El Valedor do Pobo estudiar¨¢ la legalidad del bloqueo de la tarjeta sanitaria

La Orden de la Xunta que ha provocado la pol¨¦mica con la tarjeta sanitaria que, seg¨²n diversas denuncias, merma la cobertura asistencial a los parados de larga duraci¨®n, puede ser inconstitucional. La Asociaci¨®n Galega para la Defensa da Sanidade P¨²blica ha recurrido al Valedor do Pobo para denunciar la modificaci¨®n de ese procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria por parte de las personas sin recursos econ¨®micos suficientes y de los parados de larga duraci¨®n.

El portavoz de la asociaci¨®n, Manuel Mart¨ªn, sostiene que con el recurso ante el Valedor el colectivo demanda el estudio de la posible incompatibilidad de la Orden modificada el pasado 5 de septiembre por la Xunta con la Ley General de la Sanidad, de 1986, y con el Real Decreto Legislativo de 1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, informa Europa Press.

Mart¨ªn comunic¨® ayer que el colectivo ciudadano ha solicita do al alto comisionado que, en el caso de que se confirme la incompatibilidad mencionada, "promueva un recurso de inconstitucionalidad" de la nueva norma de la Xunta ante el Tribunal Constitucional y que inste a la Conseller¨ªa de Sanidade a la "paralizaci¨®n de la aplicaci¨®n del art¨ªculo 3.A.4" de la orden que ha provocado las denuncias de diversos usuarios.

La Asociaci¨®n para a Defensa da Sanidade P¨²blica ha exigido adem¨¢s al Gobierno gallego la retirada del punto relativo a la necesidad de que "los emigrantes deban esperar seis meses tras empadronarse para poder recibir asistencia" sanitaria, toda vez que estos tambi¨¦n "pagan los impuestos indirectos que financian la sanidad".

La denuncia del colectivo ciudadano ante el Valedor do Pobo se produce tras dos semanas de denuncias de los usuarios y del cambio de versi¨®n sobre las consecuencias de la norma por parte de la Conseller¨ªa de Sanidade zanjado el viernes con el reconocimiento del presidente de la Xunta de la"descoordinaci¨®n entre el Sergas y la Administraci¨®n central".