El fiscal saca del banquillo del 'caso Troya' a 18 de los 20 acusados

El caso Troya contra la corrupci¨®n urban¨ªstica en el Ayuntamiento de Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga) se ha desmoronado dos meses despu¨¦s de iniciarse el juicio al retirar el fiscal la acusaci¨®n contra 18 de las 20 enjuiciados. El presidente del Tribunal les comunic¨® ayer que hab¨ªan quedado "libres y absueltos". S¨®lo contin¨²an sentados en el banquillo el alcalde Juan Mart¨ªn Ser¨®n y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, para los que se han rebajado considerablemente las peticiones de pena. Han pasado de enfrentarse a condenas de cuatro y siete a?os de prisi¨®n respectivamente, a tener que pagar una multa de dos millones de euros, en el peor de los casos.

El fiscal Juan Calvo Rubio ha dado este paso despu¨¦s de estudiar todas las pruebas presentadas en el juicio, que arranc¨® el 22 de septiembre. En su escrito de conclusiones definitivas no habla de los motivos por los que ha dejado de acusar a los dos asesores jur¨ªdicos y 16 empresarios para los que antes reclamaba penas de prisi¨®n. Se centra en los dos ¨²nicos acusados a los que coloca al frente de una trama que funcion¨® en el Ayuntamiento de Alhaur¨ªn el Grande entre 2002 y 2006 y con la que el fiscal considera que pretend¨ªan enriquecerse de forma il¨ªcita. Seg¨²n su relato, exig¨ªan a los empresarios la entrega de dinero a cambio de un "pretendido exceso de edificabilidad" que no ha podido acreditarse durante el juicio, por lo que, a su juicio, no se puede decir que esos permisos fueran injustos o ilegales.

El Ministerio P¨²blico no cree demostrado que los permisos fueran ilegales

El alcalde y su concejal de Urbanismo ya no est¨¢n acusados de prevaricaci¨®n, pero s¨ª de 13 sobornos. La documentaci¨®n incautada en el despacho de Gregorio Guerra ha permitido acreditar el pago de 211.900 euros por cuatro permisos urban¨ªsticos y de la solicitud de 571.105 euros por otros nueve tr¨¢mites urban¨ªsticos.

El fiscal ha pedido que se les aplique un delito de cohecho continuado con las penas vigentes en el momento en el que fueron investigados, ya que resultan "m¨¢s beneficiosas". Ambos se enfrentan a una multa de dos millones de euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un a?o de prisi¨®n, y suspensi¨®n de empleo o cargo p¨²blico por tres a?os y nueve meses.

La fiscal¨ªa sostiene que el edil de Urbanismo se encargaba directamente, "pero siempre bajo supervisi¨®n y direcci¨®n del alcalde", de negociar las nuevas condiciones urban¨ªsticas a aplicar en los proyectos de obra y las contrapartidas que ten¨ªan que abonar los empresarios. Guerra llevaba personalmente la contabilidad. Esas anotaciones manuscritas y los archivos inform¨¢ticos en los que aparec¨ªan reflejados los pagos fueron intervenidos en el despacho del concejal.

De ellas, los investigadores han podido determinar que hab¨ªan tasado el precio por el incremento de edificabilidad que consideraban que se produc¨ªa. As¨ª, los empresarios trataban de evitar "problemas de retrasos" en sus concesiones.

El fiscal considera que en el Ayuntamiento exist¨ªa una confusi¨®n en cuanto a la normativa aplicable y que ese clima era propicio para reclamar las cantidades de dinero para la concesi¨®n de licencias.

El pr¨®ximo 16 de diciembre continuar¨¢ el juicio con los informes finales del fiscal y de las dos defensas, que solicitan la absoluci¨®n de los enjuiciados.