?Laicismo? Los pol¨ªticos todav¨ªa no se atreven

Altos prelados, encabezados por el arzobispo de Atenas y Primado de Grecia, Jer¨®nimos II, tomaron juramento este s¨¢bado pasado al nuevo Gobierno de Grecia. Es en Europa el ejemplo mayor de maridaje del Estado con una religi¨®n. Espa?a ha avanzado algo en el camino hacia la laicidad, pero persisten parecidos signos de confesionalismo. Ocurri¨® todav¨ªa en la toma de posesi¨®n de los ¨²ltimos ministros del Gobierno Zapatero, Jos¨¦ Blanco (portavoz) y Antonio Camacho (Interior), y de los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves, que cambiaban de rango. Lo hicieron ante un ejemplar de la Constituci¨®n, un crucifijo y una Biblia abierta por el cap¨ªtulo XXX del Pentateuco, el llamado Libro de los N¨²meros.

Los ministros juran el cargo ante la Constituci¨®n, un crucifijo y la Biblia

En cada campa?a surge el debate, aunque esta vez con poco entusiasmo

"Vivimos en un pa¨ªs laico y cada vez seremos m¨¢s laicos", prometi¨® Zapatero

Solo el 34% de los cat¨®licos marc¨® la casilla de fondos para la Iglesia

Cada campa?a electoral resurge el debate de la laicidad, pero esta vez con menos entusiasmo. Es la consecuencia de promesas incumplidas en el pasado. Pese a todo, hay compromisos de reforma concretos, sobre todo por parte del PSOE, IU y Uni¨®n Progreso y Democracia (UPyD). Enfrente, los obispos se muestran convencidos de que no habr¨¢ sorpresas, una vez espantada hace un a?o la amenaza de una ley de Libertad de Conciencia, que Rodr¨ªguez Zapatero ten¨ªa preparada para poner orden en la confusi¨®n entre el Estado y religi¨®n cat¨®lica.

Cada vez hay menos cat¨®licos practicantes en Espa?a. Se vac¨ªan iglesias, se cierran conventos y seminarios y la edad media de los sacerdotes se acerca a los 70 a?os. Seg¨²n las encuestas del CIS entre 2000 y 2010, el porcentaje de espa?oles que se declaran cat¨®licos oscila entre el 74% y el 82%. Pero muchos son de palabra, o por convenci¨®n social. Por eso no hacen caso a la mayor¨ªa de los preceptos del Vaticano, incluida la misa, a la que acude apenas el 13%.

Adem¨¢s, pocos cat¨®licos, sobre todo entre los pol¨ªticos, hacen caso de lo que predican sus jerarqu¨ªas. Pero el poder eclesi¨¢stico no cede. Avanza la secularizaci¨®n de la sociedad (el papa Benedicto XVI cree que Espa?a es ahora el pa¨ªs m¨¢s necesitado de una nueva evangelizaci¨®n), pero retrocede la laicidad.

"Vivimos en un pa¨ªs laico y cada vez seremos m¨¢s laicos", proclam¨® Rodr¨ªguez Zapatero poco antes de llegar a la presidencia del Gobierno. Fue cuando anunci¨® la promulgaci¨®n de una ley de Libertad de Conciencia que garantizase la igualdad entre religiones, sin privilegios. El compromiso parec¨ªa al alcance de la mano cuando, ya en el poder, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, se comprometi¨® incluso a rebajar los multimillonarios subsidios que el Estado aplica cada a?o para el sostenimiento del clero, el culto y las actividades sociales del catolicismo. "El dinero para la Iglesia tendr¨¢ que ir a menos. Los obispos tendr¨¢n que cumplir su compromiso de autofinanciarse. No hay ning¨²n pa¨ªs de Europa donde la Iglesia cat¨®lica est¨¦ mejor tratada que en Espa?a", sostuvo en noviembre de 2005.

Se pens¨® entonces que, si el Gobierno del PSOE se atrev¨ªa a tocar la cartera a los obispos, el camino hacia la laicidad pod¨ªa estar despej¨¢ndose. Vana ilusi¨®n. Dos a?os m¨¢s tarde, el Gobierno Zapatero ced¨ªa a los prelados un privilegio econ¨®mico que los Ejecutivos anteriores, incluso los de derechas, les hab¨ªan negado. Fue en enero de 2007, mediante un simple "canje de notas" entre el ministro de Asuntos Exteriores, entonces Miguel ?ngel Moratinos, y el nuncio (embajador) del Estado vaticano en Madrid, el arzobispo portugu¨¦s Manuel Monteiro.

