La desahuciada estaba ingresada en el hospital

Un amplio dispositivo policial acompa?¨® ayer a la comisi¨®n judicial en su tercer intento por desahuciar a Victoria Sanz, una mujer de 84 a?os con c¨¢ncer, y a su hijo, de 54 a?os y con una discapacidad del 41%, Antonio Quiroja. La mujer viv¨ªa desde 1945 en el piso, que alquila en r¨¦gimen de renta antigua (paga 250 euros), situado en el barrio de Malasa?a y por el que deben 20 cuotas, 5.000 euros, a la inmobiliaria Prado Norte. Seg¨²n Antonio, dejaron de pagar el alquiler para poder contratar ayuda en el hogar cuando empeor¨® el estado de salud de su madre, que apenas puede moverse.

La anciana, que ha pasado la ¨²ltima semana ingresada en el hospital -"por insuficiencia cardiaca y respiratoria", seg¨²n su abogado- no estuvo presente durante el desahucio, pero s¨ª su hijo, que vende cupones de la ONCE en el barrio de Quintana. Ante la imposibilidad de seguir en la vivienda, Antonio ha alquilado un piso con su pareja, y su madre, que casualmente recibi¨® el alta ayer mismo, ha ingresado en una residencia de ancianos.

La mujer recibi¨® ayer mismo el alta y est¨¢ en una residencia de ancianos

En los anteriores intentos por desalojarles -el pasado 19 de julio y el 12 de septiembre-, decenas de simpatizantes del Movimiento 15-M acudieron en su apoyo, logrando paralizar sendos desahucios. En esta tercera ocasi¨®n, sin embargo, los abogados de la familia han decidido no convocar a los indignados. "Sab¨ªamos que esta vez la instrucci¨®n era acometer el desahucio por fuerza mayor y no hemos querido empeorar las cosas", dice el abogado Alberto Mart¨ªn, de la asesor¨ªa Asymeco (abogados de la Uni¨®n de Trabajadores de la ONCE). "Adem¨¢s, estando Victoria ingresada, ten¨ªamos la esperanza de que el juzgado suspendiera el desahucio. No lo han hecho, lo que es un absoluto atropello".

Sanz cobra una pensi¨®n de viudedad de 900 euros. Hace meses, cuando fue alertada del desahucio, se ofreci¨® a pagar lo que debe m¨¢s un a?o de renta por adelantado o a cambiar el contrato de alquiler a uno nuevo, informa su abogado, pero la promotora rechaz¨® su propuesta. En abril, Sanz fue operada de un tumor y no pudo asistir al juicio en el que se decret¨® su desalojo. Por este motivo su abogado ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial pendiente de resoluci¨®n. "Si fallan a su favor, la inmobiliaria tendr¨¢ que pagar los gastos que se generen por haberlos echado del piso", dice.

En julio, los indignados (convocados por la asamblea del barrio de Malasa?a surgida del 15-M) lograron frenar in extremis el desalojo, paralizado "por cuestiones de orden p¨²blico". En septiembre, se volvi¨® a frenar, esta vez por "motivos humanitarios", ya que el Samur social, que tambi¨¦n acudi¨® al desalojo, solo garantizaba para Victoria y su hijo tres d¨ªas de estancia en un albergue.