Una propuesta gamberra

La propuesta de introducir una pena de prisi¨®n perpetua o permanente revisable supone, en primer lugar, reforzar la llamativa excepci¨®n que supone, entre los pa¨ªses de nuestro entorno cultural, el sistema de penas espa?ol. Es sabido que nuestra tasa de encarcelamiento es la m¨¢s alta de toda Europa occidental, y ya supera a unos cuantos pa¨ªses de Europa oriental, siempre m¨¢s proclives a abusar de la pena de prisi¨®n. Esos n¨²meros tan elevados no son producto de una elevada tasa de criminalidad, la cual se mantiene tradicionalmente en los niveles m¨¢s bajos de Europa occidental, a su vez una de las regiones con menos criminalidad del mundo. Es fruto, m¨¢s bien, de una concreta pol¨ªtica criminal que prev¨¦ la pena de prisi¨®n para un excesivo n¨²mero de delitos, y que adem¨¢s impone penas de prisi¨®n muy largas. La estancia media en prisi¨®n en nuestro pa¨ªs no ha cesado de crecer en los ¨²ltimos a?os, y se encuentra entre las m¨¢s altas de toda Europa, muy por encima de Inglaterra, Alemania, Francia o Italia. Esa prisi¨®n en principio perpetua, que para tener sustantividad propia habr¨¢ de superar los 40 a?os ya previstos en el actual C¨®digo Penal, tendr¨ªa un problem¨¢tico encaje en nuestro Estado de derecho. Nuestra Constituci¨®n proh¨ªbe las penas inhumanas, y obliga a que todas las penas de prisi¨®n atiendan a la futura reinserci¨®n social del penado.

Pero esa propuesta admite, adem¨¢s, un an¨¢lisis pol¨ªtico preocupante en dos sentidos. Ante todo, refleja un inquietante desconocimiento de las aut¨¦nticas necesidades existentes, que van justamente en direcci¨®n contraria. Tenemos un sistema de penas anticuado, injusto e ineficiente. Las modificaciones deben ir encaminadas a reducir el desmesurado uso que hacemos de la prisi¨®n y a fomentar el empleo riguroso de otro tipo de penas no carcelarias. Esas penas han de configurarse de modo que, teniendo un adecuado componente aflictivo, no exacerben los efectos de exclusi¨®n social de toda pena. Nada nuevo. La mayor¨ªa de los pa¨ªses de nuestro entorno cultural hace a?os que han llevado a cabo esa reforma. Nosotros, a lo m¨¢s, la hemos realizado solo nominalmente.

Pero es que, adem¨¢s, a nadie se le escapa que este tipo de propuestas est¨¢n descontextualizadas, en cuanto tienen directo origen en sucesos aislados que han generado indignaci¨®n social. Esto es, que son hijas de una pol¨ªtica criminal populista, hecha a partir de la cr¨®nica medi¨¢tica de sucesos y que busca votos en caladeros f¨¢ciles. Dado que en los ¨²ltimos a?os apenas hay alg¨²n partido que haya resistido esa tentaci¨®n, nuestros gobernantes y pol¨ªticos nos deben una explicaci¨®n. Los ciudadanos tenemos derecho a saber si la pol¨ªtica criminal ha dejado de ser una pol¨ªtica p¨²blica m¨¢s, asentada sobre datos reales y sometida a an¨¢lisis de eficacia, o si se ha incorporado al acervo de maleables estrategias a utilizar, de acuerdo a las circunstancias, en la lucha pol¨ªtica inmediata. En suma, si es simplemente lo que en los pasados a?os sesenta se denominaba un instrumento de agitaci¨®n y propaganda pol¨ªticas. Un agitprop. Aunque ya sabemos que para el pensamiento conservador aquellos j¨®venes revoltosos del 68 solo eran unos gamberros.

Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s es catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de M¨¢laga.