Galicia busca culpables
La Xunta y la oposici¨®n piden que se devuelvan los cobros millonarios
Arrastrados por la indignaci¨®n que recorre el pa¨ªs, los partidos gallegos disparan contra todo lo que se mueve buscando a los responsables de las indemnizaciones de 23,6 millones para cuatro exdirectivos de la Novacaixagalicia. Hasta Jos¨¦ Luis Baltar, el bar¨®n ourensano acusado de emplear a 400 familiares y cargos del PP en la Diputaci¨®n, las califica como "una verg¨¹enza, absolutamente inmorales". Los nuevos responsables del banco intentan recuperar parte de ese dinero.
El presidente de la Xunta, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, se desmarc¨® del asunto desde el minuto cero. Como "un indignado m¨¢s", admiti¨® desconocer las retribuciones y se?al¨® al Banco de Espa?a como el ¨²nico responsable. El recurso de su Gobierno contra el decreto de recapitalizaci¨®n de las cajas, que el Tribunal Constitucional admiti¨® en junio, ha marcado una l¨ªnea argumental de la que el PP no se aparta. La consigna la repite la conselleira de Facenda, Marta Fern¨¢ndez Curr¨¢s: la fusi¨®n de dos cajas -que presentaban enormes solapamientos de oficinas- no fue una mala idea, hasta que el Gobierno de Zapatero "cambi¨® las reglas del juego".
Feij¨®o descarga toda la responsabilidad en el Banco de Espa?a
Volviendo a las indemnizaciones, la Xunta basa su desconocimiento de los contratos en la fecha en que fueron firmados: dos son anteriores al 2000 (con gobiernos de Manuel Fraga) y otro es del 2006 (PSOE-BNG). "El Banco de Espa?a conoc¨ªa perfectamente todo lo que pasaba, ten¨ªa la sart¨¦n por el mango. Incluso valor¨® que Pego fuese director", insiste un diputado que enumera hasta ocho art¨ªculos, sentencias y directivas que detallan las competencias del supervisor en la pol¨ªtica de retribuciones de las cajas.
Pero la Xunta forz¨® la fusi¨®n tras una auditor¨ªa de KPMG que, seg¨²n se deriva de la explicaci¨®n de Feij¨®o, no recog¨ªa ni una l¨ªnea sobre esos contratos que se rescindieron tras una provisi¨®n de fondos de 23,6 millones de euros. Tampoco sab¨ªa nada el representante de la Conseller¨ªa de Facenda en la comisi¨®n de control, un organismo ejecutivo que revisa los acuerdos del consejo de la caja. Seg¨²n la ley auton¨®mica, ese delegado puede solicitar "cuantos antecedentes e informes considere necesarios" a los ¨®rganos de gobierno.
En la cara B del disco est¨¢ el propio consejo de la caja. En la sesi¨®n del 25 de agosto se inform¨® de que hab¨ªa "contratos de alta direcci¨®n en vigor". Y que exist¨ªa la posibilidad de que los ejecutivos pidiesen su rescisi¨®n. Se aprob¨® "una provisi¨®n para el eventual ejercicio de ese derecho", sin determinar ninguna cuant¨ªa. Es el ¨²ltimo cap¨ªtulo de una manera de actuar labrada durante a?os, bajo poder intocable de los directivos.
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