El nuevo sistema elev¨® el 34% el coeficiente del IRPF que recibe el episcopado por deseo de los fieles que ponen la equis en la casilla correspondiente (hasta el 0,7% de la cuota). Adem¨¢s, daba car¨¢cter "estable" al modelo. El Gobierno libraba as¨ª a la jerarqu¨ªa de una de sus promesas incumplidas: la de autofinanciarse. Ese fue su compromiso cuando firm¨® los acuerdos de 1979, sustitutos del Concordato franquista de 1953. Dice el art¨ªculo dos del acuerdo sobre Asuntos Econ¨®micos: "La Iglesia cat¨®lica declara su prop¨®sito de lograr por s¨ª misma los recursos suficientes para la atenci¨®n de sus necesidades". Mientras tanto, se a?ade, "el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia cat¨®lica en la consecuci¨®n de su adecuado sostenimiento econ¨®mico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa".

Para ello se articul¨® un sistema provisional de "dotaci¨®n" mientras se encontraba (plazo: tres a?os) una f¨®rmula m¨¢s adecuada. A final del citado art¨ªculo se proclamaba: "Ambas partes se pondr¨¢n de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboraci¨®n financiera expresada en los p¨¢rrafos anteriores, por otros campos y formas de colaboraci¨®n econ¨®mica entre la Iglesia cat¨®lica y el Estado".

El Ejecutivo Zapatero tambi¨¦n libr¨® a los obispos en 2007 del bochorno de otro fracaso: el del llamado "impuesto religioso", que estaba dejando al descubierto cada a?o la proverbial taca?er¨ªa del cat¨®lico espa?ol con sus jerarcas. Muerto el dictador Franco, su gran protector, los obispos hab¨ªan asumido en 1979 el final del nacionalcatolicismo de Estado, pero confiaban en que la sociedad, que cre¨ªan cat¨®lica en un 98%, les apoyar¨ªa econ¨®micamente. Por eso asumieron con entusiasmo la idea del impuesto religioso, primero, y la de llegar a autofinanciarse.

Pronto bebieron de un c¨¢liz amargo, cuando vieron que apenas el 34% de los declarantes a Hacienda pon¨ªan la equis en la casilla del IRPF que asigna una peque?a parte del impuesto a los obispos, y eso que ese acto no supone pagar m¨¢s a Hacienda por ser cat¨®lico, como ocurre en otros pa¨ªses. Por el contrario, es cada espa?ol, sea creyente o ateo, ni?o o anciano, cat¨®lico o jud¨ªo, protestante, musulm¨¢n o budista, quien paga a trav¨¦s de Hacienda ese impuesto cat¨®lico. Adem¨¢s, esa asignaci¨®n de Hacienda a la Conferencia Episcopal -249.456.822 euros el a?o pasado- es una m¨ªnima parte de la ingente aportaci¨®n econ¨®mica que diferentes administraciones del Estado hacen a esa confesi¨®n. Los expertos cifran en m¨¢s de 6.000 millones los fondos recibidos por la Iglesia cat¨®lica, liberada adem¨¢s de todos los impuestos excepto el IVA.

?Por qu¨¦ se dej¨® el Gobierno Zapatero torcer el brazo, cancelando sus promesas de caminar hacia la laicidad? El Ejecutivo buscaba espantar las cr¨ªticas de los obispos, que le acusaban de persecuci¨®n de lo religioso y de laicismo beligerante. Pero las cr¨ªticas no cesaron, incluso con manifestaciones de obispos por las calles de Madrid, encabezados por el cardenal Antonio Mar¨ªa Rouco. Benedicto XVI se uni¨® al coro afirmando que el laicismo del Ejecutivo socialista le recordaba las turbulencias de la II Rep¨²blica, de cuyo desenlace sangriento fue c¨®mplice la Iglesia cat¨®lica apoyando desde el principio el criminal golpe de Estado y la larga dictadura del general Franco. Pese a todo, el Gobierno prodig¨® todo tipo de zalamer¨ªas al Pont¨ªfice romano cuando visit¨® en agosto pasado Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

"El Estado laico es imposible en Espa?a. Lo impide la Constituci¨®n., que niega los principios de igualdad y neutralidad en materia religiosa. Lo dificulta todav¨ªa m¨¢s el concordato de 1979 que llena de privilegios a la Iglesia cat¨®lica. Responsabilidad no peque?a en esta imposibilidad le corresponde al PSOE, que durante m¨¢s de 20 a?os en el poder se ha comportado como reh¨¦n de los obispos". Con esta contundencia se pronuncia el te¨®logo cat¨®lico Juan Jos¨¦ Tamayo, director de Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacur¨ªa en la Universidad Carlos III.

