias tienen estas adquisiciones masivas", explica Osaba, que remata: "Que ?frica, que est¨¢ con hambrunas, est¨¦ alimentando a poblaciones de otros continentes es algo ins¨®lito".

M¨¢s moderado, Odhiambo s¨ª cree que, bien hechas y con las regulaciones adecuadas puestas en pr¨¢ctica, las cesiones de tierras podr¨ªan ser parte de la soluci¨®n al problema del hambre en ?frica. "En el plano internacional, se deber¨ªan establecer unos est¨¢ndares que gobiernen todas estas transacciones para que se puedan realizar correctamente", apunta.

Un trabajador de la brit¨¢nica New Forests Company mide el tama?o de un eucaliptus en una de las plantaciones de la empresa.
Un trabajador de la brit¨¢nica New Forests Company mide el tama?o de un eucaliptus en una de las plantaciones de la empresa.
9.000 personas han denunciado en Uganda desalojos tras la llegada de NFC. En la foto, una de sus f¨¢bricas.
9.000 personas han denunciado en Uganda desalojos tras la llegada de NFC. En la foto, una de sus f¨¢bricas.

Una Extremadura para los indios en Etiop¨ªa

Etiop¨ªa da pleno sentido al t¨¦rmino acaparamiento. Este pa¨ªs -que adem¨¢s ahora se ha visto afectado por la sequ¨ªa y la crisis alimentaria en el Cuerno de ?frica- era ya el quinto m¨¢s hambriento del mundo, seg¨²n el ?ndice Global del Hambre. Unos 13 millones de habitantes dependen de alg¨²n tipo de ayuda humanitaria para comer, y solo en 2010 el pa¨ªs recibi¨® unos 2.000 millones de euros en asistencia humanitaria.

Pero estos datos no han impedido al Gobierno et¨ªope ceder 11.900 kil¨®metros cuadrados de tierras a empresas privadas y haber puesto en el mercado otros 30.000. Algo que en total supone una extensi¨®n similar a la de Extremadura. La mayor parte de las tierras han ido a parar a manos extranjeras, en particular a inversores indios.

En 2010, el Gobierno reasent¨® a 150.000 personas para disponer de sus tierras, que en Etiop¨ªa legalmente pertenecen al Estado. A lo largo de 2011 el objetivo es realojar m¨¢s de 100.000 hogares, la mayor¨ªa en el sur y suroeste del pa¨ªs, habitados por etnias minoritarias.

"La intenci¨®n del Gobierno de arrendar estas tierras que han sido utilizadas por nuestras comunidades durante generaciones significa que la poblaci¨®n pierde su forma de trabajar la tierra y queda condenada a depender totalmente de ayuda humanitaria", se lamenta Nyikaw Ochalla, director de la Organizaci¨®n para la Supervivencia Anywaa. "Se deja a las comunidades locales fuera de la toma de decisiones, y lo que ocurre es que un d¨ªa esta gente ve una larga fila de tractores que est¨¢ despejando las tierras. Y cuando preguntan al Gobierno regional qu¨¦ est¨¢ ocurriendo nadie sabe nada, porque la negociaci¨®n la han llevado a cabo solo una o dos personas en su propio beneficio", describe.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente han criticado al Gobierno et¨ªope por el desalojo de las poblaciones locales y la cesi¨®n de tierras.

El primer ministro, Meles Zenawi, se defiende siempre de estas acusaciones criticando a su vez a occidente. El a?o pasado, durante la presentaci¨®n de un plan quinquenal de desarrollo para su pa¨ªs, declar¨®: "Estas organizaciones no quieren ver c¨®mo ?frica se desarrolla, quieren que sigamos subdesarrollados y atrasados para servir a los turistas occidentales como un museo".

M¨¢s de 20.000 reasentados, ?voluntarios?

El mes pasado, la Autoridad Nacional de Bosques de Uganda dijo a 5.000 personas que deben abandonar sus hogares en el distrito de Kiboga, en el centro del pa¨ªs. En total, m¨¢s de 20.000 personas han sido expulsadas de sus casas de esta zona y el cercano distrito de Mubende en los ¨²ltimos tres a?os, seg¨²n denunci¨® Oxfam en un informe. "Hoy, las personas expulsadas est¨¢n desesperadas, ya que han ca¨ªdo en la pobreza y no poseen tierras", se?ala el estudio.

La raz¨®n para el desalojo es que el Gobierno ha cedido m¨¢s de 20.000 hect¨¢reas a la empresa brit¨¢nica New Forests Company (NFC). Esta se dedica a plantar eucaliptos y pinos para comercializar su madera y para generar bonos de carbono que vender a empresas contaminantes. Los expulsados fueron considerados ocupantes ilegales.

Pero muchas de las familias se?alan que llevaban 40 a?os o m¨¢s en la zona y que hab¨ªan recibido t¨ªtulos de propiedad de las autoridades. Adem¨¢s, acusan al personal de NFC y al Gobierno de usar la violencia y de quemar casas y cultivos.

Representantes de unas 9.000 personas denunciaron los desalojos de Kiboga y Mubende ante los tribunales. Los casos siguen abiertos. El Tribunal Supremo emiti¨® ¨®rdenes en 2009 para que se detuvieran las expulsiones, pero las familias denuncian que los desahucios continuaron hasta el a?o pasado.

"Legales y pac¨ªficos"

Por su parte, NFC ha negado en todo momento haber participado en las expulsiones. En un comunicado enviado a este diario se?al¨®: "Nuestro entendimiento sobre estos reasentamientos es que fueron legales, voluntarios y pac¨ªficos y nuestras observaciones en el terreno lo confirmaron". El Gobierno ugand¨¦s tambi¨¦n ha mantenido en todo momento que los habitantes de las tierras cedidas a NFC eran ocupantes ilegales que fueron desalojados pac¨ªficamente.

Pero los expertos dan m¨¢s credibilidad a la comunidad local. "En general, en Uganda el m¨¦todo de distribuci¨®n de tierras no es transparente y el Gobierno no rinde cuentas", explica Onesmus Mugyeni, analista de Pol¨ªticas P¨²blicas de la Coalici¨®n de Abogados para el Desarrollo y el Medio Ambiente de Uganda. "En la mayor¨ªa de los casos, la gente tiene permiso para llevar a cabo actividades en la zona, y de repente les dicen que esas tierras se han dado a alg¨²n inversor y nadie les ha informado ni consultado. Al d¨ªa siguiente tienen all¨ª a la polic¨ªa y al ej¨¦rcito".

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