La paradoja del 'edificio 15-0'
Una caja de ahorros es propietaria del bloque ocupado de Nou Barris porque la promotora no pudo pagarle la hipoteca - El fiscal pide el desalojo de las familias
La crisis del ladrillo dibuja extra?as paradojas. Resulta que la promotora del edificio ocupado por los indignados en Nou Barris (Barcelona) no pudo hacer frente a la hipoteca que hab¨ªa contra¨ªdo con una caja de ahorros. A cambio de los 3,4 millones que era incapaz de devolver, la empresa entreg¨® el inmueble. O sea, la daci¨®n en pago. Y la entidad financiera, a diferencia de lo que hace con la mayor¨ªa de particulares, acept¨® el trueque.
En el rebautizado como edificio 15-O, por la fecha de la ocupaci¨®n, residen una decena de familias desahuciadas o incapaces de acceder a una vivienda por sus medios. Ocho de esas personas -las ¨²nicas que los Mossos d'Esquadra lograron identificar y citar ante el juez- declararon ayer como imputadas por un presunto delito de usurpaci¨®n de vivienda. El magistrado Miguel ?ngel Tabar¨¦s tiene en sus manos su futuro inmediato y debe decidir si archiva la denuncia de la propiedad (Cajamar) o, por el contrario, acuerda el desalojo.
"El derecho a la propiedad no es absoluto", sostiene la defensa
Tras escuchar las razones de seis de los ocupantes y de otros dos vecinos del barrio citados por error -entraron al inmueble a llevar comida- el juez celebr¨® una breve vista. En la sala se plante¨® una pregunta que est¨¢ presente en todas las causas por ocupaci¨®n, pero que a la luz del Movimiento 15-M adquiere una nueva dimensi¨®n: ?Qu¨¦ prevalece, el derecho a la propiedad o el derecho a la vivienda?
El fiscal empez¨® por admitir los estragos que ha causado la crisis econ¨®mica y asumi¨® que las familias de Nou Barris atraviesan "una situaci¨®n dif¨ªcil". Pero no pudo ir m¨¢s all¨¢ de ese reconocimiento: para aplicar la ley, dijo, los ocupantes ilegales deben ser desalojados. El ministerio p¨²blico propuso al juez que d¨¦ un plazo m¨¢ximo de un mes para que abandonen el n¨²mero 2 de la calle de Almagro de forma voluntaria. En caso contrario, pidi¨® que "sean desalojados a la fuerza". O sea, por la polic¨ªa.
"Existen derechos de propiedad que se han vulnerado", subray¨® el fiscal en su informe final, que fue rebatido por uno de los abogados de las familias, Ibai Arbide. "El derecho a la propiedad no es absoluto". El objetivo de la defensa es ganar tiempo para prolongar al m¨¢ximo la estancia de los ocupantes en Nou Barris. Por eso, Arbide argument¨® que la v¨ªa penal escogida por la propiedad (m¨¢s expeditiva que la v¨ªa civil) no est¨¢ justificada en este caso. Y se bas¨®, para ello, en las palabras del apoderado de Cajamar, quien aleg¨® que la entidad financiera ha querido ahorrarse los costes de una demanda civil.
El abogado arguy¨® que la finca permanece desierta desde hace a?os y a?adi¨® que los ocupantes no tienen "vocaci¨®n de permanencia", otro de los requisitos para resolver una ocupaci¨®n por la v¨ªa penal. "Es un realojo temporal porque est¨¢n en situaci¨®n de exclusi¨®n social".
La caja de ahorros que reclama el desalojo es propietaria del edificio 15-O desde el pasado 31 de agosto, tras una daci¨®n en pago de la promotora, una circunstancia que afil¨® el verbo del otro abogado de la defensa, Jos¨¦ ?ngel Gallego: "Quien se dice propietario no lo es; es solo un usurpador", dijo. La intenci¨®n de Cajamar, claro, es vender los pisos. Pero no tiene ofertas a la vista. En puridad, la entidad no es due?a de la totalidad de la finca: el aparcamiento y los locales comerciales pertenecen a otras personas y empresas que, por ahora, no han presentado denuncia.
"Me da igual que sea Juan o Pepe, yo lo que quiero es recuperar el edificio", dijo el apoderado del banco, seg¨²n fuentes judiciales. El hombre, que evit¨® hacer comentarios a los medios, aludi¨® a unas supuestas im¨¢genes de v¨ªdeo captadas por c¨¢maras de vigilancia instaladas en la finca. La propiedad pretendi¨® dejar claro con esa afirmaci¨®n que el edificio no estaba abandonado. En la pr¨¢ctica, sin embargo, esas im¨¢genes no han aparecido, precisaron las mismas fuentes.
El juez Tabar¨¦s, que dio un aceler¨®n al caso Palau durante los meses en los dirigi¨® la instrucci¨®n de la causa contra F¨¨lix Millet y Jordi Montull, deber¨¢ dirimir el futuro del bloque de Nou Barris. Lo previsible es que no tarde m¨¢s de unos d¨ªas en adoptar una resoluci¨®n. Ayer, el juez advirti¨® a los abogados de la defensa de que, en el hipot¨¦tico caso de que acordase el desalojo, los vecinos ser¨¢n informados y tendr¨¢n un margen de tiempo para marcharse, si quieren, por su propio pie.
"Imputen a los bancos"
Gonzalo Fern¨¢ndez y Antonio Tallada son vecinos del barrio de Verdum. All¨ª se encuentra el edificio que, el pasado 15 de octubre, fue ocupado por un grupo de personas tras las manifestaciones de indignados por todo el mundo. Fern¨¢ndez y Tallada est¨¢n comprometidos con movimientos asociativos y vecinales, pero no viven en el edificio 15-O. Solo acudieron a la finca a ofrecer comida y cubrir otras necesidades b¨¢sicas de las familias. A la salida, sin embargo, toparon con los Mossos d'Esquadra, que ten¨ªan la orden del juez de identificar a todos los ocupantes.
Los agentes les entregaron una citaci¨®n para acudir a declarar como imputados. "Nos quedamos sorprendidos, pero ya ha quedado todo aclarado. De todas formas, creo que deber¨ªan imputar a los bancos y no a nosotros", relat¨® Fern¨¢ndez tras su declaraci¨®n. En una l¨ªnea similar se expres¨® Tallada, que anim¨® al juez a hacer caso omiso de la propiedad para que las familias ocupantes "sigan teniendo un techo". Ambos justificaron la ocupaci¨®n de Nou Barris por la carest¨ªa de la vivienda y resaltaron que el edificio llevaba m¨¢s de cinco a?os vac¨ªo.
Ante el juez, los otros seis imputados aseguraron que se han instalado en el edificio porque carecen de empleo y vivienda. El resto de los ocupantes (11 familias, unas 30 personas) no pudieron ser identificadas: optaron por mantenerse en silencio y obviar las llamadas al timbre de los agentes.
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