El tripartito de Orihuela pone fin al urbanismo salvaje en el t¨¦rmino

Ley de punto final para el urbanismo salvaje en el t¨¦rmino de Orihuela, donde en las ¨²ltimas d¨¦cadas se han llegado a levantar hasta 8.000 casas de manera irregular. El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el tripartito del PSPV, Los Verdes y Centro Liberal Renovador, ha puesto en marcha un plan para regularizar la ingente masa clandestinas edificaciones y, en paralelo, ha aprobado un inflexible y duro protocolo contra los futuros infractores. La iniciativa del Consistorio ha activado a la Asociaci¨®n Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), que ha convocado a los afectados para informarles de sus derechos y cu¨¢l debe ser aportaci¨®n al proceso de regularizaci¨®n.

El PGOU, con 1.200 viviendas ilegales, forz¨® la intervenci¨®n del Consell en Catral

El infractor ser¨¢ multado, se cortar¨¢ el agua y la luz y caso ir¨¢ a la fiscal¨ªa

"El proceso de regularizaci¨®n de las viviendas ya construidas est¨¢ consensuado y aprobado por la Consejer¨ªa de Territorio, y ser¨¢ voluntario", asevera la concejal de Planeamiento y portavoz del equipo de Gobierno, la socialista Antonia Moreno. "El coste del proceso depender¨¢ de situaci¨®n de cada vivienda y de los servicios e infraestructuras que tengan que ejecutarse", a?ade.

Moreno advierte de que esta masiva incorporaci¨®n de casas al ordenamiento urbano del municipio supone, en paralelo, una ley de punto final para el urbanismo salvaje. "A partir de ahora, habr¨¢ tolerancia cero con los nuevos infractores", se?ala. "Nada m¨¢s detectemos una infracci¨®n urban¨ªstica se abrir¨¢ el correspondiente expediente, que adem¨¢s de la sanci¨®n, incluir¨¢ como primer imperativo restituir la legalidad urban¨ªstica", a?ade.

Las multas previstas en el nuevo protocolo municipal contra el urbanismo clandestino oscilar¨¢n entre los 600 y 3.000 euros. La edil socialista asegura que, adem¨¢s, se trasladar¨¢ el expediente a la fiscal¨ªa y se cortar¨¢n los servicios b¨¢sicos, como luz, tel¨¦fono o agua.

Moreno apunta que, al margen de este duro protocolo, el nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) del municipio, en la actualidad en fase de redacci¨®n, ser¨¢ otro factor disuasorio contra las edificaciones ilegales, "habr¨¢ m¨¢s suelo urbanizable disponible y los ciudadanos tendr¨¢n que respetarlo".

La edificaci¨®n ilegal en plena huerta no es un caso exclusivo que ata?e al t¨¦rmino de Orihuela, sino que ha sido un fen¨®meno que se ha reproducido en la pr¨¢ctica totalidad de los 27 municipios de La Vega Baja, con las localidades de Catral y San Miguel de Salinas como punta de lanza. En el primer caso, la proliferaci¨®n de hasta 1.200 casas ilegales llev¨® al Consell a intervenir el PGOU de esa peque?a localidad en octubre de 2006.

Seg¨²n estimaciones de la AECU, en los 27 municipios de La Vega Baja entre un 5% y 15% de las casas son ilegales, "la mayor¨ªa en suelo r¨²stico sin cumplir los requisitos de la Ley del Suelo No Urbanizable, y otras muchas en pleno casco urbano", precisa Honorio Fern¨¢ndez, presidente de la entidad.

Fern¨¢ndez se muestra conforme con la iniciativa del Ayuntamiento de Orihuela, pero insta al Consistorio a escuchar a los afectados. "Felizmente hay en Orihuela un nuevo Gobierno municipal menos amigo de los especuladores y m¨¢s cercano a los ciudadanos. Pero antes de de decidir deber¨ªa o¨ªr sus propuestas, escucharles y negociar", argumenta Fern¨¢ndez.

AECU ha solicitado al Ayuntamiento de Orihuela el sal¨®n actos del Ayuntamiento para celebrar una reuni¨®n con propietarios de casas afectados por el proceso de regularizaci¨®n.

"Todav¨ªa no hemos tenido confirmaci¨®n a nuestra petici¨®n", asegura Fern¨¢ndez. AECU ha convocado estos actos en otros Ayuntamientos de la comarca, entre ellos, San Miguel de Salinas, con el objetivo de informar a los compradores de casas ilegales de sus derechos.