El fiscal de Brugal pide una prueba caligr¨¢fica del hermano de Castedo
El abogado declara que no hizo trabajos para Ortiz en el PGOU de Alicante
El abogado urbanista Jos¨¦ Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su socio el exedil socialista Javier Guti¨¦rrez, declararon ayer ante el juez que no hicieron ning¨²n trabajo para el promotor Enrique Ortiz vinculado al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). Al t¨¦rmino del interrogatorio, el fiscal Anticorrupci¨®n pidi¨® al juez una prueba caligr¨¢fica de los urbanistas para cotejar anotaciones manuscritas supuestamente realizadas por ¨¦stos en documentos incluidos en el sumario.
Jos¨¦ Luis Castedo compareci¨®, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado n¨²mero 5 de Alicante, Manrique Tejada, que instruye la rama del caso Brugal sobre un presunto ama?o del planeamiento urbano en favor de los intereses del promotor Ortiz. Junto a Jos¨¦ Luis Castedo, el magistrado tambi¨¦n tom¨® declaraci¨®n como imputado a su socio en el despacho Salvetti Abogados, Javier Guti¨¦rrez. El fiscal acusa a ambos de los delitos de tr¨¢fico de influencias y uso privilegiado de informaci¨®n. Castedo y Guti¨¦rrez solo respondieron a las preguntas de sus abogados y rechazaron contestar al resto de las partes personadas, el fiscal Anticorrupci¨®n y las acusaciones populares que ejercen el PSPV y EU.
El hermano de la alcaldesa de Alicante tilda de "infantil" el informe de la polic¨ªa
Guti¨¦rrez dice que su trabajo era "motivar" las alegaciones
El fiscal Anticorrupci¨®n y la polic¨ªa mantienen que Salvetti Abogados fue el puente del que se vali¨® el promotor Ortiz para modificar el planeamiento en funci¨®n de sus interes urban¨ªsticos en la ciudad. La investigaci¨®n tambi¨¦n se?ala que desde el despacho canalizaron decenas de alegaciones que fueron estimadas y que les gener¨® un beneficio de un mill¨®n de euros.
Al igual que su hermana, Jos¨¦ Luis Castedo esgrimi¨® la tesis del, en su opini¨®n, "deficiente, err¨®neo e interpretativo" informe policial que implica a los dos abogados urbanistas en la supuesta trama corrupta que anid¨® en la recta final de la redacci¨®n del Plan General, entre marzo de 2008 y mayo de 2010. Castedo, seg¨²n fuentes del caso, calific¨® as¨ª la investigaci¨®n policial: "Es una infantilizaci¨®n que hace la polic¨ªa de un proceso muy complejo".
El exedil socialista Javier Guti¨¦rrez tambi¨¦n neg¨® que hubiera realizado ning¨²n trabajo para Ortiz vinculado al PGOU de Alicante. En un momento de su declaraci¨®n, seg¨²n fuentes del caso, Guti¨¦rrez lleg¨® a asegurar que "jam¨¢s" ha trabajado "para un monopolista del suelo". Enrique Ortiz posee el 70% del suelo urbanizable en el t¨¦rmino municipal de Alicante. Guti¨¦rrez asegur¨® que el objeto social del despacho Salvetti Abogados era la gesti¨®n del suelo, "aunque de manera l¨ªcita".
Castedo y Guti¨¦rrez s¨®lo reconocieron una gesti¨®n para Enrique Ortiz, pero relacionada con un programa urban¨ªstico en la poblaci¨®n de Santa Pola. Por ese trabajo aseguraron que facturaron al empresario 60.000 euros.
Respecto a las alegaciones al Plan General que, seg¨²n el informe policial, elabor¨® el despacho Salvetti Abogados, Javier Guti¨¦rrez se?al¨® que no ten¨ªan la autonom¨ªa que la investigaci¨®n les atribuye para plantear su estimaci¨®n, sino que era un trabajo de mera asesor¨ªa, "su motivaci¨®n jur¨ªdica". Seg¨²n los abogados, la competencia para estimar las alegaciones era una cuesti¨®n exclusiva de los t¨¦cnicos municipales y del equipo redactor del PGOU.
Por otro lado, Antonio ?ngel Fenoll, hijo del industrial ?ngel Fenoll, imit¨® ayer a su padre y se neg¨® a declarar ante el titular del Juzgado n¨²mero 3 de Orihuela, que instruye otra rama del caso Brugal sobre un supuesto soborno al presidente del PP de Alicante, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll, por la contrata de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja.
"Son las que son: 19 alegaciones y 11 clientes"
En su declaraci¨®n ante el juez, Jos¨¦ Luis Castedo y Javier Guti¨¦rrez se mostraron parcos. El grueso de su explicaci¨®n para contrarrestar la acusaci¨®n de la polic¨ªa y el fiscal Anticorrupci¨®n en la trama del PGOU ya lo adelantaron, por escrito, la v¨ªspera de su comparencia ante el juez.
A largo de un extenso escrito (167 p¨¢ginas) los abogados responden a las acusaciones y tesis del informe elaborado por la Brigada de Delitos Econ¨®micos de la Comisaria de Alicante tras el registro de su despacho (Salvetti Abogados). En el escrito hacen hincapi¨¦ en que solo tramitaron 19 alegaciones para 11 clientes de las 3.834 presentadas al documento. "Son las que son y no hay m¨¢s. Y resulta que realizar el 0,45% de las mismas supone una trama organizada para el investigador", se?alan.
Castedo y Guti¨¦rrez aseguran que el beneficio que obtuvieron por los trabajos relacionados con las alegaciones fue de 20.000 euros, el 2% de la facturaci¨®n del despacho en 2009. La polic¨ªa eleva esa cifra hasta el mill¨®n de euros. Seg¨²n los abogados, la estimaci¨®n de la polic¨ªa es "err¨®nea" porque atribuye todos los pagos de esos 11 clientes al concepto de elaboraci¨®n de alegaciones. Seg¨²n ellos, el grueso de las cantidades es por otros servicios ajenos a las alegaciones.
Igualmente niegan, como mantiene la polic¨ªa a trav¨¦s de datos recabados en la Agencia Tributaria, que hubieran recibido dos pagos de Enrique Ortiz (uno de 90.000 euros y otro 69.600). Los abogados aseveran que la primera factura fue anulada y la segunda era "una mera proforma que jam¨¢s ha sido emitida".
Castedo y Guti¨¦rrez rechazan imputaci¨®n de la polic¨ªa de que las personas al frente de la sociedad que realizan las alegaciones (la firma G&M Gesti¨®n del Suelo, propiedad de Guti¨¦rrez) y las personas que las estiman "son las mismas". Guti¨¦rrez asegura que nunca firm¨® un contrato con la empresa adjudicataria del PGOU, la mercantil Laboratorio de Proyectos, SL. "No existe [el contrato] pues nunca se ha firmado", recoge el escrito. "El documento al que se refiere el investigador es un mero borrador de contrato que nunca fue suscrito por las partes", a?ade.
Y, por ¨²ltimo, recalcan que s¨®lo "informaban jur¨ªdicamente" las alegaciones pero no se pronunciaban sobre su estimaci¨®n, competencia de los t¨¦cnicos municipales y el equipo redactor del PGOU. "Guti¨¦rrez no formaba parte de ese equipo sino que era un colaborador externo del mismo".
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