La juez extiende las pesquisas del caso de los ERE a otras consejer¨ªas

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha extendido su investigaci¨®n a otras consejer¨ªas de la Junta de Andaluc¨ªa por la concesi¨®n de ayudas directas a empresas. Hasta ahora la magistrada ha centrado sus pesquisas en la Consejer¨ªa de Empleo, que desde 2001 destin¨® un fondo de 647 millones para empresas en crisis. Sin embargo, ayer el caso dio un nuevo giro al ampliar la juez su investigaci¨®n a, al menos, otras tres consejer¨ªas (Agricultura y Pesca, Innovaci¨®n, Ciencia y Empresa, y Turismo) para saber si, al igual que Empleo, concedieron ayudas a empresas a trav¨¦s de transferencias de financiaci¨®n del Instituto de Fomento de Andaluc¨ªa (IFA).

El IFA actuaba como instituci¨®n pagadora de las subvenciones y, mediante ¨®rdenes de ayudas, Empleo habr¨ªa eludido supuestamente la Ley auton¨®mica de Hacienda P¨²blica, seg¨²n denunci¨® la polic¨ªa. Adem¨¢s, varios informes de la Intervenci¨®n General de la Junta advirtieron en contra del procedimiento seguido para conceder las subvenciones. Con el auto que dict¨® ayer, la juez investiga ya la gesti¨®n de cuatro de las 13 consejer¨ªas andaluzas.

Mercedes Alaya pide datos de Turismo, Agricultura e Innovaci¨®n y Ciencia

El auto abre una l¨ªnea sobre firmas de la Sierra Norte de Sevilla

Mientras, la juez avanz¨® ayer "una nueva l¨ªnea de investigaci¨®n" para detallar los 13,7 millones que recibi¨® el exedil socialista de El Pedroso (Sevilla) Jos¨¦ Enrique Rosendo a trav¨¦s de un entramado de empresas. Rosendo es hijo del exalcalde Rafael Rosendo, imputado como intruso en la causa, y a trav¨¦s de 11 sociedades vinculadas a la ganader¨ªa y la restauraci¨®n recibi¨® ayudas millonarias de manera discrecional y sin control de seguimiento del dinero a posteriori por parte de Empleo.

"La concentraci¨®n en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un n¨²mero tan importante de ayudas p¨²blicas, realizadas a trav¨¦s de las transferencias de financiaci¨®n, lo que implica la ausencia de procedimiento, de control de gasto y del destino de las cantidades aplicadas, obliga necesariamente a investigar" estas firmas, destaca el auto. Adem¨¢s, Alaya pide documentaci¨®n sobre las ayudas concedidas a sociedades de ?ngel Rodr¨ªguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla, que aglutinaron 7,8 millones en subvenciones p¨²blicas.

Hace un mes el PP denomin¨® como la "trama Viera" el conjunto de ayudas concedidas a la Sierra Norte sevillana, entre las que figuran las de Rosendo y Rodr¨ªguez de la Borbolla, consecuencia, seg¨²n los populares, de los v¨ªnculos con estas empresas que mantuvo el l¨ªder de los socialistas sevillanos, Jos¨¦ Antonio Viera. Entre 2000 y 2004, este concedi¨® como consejero de Empleo la gran mayor¨ªa de estas controvertidas ayudas, de ah¨ª que el PP solicitara su investigaci¨®n. La juez sigue esta senda pero sin nombrar a Viera, ya que su ulterior imputaci¨®n significar¨ªa elevar el caso al Tribunal Supremo, dada la condici¨®n de aforado de Viera (era senador y ahora es candidato al Congreso).

Este auto de Alaya, de 44 p¨¢ginas, supone un punto de inflexi¨®n en la causa. La magistrada pide a las partes que reflexionen sobre la magnitud de una investigaci¨®n que ya ata?e a m¨¢s de un centenar de empresas. "La sincronizaci¨®n resulta imprescindible", valora, para a continuaci¨®n instar un orden para analizar los expedientes.

De este modo, la juez busca aclarar "los pagos cruzados" entre la Junta y las aseguradoras, por los que se atend¨ªan los compromisos urgentes. Un aut¨¦ntico galimat¨ªas por el que el dinero de un ERE se destinaba a otro a trav¨¦s de una sencilla orden de pago. La consecuencia ha sido un impago pendiente que supera los 100 millones y que ahora Alaya intenta delimitar: "Ayudas sociolaborales y a empresas resueltas (...) y no pagadas, que no est¨¢n incluidas en el desplegable".

Uno de los ejemplos es el expediente del restaurante R¨ªo Grande, cuyos pagos se abonaron pero no figura en el desplegable de la agencia IDEA. La magistrada subraya este dato y la respuesta es que se pag¨® a trav¨¦s de estos "pagos cruzados". En el auto pide a la Junta que le informe de los empresarios que hayan reclamado por v¨ªa judicial el pago de las ayudas concedidas, entre los que se encuentra Jos¨¦ Mar¨ªa Sayago, exsocio de Rosendo.

Alaya pide una bater¨ªa de documentos a la Junta. Entre ellos destacan las "bases de datos extracontables" relativas a la contabilidad del IFA. Es decir, documentos a?adidos a las contabilidades remitidas al juzgado, para as¨ª escudri?ar las subvenciones que tramit¨® este organismo.