De la misma opini¨®n es Dionisio Llamazares, ex director general de Asuntos Religiosos y catedr¨¢tico de Derecho Eclesi¨¢stico del Estado en la Universidad Complutense. Dice: "El ideal de laicidad, en interpretaci¨®n del Constitucional, (separaci¨®n, sin confusi¨®n, de sujetos, actividades y objetivos religiosos y estatales, y neutralidad religiosa e ideol¨®gica del Estado), es inalcanzable mientras sigan vigentes los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede. Por dos razones. Primero, porque contienen disposiciones inconstitucionales -en el nombramiento del Vicario General Castrense la ¨²ltima palabra corresponde al Jefe del Estado; la asignaci¨®n tributaria implica dedicar dinero p¨²blico a fines religiosos y erosiona el principio de igualdad tributaria; se inserta en el curr¨ªculum y en el sistema educativo, ideol¨®gica y religiosamente neutral, la ense?anza confesional cat¨®lica y queda as¨ª comprometida la constitucionalidad del r¨¦gimen de la asignatura y de los profesores-. Y segunda raz¨®n y m¨¢s dif¨ªcil todav¨ªa, porque la internacionalidad de los Acuerdos entra?a la p¨¦rdida de soberan¨ªa legislativa del Estado en la protecci¨®n de derechos fundamentales (igualdad en la libertad de conciencia); es necesario el consentimiento de una organizaci¨®n confesional para su interpretaci¨®n y revisi¨®n, y convierte a la Iglesia en colegisladora o, al menos, con derecho de veto".

Por el contrario, el tambi¨¦n te¨®logo cat¨®lico Josep-Ignasi Saranyana, miembro del Comit¨¦ de Ciencias Hist¨®ricas en el Vaticano, no ve obst¨¢culos en el sistema. Subraya: "Las relaciones Iglesia-Estado se regulan por los acuerdos entre la Santa Sede y Espa?a, de 1976 y 1979. Son acuerdos entre Estados, al m¨¢s alto nivel, que nunca han sido denunciados por el Reino de Espa?a. Solo ha habido vagas e interesadas declaraciones de algunos pol¨ªticos, que no afectan a la sustancia de los acuerdos".

Seg¨²n Josep-Ignasi Saranyana, tambi¨¦n profesor em¨¦rito de Teolog¨ªa en la Universidad de Navarra, es en ese marco de los Acuerdos y en la regulaci¨®n constitucional donde "se inscribe la laicidad del Estado". A?ade: "Esto quiere decir que el Estado espa?ol se declara incompetente en materias religiosas, pero no ignorante de la existencia de esas materias, puesto que la sociedad es naturalmente religiosa. El Estado protege esos intereses religiosos, amparando el principio fundamental de libertad religiosa. Se trata de un derecho civil, reconocido tambi¨¦n por nuestra Constituci¨®n, en su art¨ªculo 16. Solo la salvaguarda del orden p¨²blico puede introducir alguna limitaci¨®n a tal libertad. Por consiguiente, no afecta a la laicidad del Estado que las autoridades participen en ceremonias religiosas, cualquiera que sea esa confesi¨®n, siempre que lo juzguen oportuno, haci¨¦ndose as¨ª copart¨ªcipes de los intereses religiosos de la ciudadan¨ªa espa?ola, que los organiza".

Tampoco cree Saranyana que se necesite reforma alguna. "Los marcos jur¨ªdicos est¨¢n bien establecidos y resultan funcionales. Lo que pedir¨ªa a los pol¨ªticos es que fuesen siempre muy respetuosos con el derecho, que es respaldo seguro de orden, paz social y tranquilidad ciudadana. En los ¨²ltimos a?os ha habido ligereza en las declaraciones de algunos pol¨ªticos, quiz¨¢ por una insuficiente preparaci¨®n jur¨ªdica. Sus planteamientos han estado muy contaminados ideol¨®gicamente, lejos de la demanda social. Todo pol¨ªtico debe conocer muy bien la historia de su pueblo, para no caer en la tentaci¨®n de liderazgos mesi¨¢nicos que a nada conducen", sentencia.

En cambio, el profesor Llamazares sostiene que "son posibles tanto la revisi¨®n, como la interpretaci¨®n acorde con la Constituci¨®n, ambas consensuadas". Todo eso en teor¨ªa, porque, a?ade, "no es probable que la Iglesia renuncie a privilegios de los que disfruta a cambio de nada". Quedar¨ªa la sentencia interpretativa del Constitucional, poco probable. Cabr¨ªa incluso la interpretaci¨®n unilateral del Estado al legislar, y, en ¨²ltima instancia, denunciar los Acuerdos, apoy¨¢ndose en la cl¨¢usula rebus sic stantibus (cambio sustancial de las creencias de la sociedad).

Llamazares concluye: "Siendo realista, no creo que Gobierno alguno afronte ese reto, cuando ninguno ha intentado erradicar las reminiscencias de confesionalidad (s¨ªmbolos religiosos en espacios p¨²blicos y participaci¨®n de poderes o instituciones en ceremonias religiosas) que cobija nuestro ordenamiento y que no gozan del blindaje de los Acuerdos. Estos no son una exigencia constitucional y podr¨ªan sustituirse por Acuerdos de Derecho P¨²blico Interno, unilateralmente modificables (sin comprometer la soberan¨ªa del Parlamento), que garanticen a las confesiones ser escuchadas (informe no vinculante), siempre que una iniciativa legislativa pueda afectar a sus contenidos. Es la opini¨®n p¨²blica quien tiene que tenerlo claro".